ALICANTE. Una circunstancia sobrevenida -la ausencia del portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, por motivos personales (el alumbramiento de su segundo hijo)- ha permitido que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), saque adelante dos de las propuestas relacionadas con la gestión municipal que han acumulado mayor controversia política desde el pasado mandato, en un debate que, además, se había intensificado especialmente desde el inicio del nuevo curso político. Esos dos debates se han zanjado este martes, en el transcurso del pleno ordinario de octubre (aplazado hasta este 5 de noviembre en señal de duelo por las víctimas de la Dana registrada en la provincia de Valencia), con dos síes tanto a la propuesta de incremento del recibo de la basura, como a la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
En primer término, la revisión de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos ha quedado aprobada gracias al voto de calidad del alcalde, Luis Barcala, después de que se haya producido un empate a 14 votos entre los ediles del PP y los concejales de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Así, a la postre, la ausencia de Ortolá es la que ha permitido que el acuerdo prospere en su aprobación inicial (su voto en sintonía con el resto de ediles de Vox habría deparado el rechazo de la propuesta por 15 votos frente a los 14 del PP, como sucedió en la comisión informativa de Hacienda). Máxime después de que Esquerra Unida Podem diese por rotas las negociaciones emprendidas con el equipo de gobierno en busca de un acuerdo global que permitiese modular la tasa e influir en la programación de inversiones en la confección de los presupuestos municipales de 2025.
Sea como fuere, el acuerdo adoptado este martes allanaría el camino para que el ayuntamiento evite una hipotética exposición a posibles sanciones o penalizaciones por el hecho de no dar cumplimiento a un mandato obligatorio impuesto por la Unión Europea (UE), en el que se conmina a todos los ayuntamientos a equilibrar la recaudación con el coste real del servicio. Eso sí, la vigencia de la decisión queda a la espera de que se produzca el debate sobre su aprobación definitiva, una vez superada la fase de exposición al público: un momento en el que, probablemente, la ausencia de Ortolá -que podría acogerse a una baja por paternidad- permitiría que el PP recurra de nuevo al voto de calidad del alcalde para ratificar el acuerdo. En ese supuesto, la tasa podrá entrar en vigor en enero de 2025, lo que permitirá que los nuevos importes de los recibos puedan aplicarse ya en el próximo ejercicio, cuando se abra el periodo de pago.
De este modo, el equipo de gobierno también podrá disponer de 15 millones extra generados por el incremento de la tasa para cubrir el coste del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, que hasta ahora se cubrían con fondos propios y que quedarán liberados para otros usos: inversiones o mejora en la prestación de otros servicios municipales.