"¿Por qué no dimite Mazón?", me preguntan cada día amigos y conocidos como si yo tuviera que saberlo por ser periodista. Lo preguntan también los amigos peperos, esos que al principio respondían "¿por qué tiene que dimitir Mazón y no Sánchez?", y que ahora ya no dicen eso sino "pues yo no le pienso votar" (a Mazón). Y yo, salvo que tiren hacia Vox, les respondo "sí que le votarás, si se presenta en 2027, para que no vuelvan PSOE y Compromís, porque en las elecciones hay mucho voto que no es a favor de nadie sino en contra de alguien". El otro día en una comida me lo volvieron a preguntar y prometí responder en la columna del domingo.

Carlos Mazón está en la cuerda floja desde el mismo día de la Dana, pero no acaba de caer y cada vez es más difícil que caiga a medida que coge experiencia como funambulista. Y no será porque no le empujan, que hasta en la prensa amiga han olido la sangre y se suceden la peticiones de dimisión para que conste en acta, como hace 50 años cuando Franco agonizaba y los ‘demócratas de toda la vida’ acudían a correr delante de los grises buscando pedigrí en una ficha policial. En la prensa madrileña es un clásico, unos atacan y otros defienden, pero si llega el momento en que al político herido le fallan las piernas, los segundos sacan la escopeta sin ningún rubor para cobrarse la pieza.

El presidente de la Generalitat se tambaleó hace una semana cuando se sucedieron una serie de errores y revelaciones que dejaron aún más en evidencia su gestión el día de la Dana. Primero los audios manipulados –no es buena idea engañar a los medios que te están cuidando–; después, la conferencia en Madrid presentándose como "daño colateral"; a continuación, su revelación de que su llegada al Cecopi "pasadas las siete" fue las 20.28h, con captura de vídeo incluida porque su credibilidad está por los suelos; y en medio de todo eso, la instrucción judicial que va arrojando luz sobre preguntas que veníamos haciéndonos desde hace meses, como la de las llamadas al 112 de la Generalitat de las que Emergencias de la Generalitat no supo nada.

La presión sobre Mazón –la que viene de Madrid, que es la única que le importa– y sobre Feijóo parecía definitiva la última semana de febrero, pero llegó el fin de semana, y después la nueva Dana, y el pucherazo del PSPV, y los sustos diarios de Donald Trump, y el president pudo salir del foco. Porque en esas estamos, en que la presión depende de la actualidad diaria, de si hay novedades sobre su ausencia el 29 de octubre, como si la cifra de 227 muertos no fuera motivo suficiente para que dimitiera el responsable político de una más que próbada pésima gestión de la emergencia.

Y no solo por los muertos, también por los damnificados que fueron abandonados los días posteriores, porque el hecho de que la jueza de Catarroja haya dicho que la posdana no entra en la investigación penal no significa que no tenga que entrar en la valoración política.

• Carlos Mazón atiende a los periodistas. Foto: JORGE GIL/EP

Esa errónea concepción de la responsabilidad política, que muchos ligan a la judicial, es la que permite a Mazón mantenerse en el cargo. Si los motivos por los que debe dimitir son detalles como que llegó tarde al Cecopi o que la alerta se lanzó a las 20.11h cuando ya se habían ahogado muchas personas, Mazón tiene argumentos para defenderse –él no forma parte del Cecopi ni, según dice, tuvo nada que ver con la alerta– y lo fía todo a su futuro judicial, que no es tan oscuro como el político.

Ni siquiera es tan oscuro como el panorama judicial de la treintena de miembros del Cecopi, que no se enteraron de lo que pasaba ahí fuera –incluida Pilar Bernabé– y que a medida que avance la investigación tendrán que contarle a la jueza en qué momento supieron que se estaba inundando l’Horta Sud y qué dijeron o hicieron al respecto. Ahí siempre va a tener gente a quien echar la culpa. Mazón, además, tiene la ventaja de que es aforado y la jueza no puede imputarlo –tendría que hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana previo informe razonado de la instructora–, lo que también es un motivo para no irse a su casa.

Todo eso entra en el capítulo de la responsabilidad penal, pero para afirmar que Mazón debe asumir la responsabilidad política no hace falta entrar en detalles, basta constatar que no estuvo donde tenía que estar, que llegó tarde. Las mentiras también entran en la responsabilidad política, pero hace tiempo que ningún político dimite por haber dicho una mentira.

De hecho, como ya escribí en otra columna, aquí no dimite ni dios, por grande que sea la negligencia. Algunos, hasta ganan elecciones, como Camps, que arrasó en las urnas un año después del accidente del metro, o el ahora presidente de Cataluña, Salvador Illa, ministro de Sanidad que gestionó la pandemia –120.000 muertos– con tan buenas palabras como gruesos errores que costaron vidas. O Isabel Díaz Ayuso, a la que todavía montan manifestaciones por los ancianos dejados a su suerte en las residencias. Tampoco dimitieron Gabriela Bravo ni José María Ángel –hoy comisionado del Gobierno para la reconstrucción– por el incendio de Bejís, donde ordenaron evacuar el pueblo pero se olvidaron de avisar a Adif de que tenía que cortar la vía del tren. Otro olvido imperdonable de nuestros servicios de emergencia por el que no se depuraron responsabilidades políticas ni, de momento, penales.

• Carlos Mazón. Foto: ROBER SOLSONA/EP

Aquí no dimite nadie y Mazón tampoco ve razón para hacerlo. Como todos los anteriores, liga la responsabilidad política a la judicial porque sabe que la justicia es lenta por mucho que quiera correr la jueza de Catarroja. Además, con el avance de la investigación judicial se irá ampliando la lista de mandos del Cecopi que no tomaron decisiones, y la culpa será de todos y no será de nadie. Ya destituyó a Salomé Pradas y a Argüeso, responsables de Emergencias de la Generalitat, y con eso cree depurada la responsabilidad política. Resistir es vencer, el tiempo pasa y en 2027 veremos.

Ahí tienes al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, a quien le vienen pidiendo la dimisión con huelgas y manifestaciones desde hace dos años por el accidente ferroviario de Tesalia, con 57 muertos, atribuido según la investigación a un error humano y a deficiencias en los sistemas de seguridad. Tres meses después ganó las elecciones por mayoría absoluta y el pasado viernes superó una moción de censura –como la que anunció Diana Morant contra Mazón– en la que Mitsotakis se defendió afirmando que él asumió la responsabilidad política de la tragedia desde el principio, sin que esté muy claro qué entiende el dirigente griego por asumir la responsabilidad política.

Más dignidad tuvo su ministro de Transportes, Kostas Karamanlis, pocas horas después del accidente: "Cuando ocurre algo tan trágico es imposible continuar y pretender que no ocurrió. Esto se llama responsabilidad política. Por esta razón, anuncio mi dimisión".