ALICANTE. La Fiscalía mantiene su acusación contra el exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, en el juicio por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio. Así lo ha manifestado el acusador público, el delegado de Anticorrupción, Felipe Briones, en la cuarta jornada del proceso, después de que se haya concluido la toma de declaración de los representantes de las empresas beneficiarias de los contratos, citados como últimos testigos.

Briones ha confirmado al cierre de la sesión que elevaba sus conclusiones iniciales a definitivas, por lo que persiste en su solicitud de condena para los tres acusados: 10 años y un día de inhabilitación para el desempeño de cargo público como responsables de un delito continuado de prevaricación administrativa. Las defensas, por su parte, también se han ratificado en su posición por lo que persisten en solicitar la libre absolución de los tres acusados.  

Por lo que respecta a la acusación, el fiscal insiste en considerar que los tres procesados tramitaron los 25 encargos bajo sospecha de manera separada con la supuesta intención de concederlos a quien se pretendía. Así, no ha variado ni modificado en ningún aspecto su escrito de acusación inicial, a la vista de los testimonios ofrecidos en las cuatro sesiones en las que se ha desarrollado la vista desde el pasado lunes. 

Entre esos testimonios, como ha venido publicando Alicante Plaza, los más destacados han sido, primero, el del propio Echávarri, que negó haber tenido participación en el encargo y tramitación de esos 25 contratos (adjudicados de manera directa por un importe inferior a 18.000 euros cada uno de ellos, pero por una suma global de 189.000 euros). También fueron relevantes los de Díez y De Gea que insistieron en defender que el objeto de cada contrato era diferente y que todos ellos se concertaron en momentos distintos. Eso sí, los tres acusados se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalí, pese a que sí lo habían hecho en la fase de instrucción.

Por lo que respecta a los testigos, los testimonios de mayor trascendencia fueron el del interventor municipal, el del jefe de Servicio de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló, y el de los letrados del servicio de Asesoría Jurídica municipal.

El primero sostuvo que sí se produjo un fraccionamiento de contratos y que debieron haberse licitado por lotes, aunque admitió la dificultad que entraña dilucidar si los contratos objeto de discusión constituían una unidad funcional. Es decir, si estaban interconectados. En segundo término, Agulló apuntó que él no había tenido conocimiento previo en 24 de los 25 contratos y que él no los habría tramitado así "nunca". Con todo, también señaló que se tenían "dudas" sobre si había existido o no fraccionamiento porque "esto no es una ciencia exacta". 

Los letrados municipales, Manuel Cordón y Pablo Núñez de Cela, por último, señalaron que, en su opinión, podía haberse registrado alguna anomalía administrativa pero que no se había producido un fraccionamiento de contratos. En esta línea, apuntaron que no lo plasmaron en ningún informe porque no era su función llegar a esa conclusión, sino que era una competencia reservada al interventor.