ELCHE. Hasta casi el tiempo de descuento de 2022 seguirá el Palacio de Congresos en su laberinto. Al menos la expropiación del suelo. Los plazos para amarrar los 4,4 millones de euros para la enajenación del terreno y no tener que esperar a un futuro remanente a lo largo de 2023 empiezan a poner en alerta a Ayuntamiento y Diputación. Ambas partes evitan hablar de polémica para no enturbiar un proyecto 'común', aunque una está molesta con la otra y viceversa por todo lo que se ha dilatado. Este viernes el alcalde Carlos González decía no entender las demoras, calificándolas de "excesivas e injustificadas", mientras que desde la entidad provincial achacan ello a lo que ha tardado el Consistorio en las tramitaciones. Con todo, aseguran que "no se perderá el dinero", explican desde la misma.

Subvención vía decreto la próxima semana

A este respecto, el diputado y también concejal del Ayuntamiento ilicitano, Juan de Dios Navarro, asegura que "vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, no se va a perder el dinero". Si no se amarra antes del 31 de diciembre, se perderá el dinero del remanente y habrá que esperar a un momento indeterminado de 2023 reiniciando el proceso. Asegura que lo tienen todo hablado para que la Secretaría, el departamento de Arquitectura e Intervención aceleren la próxima semana: el objetivo es que a través de un decreto se apruebe la subvención para el Consistorio ilicitano, 4,4 millones de euros acordados con los propietarios del solar frente a la UMH. Pero, ¿por qué se ha llegado hasta este punto? Es aquí donde ambas partes difieren, evitando cruzar declaraciones, pero una culpa a la otra, aunque 'educadamente', de este retraso. 

Ayuntamiento: "trámites dilatados", Diputación: "trámites necesarios y lentitud municipal"

Para el regidor ilicitano, y sin decir directamente que haya sido adrede, entienden que la Diputación ha dilatado pequeños trámites intermedios que se podrían haber agilizado para haber culminado ya la enajenación. En su relación de los acontecimientos, el 14 de diciembre —cuando finalizaba el plazo de alegaciones a la modificación presupuestaria provincial— envió a la Diputación el acuerdo de los propietarios con la expropiación (declarado así ante notario el 30 de noviembre), pero no es hasta siete días después cuando la institución provincial cita a la edil de Urbanismo el miércoles 21 asegurando señalando que falta la declaración responsable de que el Ayuntamiento está al corriente de sus obligaciones tributarias, así como que se especifique que el dinero irá destinado a los terrenos acordados. E incidía en que después de la aprobación de la Diputación de la modificación presupuestaria para la subvención, el 9 de noviembre, "tardó hasta nueve días en publicar en el BOP dicha aprobación". También se quejó hace meses que la modificación de las cuentas se podía hacer una vez iniciado el expediente de expropiación forzosa.