ALICANTE (EFE/AP). Los investigadores del Seprona y de la Policía Judicial de la Guardia Civil que asumieron las averiguaciones sobre la construcción de 292 viviendas irregulares en el municipio de Llíber han relatado este lunes, al declarar como testigos en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial, que las construcciones se levantaban sobre suelo rústico no urbanizable en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados de superficie, con licencias concedidas entre los años 2000 y 2003 para la reforma o restauración de almacenes agrícolas con parte habitable, cuando, en realidad, se trataba edificaciones de nueva planta.

Además, los agentes de la Policía Judicial en concreto, han apuntado que el propietario de una empresa inmobiliaria al que se considera uno de los presuntos cabecillas de la trama, Miguel Muntaner, declaró, tras su detención, que había regalado un vehículo marca Mercedes al entonces alcalde del municipio, José Mas, también procesado, y que le entregaban "3.000 euros por cada licencia concedida". 

De igual modo, han ratificado las conclusiones recogidas en sus informes para sostener que, según sus cálculos, el arquitecto técnico que trabajaba para el ayuntamiento, Amador Signes, también encausado, llegó a ingresar 468.000 euros por los trabajos que realizaba, redactando las memorias valoradas para la construcción de las casas que él mismo autorizaba después en el trámite de concesión de licencias. Por último, también han detallado que, tras hallar tarjetas bancarias de entidades afincadas en Andorra en el registro del domicilio de ese arquitecto, solicitaron una comisión rogatoria a Andorra con la que pudieron averiguar que mantenía 2,4 millones ingresados en varias cuentas.

La causa se dirige contra un total de diez acusados: cinco constructores, el arquitecto técnico municipal, el alcalde José Mas Avella, el actual alcalde, José Juan Reus, y otros tres exconcejales del momento. Otros dos ediles incluidos en la causa ya han fallecido, mientras que se ha excluido del proceso a quien ejerciese como secretaria municipal, tras ser declarada incapacitada por sufrir una enfermedad degenerativa.

La Fiscalía mantiene que las casas construidas en suelo rústico fueron vendidas a compradores extranjeros que no pudieron legalizarlas -aunque el ayuntamiento sí está promoviendo ahora su regularización, en coordinación con la Generalitat-, por lo cual considera se habrían cometido delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios. En su conjunto, solicita penas que suman 43 años y seis meses para el conjunto de los procesados, con penas que oscilan entre los quince meses y los siete años de prisión, en función de cada acusado.

El primero de los testigos en declarar este lunes ha sido el coordinador provincial del Seprona, quien se ha reafirmado en el atestado que elaboraron a instancias del Juzgado número 3 de Dénia y ha ratificado que las licencias concedidas solo amparaban la restauración de almacenes agrícolas con parte habitable "en el 99% de los casos". Además, a preguntas del fiscal, ha confirmado que las parcelas tenían una superficie inferior a los 10.000 metros cuadrados y que, en ocasiones, se reparcelaban para albergar varias viviendas unifamiliares en el mismo perímetro. A preguntas de las defensas, también ha ratificado la parte del atestado en la que se hacía constar que los concejales que ejercían funciones de oposición en el Ayuntamiento se abstenían o votaban en contra de la concesión de las licencias, según el análisis de las actas facilitadas por el Ayuntamiento.

El segundo agente del Seprona, que participó en la elaboración de ese atestado, ha sostenido que la situación de Llíber era "un despropósito" tras insistir en las mismas anomalías respecto a las licencias concedidas, en las que se levantaban casas en suelo rústico con memorias "elaboradas por el mismo señor que firmaba las licencias en el ayuntamiento". Respecto a los almacenes agrícolas que supuestamente se iban a restaurar, ha sostenido que no existían, o que se situaban "a 20 o 40 metros" de las parcelas en las que se construían las viviendas. El tercer agente del Seprona ha respaldado esas afirmaciones y ha sostenido que se revisaron in situ alrededor de 40 edificaciones.

Regalo de un Mercedes

El responsable de la Policía Judicial al que el juzgado de instrucción le derivó la causa ha señalado que fue el empresario Miguel Muntaner quien les dijo, al ser arrestado, que entregaban 3.000 euros al exalcalde por cada licencia concedida, y que "le regalaron un vehículo Mercedes a nombre de su mujer", como supuesta prebenda. "Querían hacer un hotel", ha señalado. Al tiempo, ha sostenido que Muntaner también declaró que pretendían pagar la construcción de una casa para el hijo del exalcalde. Y, por último, ha señalado el cálculo de los ingresos obtenidos por el arquitecto técnico, así como el hallazgo de dinero en bancos de Andorra.

En sus respectivas declaraciones en la primera sesión del juicio, el exalacalde Mas negó haber recibido el regalo del Mercedes para asegurar que lo había comprado él, mientras que Muntaner se retractó de la versión ofrecida al declarar ante la Guardia Civil y explicó que solo ayudó en los trámites de compra de ese vehículo.

El segundo agente de la Policía Judicial ha sostenido que la declaración de Muntaner, en la que manifestó el regalo del Mercedes, por un precio de 8.000 marcos, "fue espontánea y en presencia de su abogado", sin presiones. El tercer agente ha confirmado que, en el registro de la vivienda de este empresario, encontraron documentos en blanco con el sello municipal y las firmas del exalcalde y del arquitecto municipal a modo de "visto bueno", así como carpetas con la concesión de licencias de las viviendas irregulares. Y también se ha ratificado el cálculo de los ingresos del arquitecto y de los 2,4 millones en fondos depositados en cuentas bancarias de Andorra.  

Y, por último, el cuarto agente de la Policía Judicial se ha reafirmado en el "modus operandi" de la trama respecto a la concesión de licencias indebidas y ha sostenido que comprobaron hasta 53 viviendas y se entrevistaron con sus compradores, en su mayoría extranjeros, "que desconocían las irregularidades" porque solo contactaban con los constructores y con sus abogados.

El juicio prosigue este martes con los informes periciales y la exposición de las conclusiones de las acusaciones, ejercidas por la Fiscalía y por una asociación de propietarios afectados constituida por los compradores de las viviendas.