ALICANTE. La empresa XC Business 90 que promueve la instalación de una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante se ajusta a los últimos requerimientos formulados por la Concejalía de Urbanismo en septiembre de 2019, cuando se comunicó el decreto de denegación de licencia por silencio administrativo positivo, y aporta toda la documentación del proyecto que se le había reclamado en fase de subsanaciones. 

Se trata de un paso, cumplimentado el pasado mes de diciembre, con el que se daría por completado la tramitación del expediente de solicitud de licencia. De ahí que, según fuentes consultadas, debería producirse una resolución respecto a esa petición de permiso de obra en el normal desarrollo de su tramitación ordinaria (al margen de que se hubiese excedido el plazo de respuesta de la administración, lo que habría dado lugar al ya citado silencio administrativo positivo), ya sea en sentido favorable o desfavorable.

En esos informes adicionales se incluyen los documentos acreditativos solicitados hace cuatro años. Primero, la justificación de que el proyecto con el que se produjo la modificación de la concesión de la que dispone TMS sobre la terminal de mercancías es el mismo que se registró ante el Ayuntamiento de Alicante en 2013. Segundo, la justificación de la transmisión de derechos entre la concesionaria de la terminal y XC Business para poder desarrollar la planta de almacenaje entre sus muelles 19 y 21. Tercero, la justificación de que el proyecto con el que se solicitó licencia cumple la normativa que le resulta de aplicación en la actualidad. Y cuarto, la presentación de un estudio de integración paisajística para evaluar el posible impacto (desde el punto de vista visual y arquitectónico, que no ambiental) que supondría la instalación de los tanques.

Al tiempo, esa documentación se amplía con la aportación del plan de seguridad y emergencias, según confirmaron fuentes municipales y fuentes de la compañía, a pesar de que, en principio, ese informe -avalado por entidades certificadoras, según la empresa- quedaría sujeto a la evaluación de la Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia e Interior que coordina Elisa Núñez, sin que su supervisión quedase entre las competencias municipales. En esta línea, como informó este diario, XC Business mantiene que ese plan de seguridad no resulta necesario para que se despache el trámite de la resolución de la licencia de obra, puesto que su presentación solo resultaría exigible en el momento en el que se demande la concesión del permiso de actividad para la hipotética puesta en funcionamiento de las instalaciones.

Así, ese filtro autonómico respecto al plan de seguridad -cuyo contenido no ha trascendido todavía- pasaría por ser uno de los últimos escollos pendientes para que la Generalitat y el Ayuntamiento dilucidasen sobre la viabilidad del proyecto, después de que hasta dos informes evacuados entre finales de 2020 y mayo de 2021 por el servicio de evaluación ambiental de la entonces Conselleria de Transición Ecológica y por la Abogacía de la Generalitat -cuyo contenido no trascendió hasta este martes- concluyesen que el proyecto no queda sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental al haberse registrado antes de la entrada en vigor de la Ley 21/2013, que sí lo establece desde diciembre de 2014 como requisito obligatorio para una instalación como la pretendida por XC Business.