ALICANTE. La propuesta pergeñada por el equipo de gobierno de Alicante, el bipartito que integran Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), para transferir a Suma la recaudación de los impuestos municipales seguirá en barbecho a la espera de que se someta a una revisión desde el punto de vista técnico y de que se alcance el consenso político necesario para su aprobación en pleno, según se avanzó este martes. En ese momento, los portavoces del bipartito, Antonio Manresa y Manuel Villar, apuntaron que el planteamiento seguía vivo, por lo que no se habría renunciado a él, aunque, según concretaron fuentes consultadas este miércoles, todavía debía madurarse para que pudiese contar con el beneplácito de la mayoría de la corporación.

En principio, la pretensión del bipartito es completar los informes técnicos que deben acompañar la propuesta y tratar de hacer pedagogía para que las formaciones que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento -y también el ámbito social, en el que ya han surgido voces contrarias- valoren las ventajas que, a juicio de PP y Cs, puede suponer la encomienda de gestión que se pretende. Para ello, se contaría con un margen de varios meses por delante para que el acuerdo llegue a aprobarse, ya que el calendario de pago de los tributos locales arranca en el mes de marzo y sería Suma la que se adaptaría a ese calendario, y no a la inversa, según recalcaron fuentes del bipartito consultadas. 

Entre tanto, las mismas fuentes precisaron algunas de las otras posibles claves que conllevaría ese traspaso de competencias, al margen de las ya detalladas por el alcalde, Luis Barcala, durante la primera semana de septiembre. Entre ellas, el primer edil señaló que se pretendía ampliar el servicio de información y atención presencial a los ciudadanos aprovechando la red de oficinas de Suma; la posibilidad de que esa atención se ofreciese en varios idiomas; la oportunidad de liberar a parte de los funcionarios de la Concejalía de Hacienda que ahora se ocupan de la recaudación para que desempeñasen otras labores de apoyo al área económica y a la Intervención municipal; o la posibilidad de que los contribuyentes pudiesen acogerse a un sistema de pago flexible, con posibilidad de fraccionar los impuestos en varios plazos. 

Este último ha sido, junto al coste estimado de un millón de euros anuales con cargo a las arcas municipales, el aspecto más criticado por el conjunto de los grupos de la oposición, hasta el punto de que sus representantes hayan señalado que, en realidad, no existía ningún impedimento de tipo legal para que el Ayuntamiento aplique esa misma fórmula de pago fraccionado sin necesidad de recurrir a Suma. Así, con mayor o menor intensidad, PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox han considerado que la cesión de la recaudación al organismo tributario de la Diputación no estaba justificado más allá de calificarlo como un "regalo político" al titular de la institución provincial y presidente del PPCV, Carlos Mazón.