Pedro Sánchez maquina constantemente pero no gobierna. Salvo para inocular mentiras, manipulación y anestesia a los ciudadanos. Están sucediendo cosas muy graves y aun así parece que la capacidad de sorpresa o reacción de los españoles haya sido neutralizada por la normalización de lo inaceptable, como si ya nada pudiera escandalizarnos.

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin presentar los Presupuestos Generales del Estado. En el marco del sistema parlamentario español, el Gobierno tiene la obligación constitucional de presentarlos ante el Congreso de los Diputados. Esta exigencia se recoge en el artículo 134.3 de la Constitución; por tanto, se trata de una obligación jurídica expresa. Eludir directamente su presentación puede considerarse un incumplimiento constitucional.

En este contexto, generan especial preocupación las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien afirmó recientemente su intención de gobernar “con o sin el concurso del poder legislativo”, lo que implica una disposición a avanzar en su agenda incluso sin el apoyo del Congreso y el Senado: un Sánchez a lo Maduro, ignorando al Parlamento. Tras el asalto al poder judicial -estupefacta estoy con la última afirmación de cargarse también la presunción de inocencia- es el camino para que el único poder sea el suyo. Pero poco se habla de ello.

Nos hemos acostumbrado a que se utilicen mecanismos para gobernar sin mayorías, como los Decretos Ley pensados para situaciones excepcionales, como una práctica común para legislar, algo alejado de nuevo de los estándares de un Estado constitucional. 

Del mismo modo, se ha vuelto habitual admitir como enmiendas unos textos que no tienen relación alguna con la iniciativa legislativa a enmendar, como la reciente intentona del PSOE de colar una reforma a favor de la okupación en una ley antifranquista. La democracia se desdibuja a tal velocidad e intensidad por las pócimas tóxicas de Sánchez, que los españoles apenas podemos ni pestañear. 

El silencio de los socios del Gobierno – separatistas, extrema izquierda y herederos de ETA unidos con un único objetivo deleznable: mantenerse en el poder- está permitiendo que estos hechos tan peligrosos se normalicen. El ruido mediático es mínimo; los medios de comunicación lo cuentan como una noticia más, sin portadas, sin medir su trascendencia. Y suma y sigue. Así, el impacto del resto de casos que cercan al Gobierno es contraprogramado para intentar anular sus efectos.

Tenemos un presidente Sánchez con su mujer, su hermano, su exnúmero dos y su fiscal general del Estado imputados. Y no es que no haya dimitido: aún nos exige a los españoles que pidamos perdón a García Ortiz porque en su móvil no se encontró NINGÚN mensaje tras borrarlos ¿Se puede ser más cara dura?

Pues sí, se puede. Otra barbaridad es la pretensión del presidente del Gobierno de utilizar el poder para conseguir la impunidad de los suyos y, más aún, su blindaje personal. Desde indultar a sus socios separatistas y cómplices, retirar a su dictado las penas del Código Penal contra la sedición y la malversación, aceptar una Ley de Amnistía al dictado de Puigdemont hasta la llamada “Ley Begoña”. Una propuesta legislativa con nombre y apellidos, y un único objetivo: reformar la acusación popular para cerrar el paso a causas judiciales que afectan directamente a su familia directa. 

Pocas portadas, manifestaciones o programas de televisión protagonizan el escándalo del que fuera ministro y mano derecha del líder del partido socialista, el caso Ábalos, ejemplo de hasta qué punto la red de favores y opacidad ha colonizado las instituciones. Presuntos contratos millonarios en plena pandemia, adjudicaciones a dedo, supuestas relaciones personales convertidas en enchufes públicos, e incluso sueldos públicos pagados a amigas íntimas por trabajos que nunca se hicieron. Un episodio especialmente insultante para cualquier ciudadano que ha dejado paralizada a la izquierda de este país. 

Como sin palabras se quedan muchos ante el uso político indiscriminado de la mentira como en ningún momento histórico del pasado. O ante el muro levantado por este gobierno para llegar a cualquier pacto o negociación con sus adversarios políticos, básico en democracia, ante los que solo utiliza el insulto y el desprecio, a pesar de que representan a millones de españoles. 

Una democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. No hay que aceptar ni normalizar las anomalías democráticas que la izquierda perpetra cada día en este país. Hay que reforzar nuestra democracia y alzar la voz por ella. España, despierta.