ALTEA. Nuevo capítulo en la urbanización del Programa de Actuación Integrada (PAI) correspondiente al Sector RS-8 'Bellas Artes' de Altea. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso planteado por el Ayuntamiento y la empresa urbanizadora, Promociones y Finanzas SL, y por tanto, insta a iniciar el expediente de caducidad del programa así como a retirar la condición de agente urbanizador a dicha mercantil. Se trata de una bolsa de suelo pendiente de desarrollar que podría albergar hasta 1.200 viviendas.

La incógnita ahora está en saber cómo seguirán estas obras, que se iniciaron a finales de 2023 y que según ha podido saber este diario, estaban al 20% del total. Fuentes municipales señalaron que el proceso no es inmediato y que está en manos de la constructora la continuidad de los trabajos. Así, afirman que la consecuencia de este fallo no es que no se vaya a desarrollar, "sino que la planificación de plazos y tiempos previstos para la urbanización del sector, según sentencia, han sido ampliamente rebasados y por tanto, hay que hacer una nueva programación para ejecutar las obras de urbanización". Con todo, quisieron remarcar que a partir de este momento, "y con el fin de velar por el interés general, el Ayuntamiento realizará las actuaciones necesarias para que se complete la urbanización en el menor tiempo posible del sector".

El Consistorio recurría en apelación al TSJCV la sentencia que en enero de 2023 había resuelto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por el interpuesto por una parte de los propietarios de este suelo. Ahora, tras la desestimación de la defensa municipal y de la empresa, el tribunal confirma "en todos sus términos la sentencia apelada", que asumen como propia en el fallo notificado este jueves. 

El histórico en los juzgados se remonta al recurso de los propietarios, que iba contra el decreto de la concejalía de Urbanismo del 3 de agosto de 2020 por el que se rechazaba la solicitud de declaración de caducidad del PAI. La defensa del Ayuntamiento apuntaba, entre sus argumentos, a un error de apreciación del supuesto hecho y en jurisprudencia aplicada por la "imposibilidad de un retraso del urbanizador en la ejecución de las obras de urbanización, dado que estas no han dado comienzo". Al mismo tiempo, aseguran que no se aprobó el proyecto de urbanización hasta el año 2023 por ser cuando se aprueba la última modificación. Por su parte, la empresa también negaba el incumplimiento de plazos. Sin embargo, en la sentencia de enero de 2025 a la que ha tenido acceso Alicante Plaza desestima una a una las motivaciones de ambos interesados.

"Estimamos que no es un argumento que se pueda defender con seriedad que un PAI que comenzó a tramitarse antes del año 2000 haya finalizado su tramitación en el año 2023", dice el TSJCV. En este sentido, consideran que el urbanizador podría haber comenzado las obras en 2009 puesto que tenía el instrumento de ordenación aprobado, el proyecto de urbanización y el de reparcelación. "Se habla de sucesivos modificados, pero no se concreta si esos modificados impedían iniciar las obras o el modo, forma y medida en que afectaban a la ejecución de las obras", continúa la sentencia.

A todo ello, añade que el presupuesto global en el año 2003 era de casi seis millones de euros y 20 años después se aprobaba por 8,4 millones de euros, lo que termina sobrepasando el 20% de más permitido, sin constar además la retasación de cargas, recoge el fallo. Por último, detallan que el jefe de servicio de Urbanismo del Ayuntamiento remitió oficio al urbanizador en agosto de 2010 para que subsanara unos aspectos del proyecto de urbanización, pero transcurrieron casi siete años en presentarlo, llegó en abril de 2017.

Bellas Artes

Como se decía, las obras comenzaron en noviembre de 2023 y contaba con un plazo de ejecución de 18 meses. El PAI tiene 275.000 metros cuadrados, cuyo suelo residencial dispone de un máximo de 1.220 viviendas. Además, el Ayuntamiento es titular de tres parcelas en las que se podría construir vivienda de protección oficial, en torno a 168 según las estimaciones últimas del gobierno local, de las cuales, la intención es que el 50% fueran de propiedad municipal. De igual forma, la ejecución del sector da respuesta a la ocupación y consolidación del dotacional publico, que se hizo inicialmente, con una Facultad y un Palau que lllevan años en uso.