El ruido de la Dana y sus derivadas políticas, judiciales y sociales nos impiden a veces reparar en noticias relevantes, para muchos aburridas, que merecen algunos comentarios. Es el caso de los datos de ejecución presupuestaria de las administraciones públicas en 2024 dados a conocer esta semana por parte del Ministerio de Hacienda. Unos datos que, en líneas generales, son buenos gracias a las subidas de impuestos, a la inflación y al crecimiento de la economía española. Luego están los detalles, que no son tan positivos, especialmente para los valencianos.

En el conjunto del Estado el déficit fue del 2,8% del PIB, mejorando el objetivo comprometido con la UE, que era el 3%. Cabe destacar que ahí no entran los gastos ocasionados por la Dana –entonces el déficit sería del 3,15%–, ya que la UE acordó en su día que los gastos ocasionados por una catástrofe se tienen que sacar del cálculo.

El déficit del conjunto de las Comunidades Autónomas fue del 0,1%, cumpliendo así el objetivo marcado para 2024, pero si nos fijamos en el comportamiento de cada una de las comunidades –los detalles–, vemos que la Comunitat Valenciana vuelve a ser la que más déficit registró, nada menos que el 1,68%, diecisiete veces el objetivo fijado. En euros, 2.495 millones, que también es un mejor dato que los 3.321millones del año anterior.

 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA

Como primera reflexión hay que señalar que esos 2.495 millones deberán cubrirse con deuda, a la que hay que sumar la autorizada por el Gobierno para costear los gastos de la Dana que está asumiendo la Generalitat –casi 3.000 millones– y que, como no se cansa de repetir la consellera Ruth Merino, se paga con un crédito –a interés 0%, eso sí– y no con ayuda a fondo perdido del Estado. 

De manera que la Generalitat puede ver aumentada su deuda en solo un año en unos 5.500 millones de euros, que es la mitad de los 11.000 millones que le han tocado a la Comunitat Valenciana en la vergonzosa componenda entre Montero y ERC que ya comenté en otra columna. De manera que en un par de años más recuperamos el insostenible nivel de deuda pública de 60.000 millones de euros –la Generalitat pagará este año 1.143 millones en intereses– sin que se haya refomado el sistema de financiación autonómica.

Otro detalle importante es que, como se ve en la tabla del Ministerio, hay once comunidades que no solo cumplieron sin problemas el objetivo de déficit del 0,1% fijado para 2024 sino que acabaron el año con superávit. Extremadura, excelentemente financiada, alcanzó un insultante 1,59% de superávit, lo que no será óbice para que cuando el tema de la financiación vuelva a primera línea informativa se queje igual que el resto. También es verdad que una de las regiones mal financiadas, Andalucía, logra un superávit del 0,74%, lo que merecería un análisis y quizás alguna lección para la Generalitat valenciana.

El déficit excesivo año tras año de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, las peor financiadas con mucha diferencia con el resto, demuestran que su desventaja exige una pronta solución que el Gobierno de Sánchez no va a dar. Ambas comunidades son cada vez más pobres respecto a la media y algo tendrá que ver la limitación de recursos públicos.

Pero esto es clamar en el desierto. La Comunitat Valenciana, con un presidente debilitado, un PSPV que ha renunciado a reclamar nada al Gobierno donde se sienta su secretaria general y un líder del PP que está hasta el gorro de los problemas que le da Mazón, está más lejos que nunca de conseguir que le escuchen. Montero ha hecho un apaño con la deuda autonómica porque se lo ha exigido ERC pero no va a meterse en la reforma de la financiación autonómica cuando no es capaz ni de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Me alegra ver que cada vez hay más gente que se escandaliza porque el Gobierno no solo vuelve a saltarse su obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos antes del 1 de octubre de cada año sino que, tras seis meses de incumplimiento, ha dicho que no piensa presentar los de 2025 porque sería “perder el tiempo”. 

En este periódico venimos denunciando desde hace años que la ministra de Hacienda se ha puesto el artículo 134.3 de la Constitución por montera desde que llegó al cargo en 2018. En siete años nunca ha cumplido su obligación de presentar un proyecto de Presupuestos antes del 1 de octubre –había ocurrido en muy pocas ocasiones desde 1978 y acababan presentándose más tarde– y lleva dos años negándose a hacerlo aunque sea con retraso.

Dice Bolaños que no pasa nada porque la Constitución también prevé la prórroga de los Presupuestos del año anterior, pero la prevé en el caso de que no se aprueben, no de que no se presenten, porque quienes redactaron la Carta Magna no imaginaban que un Gobierno se negaría a presentarlos. Por eso tampoco idearon ninguna sanción para un Gobierno que, como sí establece el artículo 155 para las CCAA, “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”. Una vergüenza.

PS: La semana que se ha estrenado el documental Maje, un true crime más entre los cientos que inundan las plataformas de televisión, los defensores de la libertad de expresión y de creación según la ocasión se han mostrado partidarios de censurar la publicación de un libro que no se han leído. Se trata de El odio, escrito por Luisgé Martín, que pertenece al género de relatos o análisis de asesinatos reales a partir del testimonio de los asesinos. En esta ocasión, de José Bretón, que en 2011 mató a sus dos hijos en un caso de sobra conocido por la cantidad de horas de televisión y páginas de periódicos que ocupó. Además de un fiscal desnortado, entre los partidarios de este ataque a la libertad de expresión y de creación se encuentran, sorprendentemente, no pocos periodistas y algunos libreros a quienes habría que recordar que el derecho del autor a publicar su obra no implica que sea obligatorio leerla. Ojos que no ven, corazón que no siente. La editorial Anagrama ha cedido a la presión y ha suspendido la distribución de la obra, una mala noticia para quienes creíamos que la censura previa era una cosa del pasado.