ALICANTE. El juicio sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del caso Brugal, se ha reanudado este miércoles, con la declaración de los acusados, tras las sesiones iniciales para el planteamiento de las cuestiones previas celebradas entre los meses de junio y julio. En contra de lo previsto, como ha informado Alicante Plaza, el primero en comparecer ha sido el promotor ilicitano Ramón Salvador, quien suscribió un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y el resto de las acusaciones, ejercidas por el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida (EU), el pasado mes de febrero. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha explicado que la alteración del orden de las declaraciones obedece a la voluntad de que Salvador pudiese ratificarse en su conformidad. En esta línea, Salvador ha confirmado que se atenía a lo previsto en ese acuerdo por el que declaraba su culpabilidad y se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas que le pudiesen formular los abogados de las defensas.
El segundo en comparecer ha sido el promotor Enrique Ortiz. El constructor sí ha confirmado su intención de responder a las preguntas de la Fiscalía. En primer término, Ortiz ha asegurado que su relación con la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo se limitaba a las derivadas de la prestación de varios servicios municipales, como la limpieza viaria y recogida de la basura o el mantenimiento de la vía pública, además de por el desarrollo de varios proyectos urbanísticos de la ciudad, como el APA-9 o el Plan Rabasa, por ejemplo. En todo caso, ha señalado que no tenía ninguna relación familiar con ella, aunque sí ha admitido que había realizado algún viaje junto a la expolítica y otras personas. También ha admitido que el marido de Castedo trabajaba en sus empresas antes de que ella fuese edil. En esta línea, también ha apuntado que sí ha visitado en alguna ocasión el domicilio de Castedo y que ella también ha estado en su propia casa, "como otros alcaldes que también han venido a comer a mi casa y hemos hablado de varios proyectos, como suele ser normal".
Lo mismo ha declarado sobre Luis Díaz Alperi, sobre quien ha relatado que su relación con él se inició tras las lluvias torrenciales que causaron graves inundaciones en la ciudad de Alicante, en 1997. Según Ortiz, sus empresas se ocuparon de efectuar las reparaciones lo que permitió "ganarme la confianza del Ayuntamiento". Ortiz también ha confirmado que Díaz Alperi le llamó para comunicarle su intención de dimitir como, según ha dicho, también hizo con el resto de empresarios de la ciudad.
Ortiz, eso sí, se ha negado a responder sobre el contenido de las conversaciones al señalar que se trataba de audios registrados hace 12 años sin conocer si su contenido estaba completo o si se había extractado. La Fiscalía ha elevado su protesta al respecto al considerar que había condicionado su interrogatorio, puesto que estaba basado en gran medida en el contenido de esas conversaciones. No obstante, la presidenta del tribunal, Monserrat Navarro, ha sostenido que Ortiz estaba en su derecho de no declarar o de responder solo a las cuestiones que quisiese.
En todo caso, Briones ha proseguido su interrogatorio para cuestionar a Ortiz sobre si había celebrado reuniones con Castedo y Alperi fuera del Ayuntamiento. Ortiz ha respondido que no lo recordaba pero ha apuntado que "seguramente sí". Respecto a los supuestos "apaños" de sectores urbanísticos como el APA 9 o el plan del Rico Pérez recogidos en conversaciones captadas por la Policía, Ortiz ha negado que nadie "me apañase nada", puesto que se trataba de actuaciones ya previstas. Por lo que concierne al estadio, Ortiz ha explicado que todo comenzó con su subasta, a la que "solo nos presentamos nosotros, el Hércules, a través de Aligestión". En ese momento, según ha explicado, existía el compromiso de acometer obras por 4 millones "porque el estadio estaba que se caía, pero entonces vimos que esa cantidad era insuficiente". De ahí que, según haya explicado, se hiciese un proyecto en el que se invitó a participar a reconocidos arquitectos "y entonces se nos dijo que era un plan muy importante que tenía que meterse en el Plan General". "Después llegaron informes técnicos y se lo cargaron", ha explicado. Según ha dicho, "sacaron el proyecto del PGOU y el PRI se quedó muerto".
