ALICANTE. El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia encargado de enjuiciar el presunto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el caso Brugal, ha admitido el escrito de renuncia al acuerdo de conformidad suscrito por el constructor Enrique Ortiz, presentado por su defensa el pasado 23 de junio, tras descartar la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, este lunes, en la que solicitaba que se dejase sin efecto la validez de esa retractación.
Tras un breve receso en el desarrollo de la vista para adoptar una decisión definitiva, la presidenta del tribunal, Monserrat Navarro, ha apuntado que, en los casos en los que no exista conformidad de todos los acusados en un juicio, debe escucharse a los interesados para que expresen si ratifican o no sus respectivos escritos de confesión en el inicio de la vista. En ese trámite, tanto Ortiz, como su hermano, Virgilio Ortiz, y Santiago Bernáldez (vinculado a las empresas del constructor), han confirmado que renunciaban a sus escritos de confesión.
Por su parte, el promotor ilicitano, Ramón Salvador, que también había alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y Esquerra Unida (EU), sí ha ratificado ese pacto, con lo que acepta la pena acordada. Su condena, eso sí, queda aplazada hasta el momento en el que se dicte la sentencia para el conjunto de los nueve procesados.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el resto de las acusaciones -que se habían adherido al escrito de la acusación pública en contra de la retirada de la confesión de Ortiz- han hecho constar su queja respecto a la decisión del tribunal.
El juicio ha proseguido, después, con la exposición de las cuestiones previas, en el que el conjunto de las defensas prevén poner el acento en las supuestas incorrecciones cometidas en la instrucción de la causa.
En esta línea, el letrado defensor de Virgilio Ortiz y Santiago Bernáldez, Alejandro Bas, ha sostenido que sus dos representados figuraban como acusados a partir de una intervención telefónica captada a la esposa de Enrique Ortiz, por lo que ha solicitado que se anulase la autorización de esos pinchazos.
La defensa de Sonia Castedo, ejercida por los abogados José María Asencio e Ignacio Gally, ha pedido la incorporación de las distintas decisiones judiciales acordadas sobre el sobreseimiento de las diligencias seguidas a colación del llamado caso Rabasa en el que se investigó si el constructor Enrique Ortiz pudo haber influido en la exalcaldesa en la tramitación del Plan Parcial de Rabasa, en el que se preveía la construcción de 13.000 viviendas, primero, y el desarrollo de una tienda de la multinacional Ikea, después.
Acto seguido, ya en el planteamiento de sus cuestiones previas, los defensores de Castedo han alegado que se había vulnerado su derecho a la defensa en la medida en que, durante la instrucción de la causa, no se le notificó en tiempo y forma el levantamiento del secreto de sumario acordado en junio de 2011 para que pudiese acceder al contenido de las diligencias en el plazo de 20 días, pese a que ella misma había solicitado expresamente con carácter previo que se levantase esa situación.
Según sus defensores, no se le notificó ese trámite porque, para entonces, tras las elecciones autonómicas de 2011, Castedo iba a renovar su acta de diputada autonómica, con lo que adquiría la condición de aforada y el juzgado que dirigía la instrucción en ese momento iba a perder la competencia sobre el asunto. Así, la defensa de la exalcaldesa ha solicitado la anulación de todo lo instruido en relación a esa anomalía.
Pero, además, también ha reclamado la nulidad de todas las escuchas en los que se sustenta la mayor parte de las acusaciones al no disponer de "autorización judicial previa para que se practicasen", según ha subrayado el abogado, José María Asencio. En esta línea, ha sostenido que los hechos investigados en esta causa fueron objeto de un "hallazgo casual" a partir de otra investigación, relacionada con la adjudicación de la contrata de residuos de Orihuela. Así, ha señalado que esas escuchas se obtuvieron "de manera ilícita" y que los hechos hallados debieron remitirse al juzgado que fuese competente en su momento, algo que, según ha remarcado, no se produjo.
