ALICANTE. Alicante gana tiempo para regular el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que debe implantar todo municipio de más de 50.000 habitantes, como establece la normativa europea traspuesta a España. Así lo ha concretado, cuando menos, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, este jueves, en el transcurso ordinario del pleno de diciembre, al señalar que se ha logrado la concesión de una prórroga hasta diciembre de 2024 para la finalización de las obras de reurbanización y calmado de tráfico contempladas en esa ZBE, por lo que se cuenta todavía con margen para aprobar la ordenanza reguladora en la que se establecerá el régimen a aplicar para organizar los desplazamientos de vehículos en torno a los dos anillos previstos en ese proyecto: uno sobre el eje de la Gran Vía y otro en el perímetro del Centro.
Así lo ha defendido Villar en respuesta a una pregunta formulada por el edil del PSOE, Raúl Ruiz, quien había instado al equipo de gobierno a precisar "qué seguimiento de partículas" se ha utilizado para definir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y cuándo se prevé activar su funcionamiento. Además, también había cuestionado sobre qué tipo de sanciones se prevé acordar en el caso de que se registren incumplimientos. En esta línea, Ruiz había señalado que hasta ahora no se ha instalado ninguna estación de medición en el casco urbano y había lamentado que las obras de reurbanización desplegadas hasta ahora se han limitado a reducir el espacio de circulación de vehículos sin incluir ninguna medida para minimizar el número de vehículos en circulación.
El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha señalado en su intervención, que los criterios utilizados fueron los recogidos en el proyecto avalado por el Ministerio de Transición Ecológica, en el que se detallaba que se tendría en cuenta las mediciones captadas en 2023. Además, ha rectificado a Ruiz al asegurar que en Alicante ya existen dos estaciones de medición, así como una red de sensores que está en funcionamiento desde el mes de octubre. Por último, ha señalado que se ha obtenido una prórroga para la finalización de las obras incluidas en la ZBE hasta diciembre de 2024, por lo que existiría todavía un margen de un año para activar la ordenanza reguladora de esa ZBE.
Por lo pronto, hasta el momento, sigue pendiente de conclusión los proyectos de reurbanización y calmado del tráfico en el eje comprendido entre General Marvá y la avenida de Doctor Gadea, así como la tercera fase de la reurbanización de La Explanada, aunque en todas esas actuaciones se ha procedido a la reapertura parcial de distintos tramos, lo que permite la circulación de vehículos y de peatones, en el caso del paseo de La Explanada, en su entronque con la avenida de La Rambla. Todo, después de la finalización de las obras de remodelación del Paseo de los Mártires de la Libertad, con reapertura a la circulación el pasado septiembre.
Atención telefónica de la Policía y limpieza de escombreras
Entre el resto de ruegos y preguntas planteadas en el desarrollo de la sesión, el edil del grupo municipal del PSOE, Miguel Castelló, ha reivindicado el uso de las dos lenguas cooficiales, castellano y valenciano, en la rotulación instalada en los edificios públicos municipales, con motivo de los mensajes de felicitación navideña instalados en la actualidad. La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha respondido que en toda la ciudad ya existen distintos mensajes de felicitación distribuidos en distintos puntos en los que e incluyen rótulos tanto en castellano como en valenciano. Además, ha señalado que el Consell del Botànic no ha cumplido ese compromiso en los ocho años en los que estuvo gobernando en la Generalitat.
El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha elevado otro ruego para solicitar que se externalice el servicio de atención telefónica de la Policía Local para agilizar la respuesta ante las llamadas de los ciudadanos. Al respecto, ha señalado que existe falta de disponibilidad de personal para atender ese servicio, lo que supone un retraso de hasta 40 minutos para solicitar asistencia de la Policía en servicios que no son de emergencia. Por ello, ha considerado necesario "ganar eficacia" en esa atención con un proceso de externalización o de automatización para que los agentes puedan dedicarse a otras funciones específicas. El edil de Seguridad, Julio Calero, ha respondido que "ya se está trabajando en este tema para resolver la situación". "Ya hemos mantenido reuniones para concretar una solución", ya que, según ha concretado, "es cierto que es preferible que los agentes estén en otros servicios". Así, ha anticipado que se prevé abordar ese proceso de externalización.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, también ha planteado un segundo ruego por el que ha reclamado la puesta en marcha de un plan específico de limpieza de las escombreras ilegales existentes en la ciudad, al considerar insuficiente el ecoparque situado en la partida de Agua Amarga, así como la nueva instalación prevista para dar servicio a la Zona Norte. En esta línea, ha incidido en las escombreras ilegales generadas en Rabasa, en el entorno de Santa Faz, en terrenos ubicados frente a los barrios de Juan Pablo II y La Torreta o en las partidas rurales. Además, ha incidido en que en esas escombreras se depositan materiales contaminantes como el amianto.
En su respuesta, el edil de Limpieza, Manuel Villar, ha defendido que se debe diferenciar entre propiedades privadas y solares públicos, "en los que se actúa con rapidez", a diferencia de lo que sucede con los solares privados, en los que se debe iniciar un procedimiento especial para forzar a su retirada. En todo caso, ha señalado que, desde la Mancomunidad de l'Alacantí, se está trazando un plan para evitar la proliferación de escombreras en el conjunto de municipios, toda vez que en el momento en el que se incrementa la presión en Alicante, se traslada el problema a otra población. Por último, ha señalado que se está trabajando con la empresa concesionaria del servicio de limpieza, UTE Netial, para destinar un equipo de trabajo concreto a la retirada de esos escombros.
