ALTEA.- La mercantil Residencial Finca Pons, S.L., a través de su representación legal, ha interpuesto una queja formal ante el Síndic de Greuges contra el Ayuntamiento de Altea por inactividad administrativa y falta de resolución expresa, tras el incumplimiento reiterado de los plazos legales en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El conflicto tiene su origen en una solicitud de información registrada el pasado 15 de mayo de 2026. En ella, la empresa propietaria de terrenos en el Sector 6 SUNP Marymontaña II del Plan General, requirió una copia íntegra del acuerdo municipal de 8 de noviembre de 2002. Dicho documento es clave, ya que reguló la capitalización del 10% del aprovechamiento urbanístico atribuido a la Administración local en este desarrollo, así como toda la documentación técnica, jurídica y contable derivada de dicha operación.
A pesar de que la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece un plazo máximo improrrogable de un mes para que la Administración resuelva y notifique, según manifiesta la mercantil, “el Ayuntamiento de Altea ha mantenido un absoluto mutismo”. Meses después del requerimiento oficial, la parte afectada sigue sin recibir respuesta, lo que constituye una situación de silencio administrativo negativo y vulnera directamente el deber de resolución establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
“La falta de entrega de los informes técnicos, jurídicos y documentos contables solicitados impide fiscalizar la legalidad de la gestión de los aprovechamientos urbanísticos del sector, generando una indefensión material proscrita por la Constitución Española”, manifiestan desde Residencial Finca Pons.
Residencial Finca Pons manifiesta que “La documentación requerida es de indudable relevancia pública, ya que versa sobre la gestión del patrimonio público de suelo y la posible monetización de bienes que pertenecen a la ciudadanía del municipio. La permanente negativa de facto del consistorio a facilitar estos expedientes no solo vulnera el derecho a la información de los propietarios afectados, avalado por el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sino que contraviene los principios elementales de buena administración, eficacia y celeridad que deben regir la actuación de cualquier entidad pública”.
Ante la flagrante inactividad material, según manifiesta la mercantil, “la representación de Residencial Finca Pons ha formalizado esta queja ante el Síndic de Greuges como un paso previo en su exigencia de transparencia, reservándose el derecho a emprender cuantas acciones legales procedan para la tutela efectiva del derecho de acceso y la eventual exigencia de responsabilidades a la corporación local”.
