ALICANTE. El rechazo social al desarrollo de la planta de almacenaje de carburantes que la empresa XC Business 90 promueve sobre terrenos de la terminal de mercancías del Puerto de Alicante volverá a canalizarse a través de nuevas impugnaciones en los juzgados. Después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) desestimase, el pasado julio, el contencioso interpuesto por la Asociación de Consumidores José María Mena frente al acuerdo de modificación de la concesión de esa terminal -el ajuste que permitía el encaje de los depósitos de combustible-, la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) ya trabaja en el diseño de próximas acciones legales que impidan la instalación de los tanques, basadas en sus requisitos de seguridad.

Portavoces del colectivo -en el que se integran asociaciones vecinales, grupos conservacionistas, AMPAs de centros educativos próximos al Puerto y otras organizaciones sociales- precisaron este miércoles que la regulación estatal establecida para cualquier proyecto de las características planteadas por XC Business 90 deberá estar acompañado de la dotación de un plan de emergencias interno, que afectaría a los límites del recinto portuario, así como de un plan de emergencias exterior, en los que se procuren medios y protocolos de intervención que eviten accidentes o que concreten cómo afrontarlos, en el caso de que lleguen a producirse.

En esta línea, las mismas fuentes insistieron en que el recinto portuario carece de una dotación de bomberos para poder atender un posible incendio y recalcaron que, en esos planes de emergencia, deben recogerse medidas estrictas que "no se van a poder cumplir por la cercanía de la instalación que se plantea respecto a zona habitada". De igual modo, recalcaron que en esos planes de emergencia se debe considerar, también, "el tránsito de camiones cisterna cargados de carburantes en pleno casco urbano", lo que multiplicaría el riesgo de deflagración en caso de accidente.