ALICANTE. El Partido Popular (PP) de Alicante trata de sortear otro obstáculo en la recta final del mandato con la marcha en diferido del todavía concejal de Fiestas, Partidas Rurales y Participación Ciudadana (además de Ocupación de Vía Pública), Manuel Jiménez, que deja a su grupo municipal con siete representantes en la corporación, tras el abandono previo de la ya exconcejal de Educación, Julia Llopis (ahora, incorporada en la candidatura autonómica de Vox).
Los populares -con el alcalde y presidente de la agrupación local, Luis Barcala, al frente- consensuaron con el expresidente de la Federació de Fogueres (una responsabilidad que desempeñó entre 2012 y 2019) una especie de salida honrosa de la política municipal después de que trascendiese que promovió la adjudicación de tres contratos menores con empresas representadas por personas de su círculo de conocidos en el mundo de las Hogueras. El primero, la redacción del proyecto para la instalación de una pérgola en la plaza de La Alcoraya, por 5.820 euros; el segundo, el de su construcción e instalación, por 44.379 (que se encargó a la empresa que había ejecutado una reforma por unos 11.000 euros en el domicilio del concejal un año y medio antes); y el tercero, la fabricación de paneles informativos situados en esa partida y en otras cuatro más, por 11.519.
Esos contratos menores (con un coste global de 61.718 euros, aunque cada uno de ellos por debajo del máximo legal de 50.000 euros previsto en el caso de las obras) se adjudicaron en el último tramo de 2022 mediante la tramitación de tres procedimientos negociados distintos. Es decir, una fórmula habitual en la administración, más ágil y restringida que un concurso abierto a la pública concurrencia, pero no de encargo directo, por la que se invita a un mínimo de tres firmas a presentar presupuestos para acabar escogiendo el más económico.
Se da la circunstancia de que los tres contratos se tramitaron en paralelo a los de otras dos actuaciones desarrolladas en el mismo entorno de la plaza de La Alcoraya: la instalación de aparatos biosaludables, por 57.335 euros, y la reforma y reparación del escenario, por 27.757. En ambos casos, la concejalía promotora fue la de Infraestructuras, que también asumió el coste de la construcción de la pérgola y supervisó su contratación y ejecución.
Las cinco contrataciones se ajustarían al trámite administrativo sin que se hubiese registrado ninguna irregularidad, según la tesis que se sigue manteniendo tanto en el PP como en el seno del equipo de gobierno: el bipartito compuesto por los populares y por Ciudadanos (Cs). A partir de ahora, está por ver si de las acciones anunciadas por los grupos progresistas -entre las que se ha anticipado una denuncia en Fiscalía- se puede acabar desprendiendo el inicio de diligencias por un supuesto de prevaricación o de fraude por fraccionamiento en la contratación.
Sea como fuere, la polémica desencadenada llevó a acordar la salida de Jiménez en dos tiempos. Primero, la renuncia a figurar en la candidatura del PP para los comicios del próximo 28 de mayo, en la que estaba destinado a ocupar la octava plaza. Y segundo, la entrega de su acta de concejal, después de comparecer en el pleno del 27 de abril para dar explicaciones sobre "la completa legalidad" de los contratos bajo sospecha.
Así, después de tres días de las lógicas embestidas de las fuerzas del eje progresista, se convino que no cabía otra opción que ceder frente a las acusaciones de amiguismo y clientelismo y procurar su marcha "para no perjudicar" al PP en la antesala de la cita con las urnas en la que su candidato se juega la reelección.
