ALICANTE. La planificación trazada por el equipo de gobierno (PP y Cs) para crear al menos una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Alicante amenaza con dividir a las tres fuerzas que comparten el espacio político del centro derecha. Por lo pronto, el grupo municipal de Vox ha anunciado este miércoles su rechazo a la iniciativa promovida por el bipartito en un contexto en el que sus dos concejales tratan, como mínimo, de escenificar cierto distanciamiento respecto a los dos partidos aliados en la gestión municipal a semanas de que se pueda plantear una posible negociación del presupuesto municipal de 2022. Vox ya ha advertido de que no está dispuesto a pactar su aprobación salvo que PP y Cs pidan disculpas por secundar una iniciativa de Compromís, aprobada en el pleno de julio, en la que, a juicio de los representantes de Vox, se relacionaba las intervenciones del partido "en las instituciones y en medios de comunicación con asesinatos de personas inmigrantes, mujeres y homosexuales".
Al tiempo, Vox también ha reprochado al equipo de gobierno su rectificación respecto a la renuncia anunciada por la edil de Educación, Julia Llopis, a participar en la convocatoria de ayudas para la organización de actividades extraescolares puesto en marcha por la Conselleria de Educación (para este curso, 5,9 millones frente a los 9 que se que habilitaron en el curso pasado). Vox llegó a acusar al equipo de gobierno de "hincar la rodilla" ante el departamento autonómico que coordina Vicent Marzà (Compromís).
Ahora, portavoces de Vox añaden un nuevo elemento de divorcio respecto a las decisiones de PP y Cs al oponerse a la propuesta aprobada en Junta de Gobierno para que el Ayuntamiento se adhiera a las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el fin de impulsar esas medidas de reducción del tráfico en el horizonte del año 2023. Según Vox, la puesta en marcha de esas medidas supondría implantar una réplica al sistema de "Madrid Central" que el partido de Santiago Abascal ya rechazó en la capital. A juicio del portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, la implantación de los dos anillos previstos sobre los ejes del Centro Tradicional y la Gran Vía (con límites a la circulación de vehículos en función de cuál sea su sistema de motorización: contaminante o no) generará "graves desigualdades entre los alicantinos en nombre de la 'religión climática progre' que obligará a los ciudadanos a comprarse coches eléctricos si quieren seguir transitando por su ciudad con la libertad de la que hoy disfrutan".
Para Ortolá, "con el 'Alicante Central' de Barcala, solo los ricos que puedan permitirse gastarse más de 40.000 euros en este tipo de vehículos podrán visitar el centro de la ciudad; y eso, pensábamos, iba en contra de la ideología supuestamente liberal del Partido Popular. Desde Vox vamos a emprender una oposición frontal a este claro ejemplo de rendición a los dogmas impuestos al amparo de la maldita Agenda 2030 que vulnera derechos y libertades individuales hasta ahora perfectamente protegidos", ha abundado.
Es más, ha añadido que, en su opinión, "es evidente que Barcala y su gobierno se han 'podemizado' y que el inasumible precio lo terminarán pagando, como siempre, los alicantinos. Si quiere enarbolar la bandera del ecologismo para castigar a los ciudadanos tendrá que aprobar esto con la izquierda, que fue quien ideó y planificó toda esta pantomima", ha añadido, en alusión a la Ley de Transición Ecológica y los preceptos que obligan a acordar la implantación de ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes.
