Es posible que esta reflexión ya la haya hecho. Viene a colación por la debilidad evidente que tiene la Generalitat Valenciana y porque, sobre todo, ahora sus esfuerzos están puestos en la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana del 29 de octubre. Es posible que plantee algo quimérico, que sería que la Comunitat Valenciana tuviera un plan estratégico de infraestructuras, en el que se estableciera de manera clara qué es lo prioritario, qué debe asumir cada institución y en qué plazos aproximados. Pero en esta tierra no es posible. O quizás en generaciones futuras. Pero si hemos conseguido fijar en un documento legal, como es el Estatuto de Autonomía, qué es lo que debe invertir cada año el Gobierno central en la autonomía, deberíamos ser capaces de establecer una prioridad de inversiones. Pero hay un inconveniente, que no acaba de ver ni la clase dirigente, ni mucho menos los partidos… las crisis. De todo tipo. Las económicas, las climatológicas, las de reputación... Son elementos indeseados que, por desgracia, forman parte de nuestro día a día, y máxime teniendo el cambio climático y sus consecuencias como un elemento incontrolable.

De ser así ahora no estaría en el debate cómo y cuándo debió ejecutarse la canalización del barranco del Poyo, o el de la Saleta, en l'Horta Sud. Ni en su día, la presa de Tabala, que evitaría las avenidas de agua del Segura en el casco urbano de Orihuela. El cortoplacismo y el localismo siguen marcando las decisiones de unos y otros en las grandes obras en la administración, aunque haya matices que en todo caso marcan la velocidad de las obras. Las obras de emergencia no dan votos y, por lo tanto, solo se ejecutan cuando se convierten en una necesidad irremediable.

La Comunitat Valenciana parte de una desventaja en este debate: su financiación. Pero a ello se suma la dificultad que existe entre los partidos para alcanzar consensos mínimos sobre la prioridad de las obras. Y ahora, cuando vienen situaciones extremas y no deseadas, como es la reconstrucción de una parte de un territorio devastado, las consecuencias las sufren las arcas de la Generalitat y el resto de los territorios. A nadie escapa que la Generalitat está haciendo un esfuerzo -incluso, por encima de sus posibilidades- para devolver a la normalidad todo lo que la riada del 29-O se llevó. Pero no hay que ser un lince para ver que -mientras no se mejore la financiación autonómica o se acepte la quita de la deuda- esa infrafinanciación ahora la sufrirán el resto de comarcas de la Comunitat, por justificado que esté.  

Es ahora cuando cabría plantearse qué es lo prioritario y lo estratégico. No solo la Generalitat, también el Gobierno central, y las diputaciones y los ayuntamientos. De haber un plan, una hoja de ruta consensuada, sería más fácil, más allá de cualquier catástrofe. Pero la consecuencia es que ahora más del 50% de la población de la Comunitat va a ver en los próximos años cómo los proyectos prioritarios para su municipio o comarca se ralentizan. Este viernes, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, visitó Elche para intentar vender algunas de las inversiones pendientes, como es el tranvía. Ya me gustaría equivocarme y ver el e-tram circulando por la Avenida de la Libertad ilicitana antes de 2027. Pero los ilicitanos todavía esperan la primera piedra de la Ronda Sur, prometida desde hace más de 15 años. Es un ejemplo.

¿Hay tantas cosas que habría que plantear? Hay tantos proyectos que habría que revisar, acelerar o priorizar y en tantos municipios, ciudades o comarcas. Y muchas cosas no se hacen por mantener un relato. Ahí están los dos palacios de congresos proyectados en Elche y Alicante, valorados en más de 100 millones de euros cada uno. ¿A ver quién es el valiente (los hay) que dice que no se haga alguno de los dos, o que sólo se haga uno y en una ubicación neutral? Quizás a veces lo más lógico, es lo más difícil en política. Y sólo las desgraciadas crisis nos hacen valorar entre lo necesario, lo urgente y lo conveniente. Ya me gustaría no decirlo, pero volverá a ocurrir.