ALICANTE. Nuevo blindaje institucional para garantizar la protección de edificios provistos de valor histórico, arquitectónico y patrimonial en Alicante. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), pretende promover un nuevo acuerdo de suspensión en la tramitación y el otorgamiento de las licencias de demolición por dos años de duración máxima que se extendería sobre cerca de un millar de inmuebles todavía desprovistos de protección. Se trata de un acuerdo similar al que se adoptó tras la formación del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en 2015, con el que se congelará la concesión de permisos para llevar a cabo intervenciones de calado en aquellos edificios que ahora todavía se encuentran en trámite de catalogación, a la espera de que la Generalitat conceda su visto bueno al catálogo de protecciones aprobado por el pleno de la corporación en septiembre de 2020.
La iniciativa, que se someterá a votación en comisión de Urbanismo este miércoles antes de elevarse al pleno de junio, se promueve justo en el momento en el que ha resultado posible -una vez transcurridos cinco años desde que venció la suspensión precedente-, con la expectativa de que el catálogo municipal pueda entrar en vigor en toda su plenitud en ese horizonte temporal máximo de dos años. Por el momento, ese documento sigue en fase de revisión para introducir las modificaciones requeridas en el informe sectorial remitido por la Conselleria de Cultura en julio de 2021, sin que se haya emitido la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica que debe evacuar la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas, tras recopilar todos los informes sectoriales de los organismos competentes.
Cultura rechaza el catálogo urbanístico de Alicante e insta a ampliar la protección de edificios
El millar de inmuebles que se pretende preservar con la medida son los que quedan incluidos en el catálogo de protecciones como bienes de conservación general integral, parcial, ambiental o tipológica para los que todavía no rigen de manera estricta esas condiciones de conservación, que en ningún caso conllevan la prohibición de realización de obras, sino la obligación de respetar los elementos que se delimiten en cada ficha durante su realización. Eso sí, en el caso de que se plantease una posible intervención sobre ese millar de inmuebles antes de que pueda aplicarse la suspensión de licencias que se promueve ahora, la concesión del permiso tendría que pasar necesariamente por el filtro de la autorización de la Conselleria de Cultura al encontrarse en trámite de catalogación y haberse manifestado el interés público por procurar su conservación.
La medida no afecta, por lo tanto, ni a los Bienes de Interés Cultural (BIC), ni a los considerados como Bienes de Relevancia Local (BRL) en ese mismo catálogo, puesto que ya se encuentran preservados en base a esa misma consideración. Eso sí, en esa relación de inmuebles englobados en la suspensión de licencias sí figurarían algunos edificios emblemáticos de la ciudad, como el Asilo de Benalúa (propiedad del Obispado de Orihuela), la Casa de las Brujas (sede de la Delegación del Consell en Alicante), la antigua estación de Benalúa (hoy sede de Casa Mediterráneo), la Casa de Socorro, la Casa Alberola, el edificio de Correos de la Plaza de Gabriel Miró, el Instituto Sismológico, el IES Jorge Juan y sus escaleras, la sede del Banco de España, la Torre Provincial, la Lonja del Pescado o la sede de la Universidad de Alicante (UA) de Ramón y Cajal, por citar solo algunos de los más reconocidos.
¿Qué alcance tendría esa suspensión de permisos, en el caso de que acabe aprobándose, como parece plausible? En principio, conllevará el bloqueo en la concesión de licencias de demolición para ese millar de inmuebles, así como la paralización de las licencias de obra que conlleven actuaciones que afecten a algunos de sus componentes o elementos individual y específicamente protegidos.
Además, esa suspensión también se extenderá sobre las licencias de demolición de los edificios incluidos en los entornos de protección de la Casa Soto o Martínez y del Teatro Principal, delimitados en el Plan Especial de Protección y Conservación del Centro Tradicional, en respuesta al requerimiento de subsanación específico formulado por la Conselleria de Cultura en su informe sobre el catálogo, en el que se conminaba a delimitar sus respectivos entornos de protección.
Eso sí, la suspensión no afecta a las órdenes de ejecución que emanen del propio Ayuntamiento con el fin de ordenar actuaciones de conservación y mantenimiento para procurar estabilidad y seguridad de los edificios, por lo que sus respectivos propietarios quedarán expuestos a la imposición de multas coercitivas en el caso de que no se atiendan dichos requerimientos.