ALICANTE. La sentencia sobre la presunta trama de las basuras de Orihuela que dio origen al caso Brugal conocida este miércoles puede acabar dinamitando el conjunto de las investigaciones que se derivaron de esa causa matriz. Entre ellas, dos de las de mayor relevancia son las que afectan a la adjudicación irregular de la planta de residuos de la Vega Baja, concedida a la UTE conformada por Cespa-Ortiz, y al supuesto amaño en la redacción del Plan General de Alicante, en la que los acuerdos de conformidad alcanzados hasta ahora habían acorralado las posiciones de sus principales encausados.
Como mínimo, aunque cada tribunal es independiente para adoptar sus propias decisiones en función de las circunstancias de cada caso, la nulidad de las pruebas acordada por el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial que ha motivado la absolución de los 34 acusados (entre ellos, los exalcaldes oriolanos del PP, José Manuel Medina y Mónica Lorente) ofrece una baza de peso a los excargos políticos implicados en esos dos procesos frente a la estrategia que puedan poner en práctica la Fiscalía Anticorrupción y el resto de las acusaciones. Esos exdirigentes son el expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, y de los exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Los tres, también del PP.
Así lo consideraron, al menos, los letrados que asumen sus respectivas defensas, Fernando Candela, Vicente Grima e Ignacio Gally a consulta de Alicante Plaza. Pese a que los tres coincidieron en expresar cautela hasta conocer en profundidad el alcance de la sentencia (sobre todo, en el caso de Grima, que eludió desvelar cuáles serían sus pasos a seguir en el proceso), sí señalaron que en mayor o menor medida ya han venido planteando durante la instrucción de las dos causas sus respectivas peticiones de nulidad de los pinchazos telefónicos practicados al considerar que se realizaron sin las garantías legales necesarias. Y que, por lo tanto, se había vulnerado los derechos de sus defendidos, como subraya ahora el fallo de la Sección Séptima. En esta línea, las defensas de los tres expolíticos incidieron en que, probablemente, volverán a plantear esa circunstancia en cuanto los dos procesos lleguen a juicio, a la vista del fallo sobre la contrata de residuos de Orihuela, ya que las tres causas se sustentan a partir de esos pinchazos telefónicos iniciales. Con la información que se obtuvo a través de ellos, se fueron desgajando investigaciones paralelas hasta que se produjo el arresto de algunos de los principales implicados en las tres causas, en julio de 2010.
Hasta el momento, la única de esas dos causas que sí tiene fecha cierta para la celebración de juicio es la que atañe al presunto trato de favor que, según los investigadores, se habría conferido al promotor Enrique Ortiz en el planeamiento urbanístico de Alicante. Como viene informando este diario, salvo cambio improbable, la vista arrancará el próximo 30 de junio con una primera sesión en la que se plantearán las cuestiones previas. Le seguirá una segunda jornada el 7 de julio. Y el proceso (de retomarse) debería continuar el 23 de septiembre.
El juicio sobre la adjudicación supuestamente irregular del vertedero de la Vega Baja continúa sin señalarse. De hecho, la fecha para su desarrollo dependía del fin del proceso sobre la causa de las basuras de Orihuela, ya que también será juzgado por un tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche. Ahora, además, esa fecha queda condicionada por el desarrollo del juicio sobre el Plan General de Alicante, puesto que en ambos procesos se requiere la participación de los fiscales Anticorrupción, Felipe Briones y Pablo Romero.
