ALICANTE. La hostelería y el ocio es, junto al comercio, uno de los sectores económicos más directamente afectados por al orden de confinamiento general acordado con la declaración del Estado de Alarma. El Real Decreto 463/2020 les obligó a echar la persiana sin tiempo de transición como sí lo tuvo la industria no esencial, hasta que también entró en vigor su paralización. Esa situación les ha llevado a cancelar eventos que ya tenían programados previamente para estas fechas (como por ejemplo, bodas o comuniones). Y, por si fuera poco, ahora, restaurantes, bares, cafeterías y pubs se enfrentan al temor de ser la última actividad que pueda recuperar un funcionamiento habitual en cuanto se levante la situación de emergencia sanitaria y se den por superadas las medidas de restricción a la movilidad.
De ahí que la Asociación Provincial de Empresarios Hosteleros de Alicante (APEHA), la Asociación de Locales de Ocio y Restaurantes de Alicante (Alroa) y la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) soliciten ya medidas que contribuyan a reducir el impacto sobre los balances de sus negocios: un listado de reivindicaciones al que tratan de acogerse como tabla de salvación que permita la supervivencia del sector, formado en su mayor parte por pymes y autónomos. Algunas de esas peticiones, ya se hicieron públicas el pasado 1 de abril, en consonancia con la posición mantenida por la patronal autonómica, Conhostur.
En esta línea, la presidenta de APEHA, María del Mar Valera, insistió en que las medidas aprobadas hasta ahora por el Ejecutivo central no servirán "de alivio". "La moratoria del pago de los seguros sociales durante seis meses no es la solución. Seguimos reclamando la necesidad de exonerar el pago de impuestos y cuotas a la Seguridad Social. Las empresas de hostelería ahora mismo no pueden permitirse generar deuda con la Administración que supone añadir una mayor carga a la que ya se están encontrando con el negocio cerrado sin poder generar ingresos y teniendo que hacer frente al pago de las nóminas, el alquiler, los gastos fijos de suministros, los pagos a los proveedores, etc", concretó. Además, reseñó que, a 31 de marzo, "los autónomos tuvieron que afrontar el pago de la cuota en una situación en la que no pueden generar ningún ingreso. Son necesarias medidas excepcionales para la situación excepcional que se está viviendo. Especialmente, además en la Comunitat, donde los hosteleros se han visto afectados por la suspensión de las Fallas, la pérdida de la temporada de Semana Santa y el aplazamiento de las Hogueras de San Juan", añadió.
En esta línea, consideró necesario que se arbitren medidas para afrontar el pago de los alquileres. "La hostelería queda desprotegida al no aplicarse ninguna medida en este sentido que ayude al sector y se deja todo a la buena voluntad del propietario del local en la negociación con el hostelero, que en muchos casos están teniendo que hacer frente al pago del alquiler a pesar de tener el negocio cerrado desde el 14 de marzo", abundó, para describir una situación que también está afectando al comercio.
Por su parte, el presidente de ARA (que agrupa a cerca de 60 establecimientos hosteleros de Alicante), César Anca, muestra su preocupación por el escaso alcance que puede llegar a tener algunas de las medidas anunciadas hasta ahora para dar cobertura a pymes del sector, como los préstamos ICO. En este sentido, señala que "es una ayuda que no va a llegar al pequeño establecimiento, que a lo mejor ya ha asumido un riesgo económico mediante créditos previos". Así, reclama que se habiliten otros medios para procurar la liquidez necesaria que permita mantener la actividad en el sector.
Además, también reivindica "flexibilidad" con los ERTE, "porque en cuanto se supere la declaración del Estado de Alarma, muchos restaurantes no van a poder reabrir al 100% de su actividad habitual y a lo mejor no es posible reincorporar a todas sus plantillas". "Muchos no van a ser capaces de asumir las cuotas de la Seguridad Social y los salarios, así que pedimos algún tipo de sistema que permita ir incorporando poco a poco a esos empleados". "Nosotros fuimos los primeros que vimos llegar la situación y, por responsabilidad, solicitamos al Ayuntamiento y a la Subdelegación del Gobierno que acordase nuestro cierre el mismo día 13 de marzo, siendo consciente del riesgo que supone la concentración de personas en nuestra actividad", relata. "Por eso también pedimos ahora que se proporcione ese paraguas de medidas adicionales para lograr salvar las empresas y los puestos de trabajo que crean", añade.
Por último, y justo en ese misma dirección, también reclama que se habilite algún tipo de regulación o de mediación para "negociar el tema de los alquileres de los establecimientos; no se nos puede dejar abandonados para que resolvamos esa situación nosotros solos, sino que necesitamos que la administración coja el toro por los cuernos y habilite algún tipo de medida en esa línea", señala.
Se trata de una situación también compartida por los asociados de Alroa. Su portavoz, Francisco Javier Galdeano, señaló que la recomendación que se está facilitando desde la asociación sobre la cuestión de los alquileres es la de negociar caso por caso acuerdos que, por ejemplo, contemplen el aplazamiento de las cuotas de los meses en los que se prolongue la situación de cierre, de modo que se prorratee su pago a lo largo de los doce meses siguientes. "No creo que nos valga el informe de recomendaciones facilitado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en el sentido de que esos contratos de alquiler queden suspendidos de manera automático; lo razonable es ir a concertar aplazamientos con cada casero para no enfrentarnos a futuros litigios por procedimiento de desahucio", insistió.
