ALICANTE. La cercanía del pleno sobre el debate del estado de la ciudad de Alicante, el próximo martes, alentó este viernes a los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento a anticipar parte de las posiciones políticas que podrían hacer valer en en el desarrollo de esa sesión. Hubo al menos dos movimientos en esa dirección en las dos comisiones municipales de pleno que se habían convocado: la de Presidencia y la de Hacienda. En principio, en las dos se preveía adoptar decisiones sobre acuerdos que podrían considerarse hasta cierto punto anodinos, casi de trámite, en los que no se esperaba controversia. Pero, al final, el enfrentamiento también acabó haciendo acto de presencia.
En la primera de esas comisiones, la de Presidencia, el equipo de gobierno -el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs)- contó con los votos de PSOE, Unides Podem EU y Compromís para que el Ayuntamiento pueda adherirse a la Red de entidades locales para la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cumplimiento de la Agenda 2030. Sin embargo, el acuerdo no sumó el apoyo de Vox. Más bien todo lo contrario. Su portavoz, Mario Ortolá, votó en contra y expresó su queja de que el Ayuntamiento pueda verse vinculado con algún tipo de obligación económica a partir de esa adhesión, tras una intervención en la que volvió a recurrir al negacionismo de su formación sobre la existencia de una emergencia climática a la que responder.
Lo cierto es que no es la primera ocasión en la que Vox usa ese discurso para desmarcarse del resto de formaciones políticas. De hecho, ya ha advertido que se opondrá a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ha planteado el equipo de gobierno con restricciones a la circulación en el Centro para adaptarse a lo previsto en la Ley de Transición Ecológica para las ciudades de más de 50.000 habitantes. Se trata de un motivo de desencuentro en el que Vox no está dispuesto a secundar a PP y Cs, pese a que sí ha venido prestándoles un respaldo generalizado en la mayoría de las decisiones principales desde el inicio de mandato (salvo en la aprobación del catálogo de protecciones, por ejemplo). Así, todo parece indicar que esa será una de las líneas argumentales de la intervención de Ortolá en el debate sobre el estado de la ciudad, en un intento de buscar un espacio propio entre el electorado que pueda sentirse afectado por esas limitaciones a la movilidad.
En la segunda de las comisiones, la de Hacienda, fue el PSOE el que protagonizó el único rifirrafe político de la sesión por un asunto no incluido en el orden del día (solo se preveía el nombramiento de los suplentes en el Tribunal Económico municipal y el rechazo a una solicitud de bonificación fiscal en el IBI planteada por una empresa). ¿Qué fue lo que motivó la controversia? La pregunta formulada por el edil socialista Miguel Millana sobre las causas que habían impedido que se convocase una comisión específica para poder analizar la propuesta socialista de crear un fondo de participación empresarial de hasta 20 millones como medida de apoyo al tejido productivo de la ciudad. Se trata de una de las propuestas fundamentales formuladas por el PSOE en el pacto firmado con Cs durante la negociación de los presupuestos de 2021 que no ha llegado a tener desarrollo. La respuesta ofrecida por el secretario municipal fue que la solicitud de convocatoria de esa comisión específica no se había registrado con las firmas debidas. No obstante, los representantes del equipo de gobierno se mostraron abiertos a convocarla si se volvía a solicitar. Otra cosa es que se vaya a acceder a crear ese fondo.
Así, todo parece indicar también que el bloqueo a su creación será uno de los temas que el PSOE pueda utilizar como ariete frente al bipartito en su análisis sobre la situación de la ciudad. Máxime porque en las filas socialistas se considera que ese fondo continúa siendo necesario tras el análisis de los indicadores económicos que apuntan que la recuperación tras la covid no va a ser rápida.
El resto de los elementos a los que el conjunto de los grupos opositores pueden hacer mención a lo largo del debate, pueden ser más o menos coincidentes con los que se plantearon en la sesión de 2020. Entonces, PSOE, Unides Podem EU y Compromís ya recriminó al bipartito por dos cuestiones centrales: la falta de gestión para atender las necesidades generadas por la crisis sanitaria y la pérdida de crédito que le atribuyen por el incumplimiento de las promesas realizadas.