Quizás haya sido la amenaza que pesa sobre la librería 80 Mundos, cuyo contrato de alquiler tenía una fecha de caducidad próxima, pero la compra de todo el edificio en el que se encuentra esta emblemática librería de Alicante parece ser el detonante para que el Ayuntamiento, presidido por Luis Barcala, haya decidido aprobar una moratoria. Sea como fuere, bienvenida sea la medida, aunque llega tarde, porque cuando entre en vigor muchos edificios ya serán propiedad de grandes fondos o family offices y, posiblemente, sobre sus inquilinos —si es que los hay— pese la amenaza de un desahucio de un día para otro. Ejemplos de este tipo los hemos visto en los últimos días, tanto en Alicante como en otras ciudades.
Las licencias de apartamentos turísticos por bloques eran el gran salvoconducto que exhibía Alicante para justificar su política turística: mano dura contra los apartamentos ilegales. Como los bloques enteros, en principio, estaban destinados a una única actividad, no generarían molestias al resto del vecindario. Pero la realidad ha acabado imponiéndose. Así, mientras no haya regulación ni zonificación —es decir, no se establezca qué actividad puede desarrollarse en cada zona de la ciudad—, cualquier edificio (con residentes en régimen de alquiler o en propiedad) está en peligro de ser adquirido por un fondo, ya sea de Israel o de Delaware, y convertirse en otro objetivo más del capitalismo deshumanizado.
Subyace aquí un debate que el PP no acaba de ver, o al menos ve con retraso: la ciudad no es un Monopoly en el que el más poderoso compra donde quiere e instala la actividad que le conviene. Las ciudades deben estar reguladas urbanísticamente: zonas de primeras viviendas, zonas residenciales, polígonos industriales o empresariales, y zonas terciarias. El apartamento turístico ha irrumpido como una actividad económica —porque lo es— que cabe en cualquier sitio: desde una cueva hasta un bajo, incluso en edificios de oficinas. Además, tiene un efecto contagio en el precio de la vivienda, porque es el gran comprador —el que tiene más capacidad económica— quien establece el precio de ese bien tan preciado que es el habitáculo, y arrastra al resto.
Así que, insisto: bienvenida la iniciativa del Ayuntamiento de Alicante, aunque haya sido, una vez más, al mirarse en el espejo de Málaga. Allí, la onda expansiva del apartamento turístico ha sido mayor y, por tanto, también lo ha sido la ola de malestar. Sé que en los círculos liberales no está bien visto eso de regular, pero regular con seguridad jurídica y con antelación suele evitar problemas. Eso se llama visión de futuro, algo que, por desgracia, escasea en la clase política. Si uno repasa toda la problemática de los apartamentos turísticos, se dará cuenta de que los gobernantes casi siempre han ido por detrás de los acontecimientos. También hay que decir que las diferencias sobre quién debe fijar unas reglas claras —ayuntamiento, Generalitat o Gobierno— no han ayudado hasta ahora a encapsular el problema.
Incluso los propios empresarios de la Comunitat, y el sector hotelero en particular, llevan tiempo dando la voz de alarma sobre esta cuestión. En junio de 2024, en la jornada de Turismo de AVE celebrada en Benidorm, ya se pusieron medidas sobre la mesa. Pero, por desgracia, los políticos no suelen acudir a este tipo de foros. Y si lo hacen, tardan mucho en adoptar medidas, como se ha visto en Alicante. En aquella jornada de hace más de un año, Óscar Perelli, director del Área de Estudios e Investigaciones de Exceltur, ya propuso que los ayuntamientos ejercieran los instrumentos de planificación urbanística, justo lo que ha hecho ahora Barcala.
Es cierto que el problema no es exclusivo de un territorio o de una ciudad; se trata de un fenómeno transversal y transnacional. No obstante, hay ciudades que sí se han adelantado a la problemática, optando por regulaciones con seguridad jurídica. Algunas incluso han intervenido en el mercado del alquiler. Y eso, con medidas garantistas para los propietarios —mantenimiento de la propiedad, seguridad frente a impagos, o incluso compensación económica por interés general—, tampoco debería considerarse una iniciativa descabellada, como defendí hace tiempo.
Por eso insisto: bienvenida la medida de Alicante de ordenar por zonas la actividad del alquiler de apartamentos turísticos. El otro gran reto que sigue teniendo el turismo en particular, y la Comunitat Valenciana en general, es la fiscalidad ligada a la actividad turística. Como ha expuesto Ineca esta semana en su informe de coyuntura, el gran beneficiario de la actividad económica es el Estado, que es quien recauda la mayoría de los impuestos que se generan, especialmente, en esta tierra y ligados a esa actividad en concreto. El dinero va a Madrid, pero ¿vuelve? ¿Y en qué medida lo hace? La mayoría tiene asumido que esta tierra sufre una infrafinanciación, con especial incidencia en la provincia de Alicante. Es algo que merece una reflexión seria. Aunque, visto lo visto, no parece que vaya a haber grandes cambios ni con el PSOE ni con el PP. A los hechos más recientes me remito.
