ALTEA. El Ayuntamiento de Altea vuelve a recurrir a una empresa externa para reforzar su departamento de Intervención. En esta ocasión, ha adjudicado a la mercantil murciana Seiquer Auditores y Consultores SLP el contrato para el control financiero a entidades locales. Será para dos años –con posibilidad de otros dos– y por un importe de 3.990 euros anuales (4.827,90 euros con IVA), de los 7.000 euros previstos de presupuesto inicial. A la licitación se presentaron cuatro empresas más, que obtuvieron una puntuación menor: BM Neira Auditores SLP, Auditing Firm SLP, GNC Assurance - Advisory SL, y Global & Local Audit SL.
En concreto, el pliego de condiciones del contrato señala que se encargará de las auditorias para el control financiero de la Pública de Desarrollo Municipal, mercantil dependiente del Consistorio que se encarga de diferentes servicios como la limpieza viaria, recogida de basuras, brigada de obras, mantenimiento de jardines públicos, de playas o de edificios y pintura vial.
De este modo, se encargará de velar por la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas que les sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. Además, esto les servirá para mejorar la gestión contable y financiera, "garantizar la transparencia" de la gestión de estos entes, al tiempo que permitirá la correcta obtención de las subvenciones y su ejecución. Así, confirman que será "una ayuda" para Intervención.
Como se decía, este contrato se centra en la Pública, dependiente del Ayuntamiento de Altea que en 2020 manejó un importe neto de negocios que llegó a los 4,99 millones de euros, mientras que el activo se queda en 3,28 millones de euros. Dado que sus servicios son amplios, cuenta con 205 trabajadores.
Tal y como figura en la documentación, la empresa pública tiene la obligación de presentar una auditoría de cuentas, que quedaría exenta del contrato. Eso sí, se encargará de la auditoría de cumplimiento que se ocupa de verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se desarrollan conforme a lo dictado. Y de la auditoría operativa que vigila los procedimientos de su actividad y concluye con una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a la buena gestión. Esto posibilita que detecte deficiencias y apunte recomendaciones para su corrección.
Como ha venido contando este diario, el Ayuntamiento de Altea no es la primera vez que recurre a estos contratos para complementar las funciones del interventor en funciones. En 2019 acudió a la licitación para complementar las labores de fiscalización la Intervención municipal reconociendo en aquel momento que no tenían los medios humanos suficientes para hacer frente a esta labor.
Lo mismo ocurrió al año siguiente, cuando sacó a licitación cuatro lotes para el control de distintas áreas del departamento. El primero servía para los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas. El segundo para concesionarios públicos, el tercero para fiscalización limitada de gastos y el cuarto para vigilar el procedimiento de fiscalización previa de derechos e ingresos. Como curiosidad, cabe apuntar que para el primer lote también se presentó la mercantil murciana, pero no fue la adjudicataria del servicio.
