CREVILLENT (EFE). La Fiscalía Anticorrupción de Alicante pide cinco años y diez meses de prisión para el exalcalde de Crevillent (Alicante) César Augusto Asencio por su presunta participación en la adjudicación irregular de contratos municipales al hijo de un funcionario del consistorio que presidía.
El ministerio público también solicita penas de cárcel para otros dos funcionarios y tres concejales, todos ellos del PP, a los que considera autores o cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios municipales.
Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, los hechos sucedieron entre 2004 y 2018. En todo este tiempo, las diferentes administraciones que encabezó Asencio efectuaron “cuantas actuaciones fueron necesarias” para hacer posible que el servicio de Conserjes y Personal de Mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales “fuera adjudicado a favor del hijo del coordinador de Deportes” del consistorio crevillentino, “bien como empresario particular”, bien a través de una mercantil “de la que era administrador”.
Los presuntos amaños, de los que el alcalde era conocedor y en el que participaron funcionarios y ediles, según el fiscal Pablo Romero, consolidaron “una situación de predominio” que hizo imposible que cualquier otra mercantil o empresario accediera “en condiciones de igualdad a las licitaciones”.
El fiscal ha señalado también que el coordinador de Deportes “no realizó la comprobación real de los servicios ni de los horarios” estipulados en los contratos que prestaba la empresa de su hijo. Así mismo, el funcionario señalado por Anticorrupción llegó a avalar personalmente un contrato de 24.000 euros con su familiar como destinatario, ha explicado el fiscal.
Ante estas irregularidades, en su escrito de petición de apertura de juicio oral, remitido al juzgado de instrucción número 4 de Elche, la Fiscalía solicita un total de cinco años y diez meses de prisión para Asencio, como autor de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, así como una sanción económica como cooperador necesario en un delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. La misma petición la amplía a dos de los exconcejales que estuvieron a las órdenes del alcalde.
Para el funcionario que orquestó la presunta trama irregular y su hijo, el beneficiario del amaño, el fiscal solicita siete años y nueve meses de prisión, el primero en calidad de autor de los tres delitos ya mencionados que se le imputan y el segundo, como cooperador necesario. Finalmente, los otros cinco presuntos implicados se enfrentan a dos años y ocho meses de cárcel.
Por último, el fiscal reclama que los cinco principales acusados, el alcalde, los dos ediles, el funcionario de Deportes y su hijo, indemnicen al ayuntamiento que en la actualidad preside José Manuel Penalva (Compromís) con 53.365,46 euros que, a juicio del fiscal, fueron aplicados a usos ajenos a la función pública.