ALICANTE. El futuro del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2021 encarrila la última fase de tramitación previa a su debate en el pleno con la resolución de algunas de las incógnitas de las que puede acabar dependiendo el voto de los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox). O, al menos, de algunos de ellos. 

A la espera de que el departamento de Intervención concluya su labor de fiscalización sobre la propuesta trazada por el equipo de Gobierno (PP y Cs), la primera de esas dudas por despejar quedó resuelta este lunes por boca de la edil de Hacienda. En la comparecencia pública organizada para presentar el nuevo portal web de los mercados municipales, la popular Lidia López concretó que, finalmente, se había decidido incorporar una partida simbólica de 100.000 euros para poner en marcha el bono cheque destinado a impulsar las ventas del comercio local: la mitad de los fondos previstos para poner en marcha los bonos de la hostelería (en ese caso, 200.000 euros), como se concretó en la presentación del borrador de presupuesto.

En esta línea, López señaló que esa cantidad era, en realidad, una suma inicial, que se podría ampliar en el futuro en función de los resultados obtenidos. Además, apuntó que la cifra se había cerrado en respuesta las peticiones de aclaración formuladas por los grupos opositores en el proceso de conversaciones sobre la confección del presupuesto.

La segunda de las incógnitas comenzó a desvelarse también este lunes en el transcurso de la Junta de Portavoces. En ese encuentro, el alcalde, Luis Barcala, concretó que los técnicos municipales se inclinaban por crear una nueva línea de subvenciones directas a la hostelería como fórmula para canalizar la devolución del 100% de las tasas de veladores abonadas desde el inicio de la crisis sanitaria: uno de los requisitos esenciales delimitado por Vox como condición para no bloquear la aprobación del presupuesto.

En principio, con ese mecanismo de las subvenciones, se zanjaría las contradicciones entre la legislación estatal (que establece la obligación de cobrar tasas por el importe proporcional a la actividad desarrollada) y los decretos de Alcaldía con los que se trataba de acordar su bonificación total.