ALICANTE. La exigencia del cumplimiento de plazos apremia al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), a convocar un pleno extraordinario a solo un día de que finalice 2024 con el propósito de abordar la ratificación de dos de las ordenanzas a las que se ha dado trámite en el último trimestre. Se trata de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos y de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Y lo cierto es que el PP, que gobierna en situación de minoría con 14 concejales en un corporación de 29 ediles, se la juega al menos en lo que concierne a la ordenanza que regula el importe de los recibos de la basura.

Esa ordenanza -que en algunos casos llega a cuadruplicar el importe de los recibos actuales- quedó aprobada de forma inicial en un pleno extraordinario celebrado el pasado 5 de noviembre gracias al voto de calidad del alcalde, Luis Barcala, que permitió deshacer el empate a 14 votos a favor de los regidores del PP y los 14 votos en contra de los ediles de las cuatro formaciones que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Fue la inasistencia del portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá (ausente por el nacimiento de su segundo hijo) la que propició ese balance numérico que, a la postre, benefició a los populares. 

No obstante, esa situación no debería reproducirse el próximo 30 de diciembre. De hecho, Ortolá volverá a estar presente en el pleno ordinario de este mes, este jueves, tras haber cubierto su baja por paternidad, con lo que -salvo que se registra alguna otra ausencia- no debería producirse un nuevo empate en la votación sobre la ratificación de la subida de los recibos. Por lo pronto, los representantes de los cuatro grupos opositores certificaron este martes que su posición no ha cambiado respecto a la que manifestaron hace un mes. O lo que es lo mismo: los cuatro grupos políticos volverán a votar en contra de la tasa al considerar que grava a las rentas bajas (según la posición que defienden los grupos del eje progresista) o que responde al fundamentalismo climático (según sostiene Vox). Con esos 15 teóricos noes, la propuesta no quedaría aprobada. 

Ahora bien, lo cierto es que no se trata de una cuestión tan directa. La propuesta que se elevará a pleno será la resolución de las alegaciones presentadas a la ordenanza fiscal durante su plazo de exposición al público. Ese plazo se cierra este mismo jueves, día 19. Después, se convocará una comisión de Hacienda para admitirlas o rechazarlas. Así que, en el pleno, solo se votará si se incorporan o se rechazan. 

Dicho de otro modo: si no se plantea la incorporación de ninguna de esas alegaciones, y el texto de la ordenanza reguladora permanece invariable, quedaría ratificado de forma íntegra sin necesidad de someterlo a una nueva votación, según apuntaron fuentes municipales consultadas. La consecuencia: la ordenanza fiscal quedaría aprobada de forma automática y la subida de los recibos de la basura podría entrar en vigor en 2025. Cuestión distinta es que sí se apruebe incorporar alguna alegación y que el texto de la ordenanza se modifique. En ese supuesto, sí entraría en juego una nueva votación que se decantaría por mayoría. Así que todo dependerá de la admisión de las alegaciones que puedan haberse registrado.

Zona de Bajas Emisiones

A priori, el equipo de gobierno no debería enfrentarse a tanta dificultad para dar validez a la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Los populares deberían contar con mayoría absoluta garantizada con la suma de los cuatro representantes de Vox con los que se concertó su elaboración. La ordenanza de la ZBE fue, de hecho, el pilar del acuerdo presupuestario alcanzado en enero de este año, cuando se pactó que ese sistema de control y monitorización del tráfico para reducir emisiones contaminantes vinculadas al tránsito rodado no incluiría nuevas limitaciones ni sanciones al margen de las que ya rigen en el Casco Antiguo.

Así, todo parece indicar que las dos formaciones mantendrán esa alianza a la hora de admitir o rechazar las alegaciones presentadas tras su aprobación inicial, lo que procurará que la ordenanza y el funcionamiento de todo el sistema estén operativos con el arranque del próximo año.