Pedro Sánchez ha claudicado  en sus convicciones más cosmopolitas, por tanto democráticas, con el pacto que ha alcanzado con Carles Puigdemont. con Junts, para una especie de co-gestión de la inmigración en Cataluña. Los socialistas minimizan el impacto alegando que se trata de una delegación de competencias (no cesión) con un lenguaje muy eufemístico que contrasta sobremanera con el que emplearon en septiembre del año pasado que es cuando salió a la palestra este asunto. El ministro Grande Marlaska: “Ni delegación ni cesión, es competencia exclusiva del Estado”. En la misma línea la ministra portavoz Pilar Alegría y el propio presidente del Gobierno. Este pacto vergonzoso se debe, como todo el mundo sabe, a la necesidad de los socialistas de contar con el apoyo de los 7 diputados de Junts en el Congreso. El pacto de marras tiene difícil encaje constitucional salvo que quieran rizar el rizo hasta la extenuación. Como siempre, el único del PSOE que ha ejercido de 'pepito grillo' es el presidente castellano-manchego Emiliano García- Paje (echando espuma por la boca).

El partido post-convergente, deudor de las barbaridades que decía Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Pujol, cada vez que abría la boca,  lo entiende de otro modo: un paso más en el proceso de construcción de la nación catalana; son textuales del exiliado de Waterloo, huido de la Justicia. Entiende los ultranacionalistas que Cataluña podrá dar permisos de residencia y expulsar a personas migradas a la vez que gestionaría los centros de internamiento, competencia hasta ahora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, una categoría en la que no entran los Mossos d'Esquadra. Junts se frota las manos: el catalán será requisito para los permisos de residencia, paso previo para tramitar la nacionalidad, cosa que no ocurre en el resto de España.  Lo ha dicho claramente la portavoz de Junts en el Congreso Miriam Noguera.

La identidad por encima de cualquier otra consideración, paradigma de los partidos ultras que pueblan Europa (y por el Gobierno Trump en Estados Unidos). Ahí está Junts. en la lengua, en la sardana, en la butifarra y en las torres humanas. En evitar a toda costa cualquier tipo de contaminación cultural, y más aún cuando el partido ultra Aliança Catalana parece que va en auge. No quieren más ultras en el corral. ¿Representa Junts, con 35 diputados en el Parlament de un total de 135 a la mayoría social/sociológica de Cataluña? No.

Me reconforta, mucho, la disidencia que todo esto ha generado en la izquierda a la izquierda del PSOE, y muy especialmente los dos diputados de Compromís en el Congreso, Agueda Micó y el castellonense Alberto Ibáñez. Afirmaba este último hace escasos días que “esto no es un debate competencial, es una batalla cultural que atraviesa las democracias europeas” para concluir que el pacto huele a “extrema derecha y racismo institucional”. Micó: “No podemos comprar el relato y el discurso de la criminalización de las personas migrantes”. Bien.

Los cuatro diputados de Podemos votarán en contra salvo que se legalice la situación de 500.000 “sin papeles” en Cataluña, cosa que no va a ocurrir ni de broma. Cuatro más dos, son seis. Los cinco diputados de IU que están en el grupo parlamentario de Sumar lo están rumiando: no lo tienen claro. Conclusión: Podemos y Compromis pueden tumbar la reforma legislativa que persigue un PSOE más desnortado que nunca.

En Esquerra Republicana hay más pluralidad de sentimientos y de verbalizaciones. Rufián, una suerte de 'charnego reconvertido': “Catalán es aquella persona que vive y trabaja en Cataluña”. A secas. Más interesante me parece la iniciativa del exdiputado  Joan Tardá que lidera una corriente dentro de ERC, Agora Republicana, para promover un incremento notable de migrantes en las listas electorales “en aras a la inclusión social”, un asunto que se va a debatir en la reforma interna del reglamento de ERC. Y una pregunta nuclear y de compleja respuesta: ¿Quién gobierna en Cataluña, Salvador Illa o Puigdemont?. Otros se lo toman de manera más tremenda: ¿Quien gobierna en España, Pedro Sánchez o Puigdemont?.

Marta Ferrusola, xenófoba y racista y urdidora en la sombra de la buena parte de la gran corrupción pujolista: “Un andaluz [José Montilla] que tiene el nombre en castellano se lo debe poner en catalán para ser presidente de la Generalitat”. “Si hay dos mujeres inmigrantes, el médico las atenderá antes a ellas porque gritan y usted no”. “Si los catalanes no nos preocupamos de Cataluña, los otros nos la destruirán”.  “Los pisos protegidos se los entregan a esa gente inmigrante que hace muy poco que está aquí; mi marido está cansado de dárselos a los marroquíes”. Extraigo las frases del periódico digital de Federico JL.

La presidenta de Baleares, la popular Marga Prohems, acaba de anunciar una serie de medidas casi draconianos para frenar la saturación turística: prohibición total de nuevos pisos turísticas, triplicar las tasas para los cruceristas, y un nuevo impuesto para los vehículos vacacionales, es decir coches que estén matriculados fuera de las islas; una medida dirigida básicamente a los coches de alquiler matriculados fuera: sería una iniciativa pionera en España en la lucha del PP balear contra la contaminación y la masificación. También se refuerza la tasa turística en los meses de junio, julio y agosto. Y multas de hasta medio millón de euros para alojamientos ilegales. ¿Qué pensará de todo ello el PP de la Comunidad Valenciana, el mismo que montó un pollo desmedido contra la implantación de una eco-tasa? Ahora no piensan nada. El Consell está con la dana.