ALICANTE (EFE/AP). La Fiscalía de Alicante ha mantenido este martes su acusación para el exalcalde de Llíber, José Mas; el actual primer edil, José Juan Reus; el arquitecto técnico que trabajaba para el Ayuntamiento, Amador Signes, cinco empresarios de la construcción, y otros dos exconcejales juzgados por la Audiencia Provincial por la construcción irregular de 292 viviendas promovidas en suelo rústico no urbanizable del municipio entre los años 1999 y 2003.

En la exposición de su informe de conclusiones finales, el representante del Ministerio Público ha considerado que, a la vista de las evidencias acumuladas en la instrucción de la causa, y de la prueba practicada durante el juicio, ha quedado probado que todos ellos formaron parte de un entramado para promover y autorizar esas construcciones ilegales, levantadas sobre parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados -en algunos casos incluso de menos de 5.000-, mediante la concesión de licencias para la rehabilitación de almacenes agrícolas con parte habitable.

Todo ello, a cambio de la entrega de distintas presuntas prebendas en favor de algunos de los representantes municipales, como un vehículo marca Mercedes regalado por uno de los empresarios al exalcalde José Mas; la entrega de 3.000 euros por cada licencia concedida; o pagos en beneficio del arquitecto técnico por la realización de memorias de los proyectos que él mismo autorizaba con la emisión de los correspondientes informes.

En su conjunto, la Fiscalía ratifica las peticiones de penas planteadas en su escrito de acusación inicial, que suman un total de 43 años y tres meses de prisión. En concreto, solicita siete años de prisión para el arquitecto técnico por un delito continuado de estafa y otro delito continuado contra la ordenación del territorio. Para el empresario Miguel Muntaner, a quien se considera uno de los presuntos cerebros de la trama y autor del regalo del Mercedes al exalcalde, solicita igualmente siete años de prisión por el delito continuado de estafa y por un delito de cohecho.

Para el exalcalde José Mas, solicita seis años y tres meses de cárcel por un delito continuado contra la ordenación del territorio y por un delito de cohecho. Para los titulares de las empresas que construyeron y vendieron las viviendas ilegales solicita penas que oscilan entre los seis años y seis meses y los cuatro años de prisión, en función de cada caso, como autores del delito continuado de estafa. Y para el actual alcalde, José Juan Reus, que ejercía como concejal del equipo de gobierno en el momento de los hechos, y otros dos concejales de la época, solicita pena de multa de 18 meses con cuota diaria de 6 euros por un delito de contra la ordenación del territorio.

En su argumentación, respecto a los delitos de estafa y contra la ordenación del territorio, el acusador público ha sostenido que los procesados trataban de dar "apariencia de legalidad a lo que era una ilegalidad" mediante la concesión de licencias para restaurar almacenes agrícolas "cuando todos sabían que era para construir vivienda nueva". Según ha explicado, su edificación se amparaba con proyectos que "en buena parte de los casos eran elaborados por el arquitecto técnico" que trabajaba para el ayuntamiento.

Además, ha señalado que todos trataron de encubrir su responsabilidad, con ejemplos como las manifestaciones formuladas por el exalcalde, José Mas, en las que aseguraba que las licencias se aprobaban por unanimidad en el pleno municipal, cuando en el juicio se habría demostrado que a los concejales de la oposición no se les preguntaba, hasta que se les permitió votar y comenzaron a abstenerse o a votar en contra.

Y respecto al cohecho, también ha considerado demostrado que se produjo la entrega de dádivas, como el vehículo que Muntaner reconoció haber regalado al exalcalde en su declaración “espontánea” tras ser detenido, a pesar de que en su declaración, en las primeras jornadas del juicio, se retractó de esa manifestación. Además, también se ha referido al hallazgo de cuentas en Andorra a nombre del arquitecto técnico, Amador Signes, en las que la Guardia Civil había precisado que disponía de 2,4 millones, aunque Signes negó tener cuentas en ese país, en las declaraciones prestadas tras ser detenido y ante el juzgado de instrucción.

Los perjudicados, cárcel para los constructores

Por su parte, el letrado que representa a los perjudicados, agrupados en la Asociación Abusos Urbanísticos No de Llíber, ha persistido en dirigir su acusación solo contra los cinco constructores procesados, para los que ha solicitado una pena de siete años de prisión por el delito continuado de estafa. Respecto a los políticos, ha sostenido que, a lo largo de la instrucción de la causa, los perjudicados le habían manifestado su voluntad de que retirase su acusación contra ellos para centrarse en los constructores. Y ha incidido en la solicitud de que se fijen compensaciones en concepto de responsabilidad civil para cubrir el daño generado a los compradores, de los que se abusó de su confianza para cometer el engaño, según ha argumentado, con la adquisición de viviendas por precios de entre 150.000 y 200.000 euros, que habrían perdido en torno al 45% de su valor por el hecho de ser irregulares. Además, ha considerado que no podía argüirse el proceso de regularización de las viviendas que se estaría promoviendo en los últimos años para negar la comisión de las irregularidades urbanísticas y de los delitos enjuiciados.

Por último, en la vista de este martes también ha expuesto su informe de conclusiones el representante legal del actual alcalde, José Juan Reus, y del exconcejal Vicente Andrés Ivars, quien ha solicitado su libre absolución al sostener que votaron a favor de la concesión de las licencias en el pleno sin que ese gesto tuviese eficacia real, puesto que las competencias sobre la concesión de esos permisos las mantenía el exalcalde José Mas.

Además, ha explicado que votaron sin ser conocedores de la supuesta "injusticia" de la concesión de esos permisos, puesto que se les informaba de que "contaban con informes técnicos positivos" y quien ejercía como secretaria municipal -también investigada, pero ahora declarada incapacitada al sufrir una enfermedad degenerativa- no formuló ningún reproche al respecto. Así, ha apuntado que, en todo caso, podían haber incurrido en un posible delito de prevaricación por el hecho de haber votado en contra. De igual modo, ha argumentado que un juzgado de Benidorm ya había dictado una sentencia absolutoria respecto a otra causa por hechos similares y ha añadido que en ningún momento se había iniciado un proceso ante la jurisdicción contenciosa para tratar de revertir las licencias concedidas.

El juicio prosigue este miércoles con la exposición de informes de conclusiones del resto de las defensas y el turno del derecho a la última palabra por parte de los encausados.