ELCHE. Este miércoles comparecían la edil de Cultura Marga Antón y el portavoz adjunto, Ramón Abad, para confirmar que no ha habido contrato alguno para los servicios de exhumación en el Cementerio Viejo de la ciudad. Como había adelantado Alicante Plaza, no ha habido relación contractual ni la empresa ha cobrado por las actuaciones realizadas hasta ahora. Sí que se había iniciado un expediente, pero no hay contrato, que debió salir a concurso aunque el trámite quería realizarse como menor. Lo que supone que durante dos meses y medio de los trabajos no ha habido relación contractual, y nadie había reparado en ello hasta entrado en octubre.
Una situación kafkiana que cogió por sorpresa a todo el mundo en el seno del equipo de gobierno, empezando por los concejales y por el propio alcalde, estupefactos ante una situación que según defienden desde las filas socialistas, se debe, en términos cinematográficos, a una serie de catastróficas desdichas. Una cadena de errores y de "descoordinación entre concejalías (Urbanismo y Cultura)", defendía Antón, y que había supuesto dar por hecho que se habían dado los pasos habituales en estos trámites sin que así fuese. Algo que ha supuesto trabajar sin contrato casi un trimestre, sin que ninguna de las partes aparentemente se diera cuenta de esta anomalía. No obstante, algunas de las justificaciones no concuerdan con la sucesión de los hechos. Que por otra parte, no se habrían conocido sin la duda que había planteado el Partido Popular en el pleno del lunes.
El Ejecutivo cree que la situación no tiene recorrido judicial
De hecho, los populares acudirán a los tribunales, aunque aún están analizando y desarrollando el cómo, pero apuntan a la falsedad documental y prevaricación. En el seno del equipo de gobierno creen que no tendrá recorrido. Eso sí, han tardado dos días en dar explicaciones sobre lo sucedido —la rama socialista, a quien corresponden sendas concejalías—, y tan solo lo han hecho Antón y Abad. No participaron ni los socios de gobierno, ni el alcalde Carlos González, ni la edil de Urbanismo Ana Arabid, ni el portavoz titular, Héctor Díez, a quien Abad disculpó en la comparecencia porque se encontraba fuera de la ciudad este miércoles. Aunque sí se afanó en dejar claro que Antón tiene "todo el respaldo del equipo de gobierno" y que daría todas las explicaciones pertinentes a nivel público o en las instituciones. Además de incidir en que no había habido ni "mala fe" por parte de los técnicos, ni voluntad de dar a dedo el contrato a Drakkar Consultores, contratista frecuente del Consell para realizar exhumaciones.
Una serie de catastróficas desdichas con una versión oficial que no cuadra
Empezaba la edil la comparecencia yendo al grano: "no hay contrato, se paró cuando se encontró que faltaba en el expediente". Algo que según defiende, fue el 20 de octubre, para posteriormente, el 21, paralizar una intervención que había empezado el 12 de agosto. Sin embargo, es esta una de las cuestiones que no cuadran, porque el PP ya había presentado el 8 de octubre por registro que se les entregara el contrato, así como conocer quién era el responsable y los plazos, conocedor de que 'había algo'. No hubo ninguna respuesta clara —ni respuesta al registro, con 5 días de margen para contestar a los concejales—, por lo que ante el silencio, las llamadas de la Concejalía no atendidas, y la empresa que no hace declaraciones —tampoco ante los medios—, presentaron la cuestión por urgencia en el pleno. Como dice el refranero español, cuando el río suena, agua lleva.