ALTEA. La sentencia del PAI Bellas Artes de Altea ya es firme y el Ayuntamiento mueve ficha para tratar de desbloquear su desarrollo: asumirán la gestión directa del suelo. Una situación a la que llegan después de no poder avanzar en las obras debido a la judicialización del caso que ha terminado fallando a favor de la caducidad del actual programa de urbanización y retirar la condición de agente urbanizador a la mercantil Promociones y Finanzas SL.

Se trata de una bolsa de suelo pendiente de desarrollar que podría albergar hasta 1.200 viviendas. Ahora entra en una etapa nueva en la que el gobierno local informa: el objetivo es reprogramar el PAI atendiendo a la "necesidad de vivienda existente en el municipio y prestando especial atención a las circunstancias y sensibilidades de las personas directamente afectadas por el desarrollo de este sector". "Con esta decisión, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una planificación urbanística transparente, eficiente y orientada al interés general", aseguran en un comunicado este martes.

Después de mucho esperar, las obras comenzaron a finales de 2023 y en febrero de 2025, cuando llegó la sentencia, habían llegado al 20% del total. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) trasladaba en su fallo que la planificación de plazos y tiempos previstos para la urbanización del sector, según sentencia, habían sido ampliamente rebasados y por tanto, tenían que hacer una nueva programación para ejecutar las obras de urbanización.

La firmeza notificada el 13 de mayo ha llegado después de que ni el Ayuntamiento ni la empresa hayan presentado recurso. Así, indican que a partir del 14 de mayo, desde la Alcaldía se ha impulsado el expediente correspondiente para recabar los informes técnicos y jurídicos necesarios con el fin de declarar la caducidad del programa, resolver la condición de urbanizador y proceder a su liquidación. Todo ello tendrá que ser refrendado por pleno.

Entre las primeras medidas, está prevista la licitación pública para contratar una consultora especializada que asuma en exclusiva la liquidación del actual programa y la elaboración de los trabajos técnicos necesarios para impulsar una nueva programación del Plan Parcial.

El Ayuntamiento es titular de tres parcelas en las que su diseño hasta ahora permitía la construcción de vivienda de protección oficial, en torno a 168 según las estimaciones últimas del gobierno local, de las cuales, la intención es que el 50% fueran de propiedad municipal. De igual forma, la ejecución del sector da respuesta a la ocupación y consolidación del dotacional publico, que se hizo inicialmente, con una Facultad y un Palau que lllevan años en uso. 

Periplo judicial

El Consistorio recurría en apelación al TSJCV la sentencia que en enero de 2023 había resuelto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por el interpuesto por una parte de los propietarios de este suelo. Pero tras la desestimación de la defensa municipal y de la empresa, el tribunal confirmó en enero "en todos sus términos la sentencia apelada", que asumen como propia. 

El histórico en los juzgados se remonta al recurso de los propietarios, que iba contra el decreto de la concejalía de Urbanismo del 3 de agosto de 2020 por el que se rechazaba la solicitud de declaración de caducidad del PAI. La defensa del Ayuntamiento apuntaba, entre sus argumentos, a un error de apreciación del supuesto hecho y en jurisprudencia aplicada por la "imposibilidad de un retraso del urbanizador en la ejecución de las obras de urbanización, dado que estas no han dado comienzo". Al mismo tiempo, aseguraban que no se aprobó el proyecto de urbanización hasta el año 2023 por ser cuando se aprueba la última modificación. Por su parte, la empresa también negaba el incumplimiento de plazos. Sin embargo, en la sentencia de enero de 2025 desestima una a una las motivaciones de ambos interesados, tal y como desgranó Plaza en su momento.