SAN FULGENCIO. Como se anunciara, segundo intento para cambiar el color político del Ayuntamiento de San Fulgencio. El PSOE, con seis regidores, y el  el concejal no adscrito Alein Vandenbergen, han vuelto a presentar la moción de censura para desalojar del poder local al Partido Popular, con cinco concejales, y un equipo encabezado por José María Ballester. Lo hacen después de que el primer intento no presparara ni siquiera el debate por que la mesa de edad del peno, compuesta por dos ediles del PP, aportara un informe y no permitira su debate, lo que desembocó en la suspensión del pleno.

Los ediles firmantes —José Sampere Ballester, Francisco Manuel Molero Ortiz, Samantha Jayne Hull, Ana María Villena Gómez, Darren Parmenter, Alfredo Villanueva Cámara y Alain Franz Vandenbergen— acusan al alcalde de obstaculizar de forma sistemática las propuestas de la oposición, especialmente las del grupo socialista, así como de vulnerar derechos democráticos durante las sesiones plenarias.

Entre los hechos denunciados destacan la expulsión arbitraria de concejales, la retirada injustificada de la palabra en debates, y la falta de respeto institucional. Además, critican que el alcalde impidió la votación de una moción de censura anterior el pasado 18 de junio, acción que los firmantes califican de ilegal y por la cual han iniciado procedimientos judiciales.

También se destaca la renuncia del concejal Alain Franz Vandenbergen a su anterior grupo político, en desacuerdo con la gestión del actual equipo de gobierno, y su adhesión a la iniciativa de censura.

Los impulsores proponen como nuevo alcalde al socialista José Sampere Ballester -que fue alcalde en el anterior mandato-, cuya aceptación figura en el documento adjunto. Solicitan la convocatoria de un pleno extraordinario para el debate y votación de la moción, en conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La moción denuncia además que el alcalde y su entorno político estarían intentando bloquear esta iniciativa alegando que ya se había presentado una previamente, algo que los proponentes niegan por no haberse debatido ni votado oficialmente. Con esta acción, los firmantes aseguran buscar la normalización de la vida política en el municipio y el restablecimiento de la legalidad y el respeto institucional.