Hablemos de sanidad, educación y de servicios sociales. Hablemos de necesidades básicas de los ciudadanos que cubren las Comunidades Autónomas y que se pagan con el dinero del llamado Sistema de Financiación Autonómica. Hablemos de que unas CCAA tienen dinero suficiente para atender a sus ciudadanos y a otras no les llega porque el sistema está mal hecho, por lo que se tienen que endeudar para intentar que la educación y la atención a los enfermos y a los mayores no sea peor que en otro sitios donde sí llega el dinero.

Hablemos de que esas comunidades infrafinanciadas se gastan casi todo su presupuesto en gasto social y apenas tienen para políticas de desarrollo económico, políticas públicas que aceleran el crecimiento de un territorio. Hablemos, una vez más, de la Comunitat Valenciana, una de las que más padece este maltrato institucionalizado. Lo sufre desde 2002, cuando se aprobó un modelo de financiación que luego se reformó en 2009 –el actual– sin que saliera del furgón de cola. Y como la inversión pública influye en el crecimiento de la economía, resulta que hace 23 años los valencianos éramos los octavos en renta per cápita en España y ahora somos los duodécimos. Nos han adelantado cuatro CCAA que casualmente están entre las mejor financiadas. Habrá otros factores, en el PIB per cápita influyen otras muchas cosas, pero algo habrá tenido que ver.

Decía hace un año en València el consejero de Hacienda y Economía de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, que si metieran en la Capilla Sixtina encerrados bajo llave a todos los consejeros de Hacienda para debatir sobre la reforma de la financiación autonómica, el grado de consenso es tal que necesitarían muy pocas votaciones para llegar a un acuerdo. Lo recordaba el pasado martes en las segundas jornadas del Ivie, esta vez en Sevilla, a propósito de la reciente elección de León XIV en un cónclave con solo cuatro votaciones. Según dijo, los consejeros no necesitarían más de una o dos, a pesar del clima de polarización que hace imposible cualquier acuerdo en España. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema se llama María Jesús Montero. O Pedro Sánchez, tanto monta.

Los consejeros del ramo de las cuatro comunidades infrafinanciadas, entre ellos la valenciana Ruth Merino y el socialista castellanomanchego Juan Antonio Ruiz Molina, coincidieron en afirmar que la reforma del sistema de financiación autonómica la tiene que liderar el Gobierno. Pero el Gobierno no tiene ninguna intención de reformarlo y solo lo hará si se lo exige Junts o ERC, lo que no parece probable porque lo que quieren estos partidos es una financiación a al carta para Cataluña.

Hagamos un poco de historia. La reforma debía abordarse a partir del 1 de enero de 2014, cinco años después de la puesta en marcha del actual sistema aprobado en 2009. Rajoy no mostró ningún interés hasta que en una Conferencia de Presidentes (enero de 2017) las CCAA le cantaron la cuarenta y prometió impulsarla. El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se tomó su tiempo pero algo avanzó, y las CCAA alcanzaron un consenso, plasmado en un documento elaborado por expertos que al Gobierno no le gustó porque implicaba poner más dinero en el sistema de financiación autonómico. De esta manera se corregiría la infrafinanciación general y también los desequilibrios que perjudican a Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Con ese documento sobre la mesa, solo faltaba la propuesta definitiva del Ministerio de Hacienda. A principios de mayo de 2018 Montoro prometió presentarla “antes de fin de mes”. Como todo el mundo sabe pero no todo el mundo recuerda, a mediados de ese mes de mayo el PSOE presentó una moción de censura y el 1 de junio Pedro Sánchez fue proclamado presidente del Gobierno tras un debate de investidura en el que le dijo a Joan Baldoví y a todo el Congreso que la reforma de la financiación autonómica no iba a ser una prioridad.

Dicen que Sánchez no tiene palabra pero esa sí la cumplió porque siete años después no se ha aprobado la reforma. El Gobierno empezó escudándose en diversas circunstancias creíbles como la resaca del procés y la pandemia, pero hace cinco años que ya no tiene ninguna, lo que demuestra que no impulsa la reforma porque no le da la gana.

¿Y por qué no le da la gana? Porque quejarse de verdad, solo se quejan las cuatro CCAA infrafinanciadas, tres gobernadas por el PP y una por García-Page, al que Sánchez considera un "hipócrita", según los whatsapps con Ábalos publicados por El Mundo. Porque estas CCAA no tienen fuerza parlamentaria independiente, apenas dos diputados de Compromís que no ponen en riesgo la mayoría parlamentaria del bloque de investidura, que es lo único por lo que Sánchez cede lo que haga falta. Y una tercera razón que apuntó ell único consejero socialista en la jornada organizada por el Ivie: "Cuanto más se retrase la aprobación del modelo, el Estado hace más caja”.

De esta manera, desde que hace cinco años la vicepresidenta Montero anunció que el Gobierno, ahora sí, abordaría la reforma, lo único que ha hecho es presentar en 2021 un "esqueleto" de cálculo de la población ajustada y pedir a las CCAA alegaciones, que se enviaron en 2022. Tres años después, en 2025, les entregó un resumen incompleto de las alegaciones, tres años para un resumen que cualquier programa de inteligencia artificial haría en tres minutos. Y hasta hoy.

Como es habitual, el Gobierno no ha incluido la reforma de la financiación en su plan legislativo del año 2025 y acaba de convocar otra Conferencia de Presidentes sin contemplar la financiación autonómica como tema a tratar. A pesar de todas estas evidencias, cuando le preguntan a Montero por qué no impulsa la reforma del sistema de financiación autonómica dice que porque las CCAA no se ponen de acuerdo y echa la culpa a Feijóo. Tampoco hay acuerdo para la quita de la deuda impuesta por ERC y ahí sí que se ha preocupado de aprobarla.

Y así pasan los años, con la Generalitat cada vez más ahogada, pagando millones de euros de intereses de demora y bajando impuestos a los que más tienen. Lo último, la rebaja de 14 millones de euros a Ibedrola, que se conoce que lo está pasando mal.

PS: La Comisión Europea ha alimentado esta semana la imagen de orgnanismo frío y funcionarial alejado de la realidad de su vasto territorio. Seis meses y medio ha tardado su presidenta, Ursula Von der Leyen, en enterarse de primera mano de lo que ocurrió el 29 de octubre en Valencia. La dirigente alemana hizo un hueco en su apretada agenda para recibir a representantes de las víctimas a 1.300 kilómetros de l’Horta Sud, no se le fueran a manchar los zapatos. Igual que Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica en el momento de la catástrofe, que tampoco se ha rebajado a visitar la zona devastada. Que las víctimas destacaran la "cercanía" de Von der Leyen demuestra lo necesitadas que están de cariño institucional debido al ninguneo de Mazón y Sánchez, cuya indecencia es aún mayor pero no puede servir, no debería, para blanquear la de las dirigentes europeas. Y que no les copie la idea Pedro Sánchez y cite a las víctimas en La Moncloa.