ALICANTE. La primera ronda de declaraciones en la causa por un supuesto delito de prevaricación administrativa relacionado con la cesión de uso del edificio del antiguo Parque de Bomberos de la calle Italia se amplía -tras conocerse la comparecencia de la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, como testigo- con la citación de una decena de investigados. Entre ellos figura la actual concejal de Empleo y responsable de la Agencia de Desarrollo Económico, la popular Mari Carmen de España, y quien fuera concejal de Urbanismo durante el pasado mandato, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ahora apartado de la gestión municipal, después de que su partido no lograse representación en las elecciones de mayo de 2023.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante ha fijado las comparecencias de ambos para el mes de noviembre, según confirman fuentes consultadas por Alicante Plaza. Para entonces, también deberán declarar bajo la misma condición de investigados (la figura que sustituye a la antigua imputación) los jefes del servicio jurídico de Urbanismo y del servicio de Obras, responsables de la empresa Aguas Municipales de Alicante y representantes de la constructora que llevó a cabo las obras de reforma de la planta baja del edificio, de titularidad municipal, para que pudiese acoger la sede del Centro de Inteligencia del Agua (CIA).
Las citaciones responden a la solicitud registrada por la Fiscalía Anticorrupción después de que, el pasado mes de mayo, decidiese cerrar las diligencias de averiguación preprocesal que inició a partir del escrito de manifestaciones presentado por el grupo municipal del PSOE y acordase la presentación de denuncia en los juzgados para que se dilucidasen los hechos.
En esa denuncia, la Fiscalía advertía indicios de un delito de prevaricación administrativa por el hecho de que se hubiese acordado la cesión de uso del edificio del antiguo Parque de Bomberos para que pudiese desarrollarse el proyecto del CIA en el marco de la estrategia municipal Alicante Futura (con la que se aspira a promover la diversificación de la economía) a pesar de que la parcela en la que se ubica dicho inmueble está destinada a albergar un uso docente, según las delimitaciones recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, aprobado en 1987.
Es decir, que esa pastilla de suelo comprendida entre las calles Italia, Portugal y Arzobispo Loaces, con fachada en Plaza Séneca, queda reservada para la construcción de un centro educativo, a pesar de que ha venido teniendo otros usos distintos a esa finalidad hasta ahora: desde el Parque de Bomberos, hasta acoger las dependencias de Protección Civil, pasando por el centro de interpretación de la memoria de la Casa de Máquinas.