ALICANTE. La alicantina es la segunda provincia de España con más anuncios de viviendas de uso turístico (VUT) disponibles en plataformas como Airbnb, pero el 56,8% de estas viviendas no reporta el número de licencia turística en sus anuncios, según un estudio elaborado por la empresa Mabrian, especializada en análisis de datos turísticos, citado por Hosteltur y analizado por este medio. Solo el 43,2% de la oferta en la provincia informa de manera visible su número de licencia, lo que sitúa a Alicante entre las provincias con menor proporción de cumplimiento en este aspecto.

El informe de Mabrian, basado en inteligencia artificial (IA) y análisis de Big Data, revela que, a nivel nacional, el 62% de las viviendas turísticas anuncia una licencia de actividad, mientras que el 38% restante no lo hace. Esta métrica no implica necesariamente que todas las viviendas sin número visible carezcan de licencia, pero representa un indicador útil para las administraciones públicas sobre el volumen potencial de oferta no regulada.

En el caso de Alicante, el porcentaje de viviendas sin licencia visible (56,8%) supera significativamente la media nacional. Esto contrasta con provincias como las andaluzas y las catalanas, donde el 96,3% de las viviendas turísticas reporta licencias en los anuncios, según el mismo estudio. En Baleares, por ejemplo, el 67,8% de los anuncios incluyen la licencia correspondiente, mientras que en la Comunidad de Madrid el 86,5% de los anuncios no indican ninguna licencia asociada.

El informe destaca que estas diferencias responden en buena parte a las políticas y capacidades de fiscalización de las administraciones autonómicas y municipales. Según Carlos Cendra, director de marketing de Mabrian, "las licencias de actividad para las VUT en España dependen de las administraciones autonómicas y municipales, y la diversidad de requisitos obligatorios varía mucho entre autonomías, incluyendo la obligación de publicitar las licencias turísticas en los anuncios que se crean en las plataformas online de alquiler turístico".

La capacidad para fiscalizar estos anuncios y controlar su cumplimiento también varía entre territorios. Algunas zonas, como Ibiza o Menorca, han comenzado a identificar las viviendas que no reportan licencia y cruzar estos datos con los registros oficiales para detectar irregularidades.

En el ámbito nacional, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas que incumplían diversas normativas, incluyendo la falta de número de licencia. Esta actuación se enmarca en un esfuerzo por aumentar el control sobre el crecimiento del alquiler turístico y su impacto en las ciudades y regiones más turísticas del país.

Se argumentan tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se han detectado en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas.

En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.

Asimismo, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que "puede inducir a error o a engaño" a los consumidores.

En base a esta cuestión, el ministro Pablo Bustinduy ha manifestado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes "para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos", así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.

La provincia de Alicante, uno de los destinos turísticos más importantes del litoral mediterráneo, se enfrenta así a un desafío regulatorio importante. La elevada proporción de anuncios sin licencia visible puede dificultar la labor de control por parte de las autoridades locales y plantea interrogantes sobre el grado de cumplimiento de la normativa vigente por parte de los propietarios.

Según Mabrian, el tipo de propietario —si es particular, pequeño tenedor o gran tenedor— no parece tener una relación directa con el hecho de reportar o no una licencia en el anuncio. "Esto sugiere que es más bien la capacidad regulatoria y fiscalizadora lo que fuerza a la oferta a cumplir con la legalidad", indica el estudio.

El informe ofrece a las administraciones una herramienta útil para orientar su estrategia de control y regulación del mercado de alquiler turístico. En el caso de Alicante, los datos señalan la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para asegurar un mayor grado de transparencia y legalidad en el sector.