Las instalaciones del antiguo parque de Bomberos de la calle Italia, que acogerán el Centro de Inteligencia del Agua.ALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción asume la denuncia presentada por el grupo municipal del PSOE e inicia el habitual proceso de investigación sobre las supuestas anomalías registradas en la cesión de la planta baja del antiguo parque de bomberos de la calle Italia como sede del futuro Centro de Inteligencia del Agua (CIA): un centro dedicado a la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión del agua promovido por Aguas de Alicante, en colaboración con el mismo Ayuntamiento de Alicante, en el marco de la estrategia de diversificación y digitalización de la economía Alicante Futura.
En concreto, los fiscales adscritos a Anticorrupción acaban de poner en marcha la tramitación habitual con la citación de la portavoz y la portavoz adjunta del PSOE, Ana Barceló y Trini Amorós, para que presten declaración este miércoles y procedan a ratificar la denuncia presentada el pasado 18 de octubre.
En ese escrito, dirigido de hecho a la Fiscalía Anticorrupción, el PSOE solicitaba que se incoasen las averiguaciones oportunas para precisar si la ejecución de las obras del CIA puede ser constitutiva de una infracción urbanística que conlleve la comisión de un delito de prevaricación administrativa, en la medida en que dicho proyecto pretende conferir un uso de carácter administrativo al edificio, a pesar de que la parcela sobre la que se asienta tiene la calificación de dotacional educativo en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Al proceder al registro de la denuncia, tanto Barceló como Amorós señalaron que el equipo de gobierno no disponía de "carta blanca" para tomar cualquier tipo de decisión y que, en el caso concreto de la cesión de los bajos del edificio del antiguo parque de Bomberos, se debería haber promovido una modificación puntual del PGOU para que el solar dejase de quedar reservado a la construcción de colegios para poder dar encaje a otros usos, como el administrativo que se pretendería desarrollar con la puesta en marcha del CIA.
Por su parte, el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha defendido este martes, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno, que se ofrecerá toda la colaboración a la Fiscalía con la entrega de cuanta documentación se solicite, aunque ha incidido en que "partimos de la premisa de que [la cesión del solar] se hizo correctamente". "Si piden documentación, se enviará", ha insistido.
Como informó este diario, la edil de Empleo, Mari Carmen de España, ya había mantenido esa misma posición en cuanto el PSOE advirtió de la presunta existencia de anomalías en la cesión de ese solar (y solicitó que las obras de adaptación del local se paralizasen), al señalar que el PGOU amparaba esa posibilidad de transferencia de uso de las instalaciones con carácter provisional, hasta que se pudiese tramitar la correspondiente modificación del planeamiento. Además, también apuntó que no existía ninguna previsión de que ese suelo quedase sujeto a la construcción de un futuro equipamiento educativo.