En todo caso, ha negado que quisiese construir ni llevar a cabo "una operación especulativa", sino invertir las plusvalías que se generasen en "un estadio de cinco estrellas", como en otras grandes ciudades, entre las que ha citado Valencia o Elche. Así, ha recordado que el proyecto del estadio se realizó a través de Aligestión. En esta línea, ha explicado que en la reforma del inmueble se había llegado a invertir hasta 8 millones de euros, en lugar de los 4 previstos en las bases de la subasta. Ha señalado que esa obra se hizo "a fondo perdido". "Para mí el Hércules es un tema social; lo compré y lo sigo manteniendo después de que me he gastado más de 60 millones... y no me gusta el fútbol", ha asegurado.
Además, ha sostenido que nunca había propuesto trasladar el estadio a otro emplazamiento. "Si muevo el estadio me matan", ha dicho. Además, ha apuntado que la inclusión de una zona comercial que se había previsto en el proyecto de rehabilitación del estadio fue la que motivó su paralización por la protesta de los comerciantes de la ciudad.
A preguntas de Briones, Ortiz también ha señalado que "nunca nadie me dio un plano sobre el Plan General" y ha sostenido que los conocimientos que tenía sobre el planeamiento era los que "me afectaban como urbanizador". "Cualquier tramitación que afecte a nuestras zonas, tengo que estar al corriente; si tenemos Rabasa, el polígono de Coca-Cola, el APA 9, el PAU 3, el PAU 1 y teníamos presentado un proyecto de tres millones de metros en Torres de la Huerta, así que yo pedía y exigía lo que me afectaba, pero nunca me han dado nada", ha relatado. Entre otras cosas, ha dicho, "porque Urbanismo es un desastre". "Allí falta mucha gente, falta personal, y nunca nos daban nada de información”, ha explicado.
En esta línea, también ha señalado que no tenía relación con el arquitecto urbanista Jesús Quesada, segundo redactor del PGOU, aunque ha señalado que lo había conocido antes a partir de su participación en el Plan Armanello de Benidorm. También ha apuntado que tuvo algunas reuniones con él en relación a la posibilidad de incrementar la densidad de algunos sectores, que finalmente no prosperó por el rechazo del resto de los propietarios del suelo. El constructor también ha reconocido que había llamado a la exalcaldesa en alguna ocasión para tratar de que se atendiese a las peticiones que formulaban los arquitectos redactores del PRI del Rico Pérez, pero que eso fue cuando el proyecto ya era público. Y ha incidido en que la respuesta fue "que se cargaron el PRI con informes en contra". "No ha habido proyecto más público en la historia de esta ciudad que el del Rico Pérez", ha enfatizado.
Asegura que fue él quien trató de entregar planos a Alperi y Castedo para que se incluyesen terrenos para accesos en el sector de Rabasa pero que no lo consiguió
Tras la insistencia del fiscal, Ortiz ha negado que recibiese planos de Díaz Alperi o de Castedo y solo ha señalado que entregó al exalcalde "un plano con tres fincas nuestras en Rabasa para que se metieran en el Plan de Rabasa para construir los accesos que Carreteras nos había exigido". Además, ha señalado que ese plano también se lo había facilitado a Castedo, cuando era concejal de Urbanismo. "Les pedí que me lo pintasen de azul, como expresión coloquial, pero no nos lo metieron", ha dicho. "Ahí no hay delito, pedimos pero no nos lo concedieron", ha recalcado. De hecho, ha señalado que presentaron alegaciones.
Además, ha apuntado que él encargó un informe sobre las consecuencias del plan de compensaciones de metro por metro sobre suelos protegidos "porque no estaba de acuerdo con los parques naturales; pedí que me hiciesen el plano del avance del PGOU, ubicando las zonas prioritarias para esos parques, que no era necesario que estuviesen en Alicante". "A mí ese plan de parques me causaba pérdidas de 100 millones de euros", ha dicho. Ha señalado que esa ley que obligaba habilitar parques naturales acabó siendo anulada "porque era un disparate".
"Encargué un plano que se redacta en la empresa pintando los parques naturales que marca prioritarios la Generalitat Valenciana; con la finalidad de hacer un estudio para saber dónde están por si me afecta alguno o no, pero no para comprar, yo era el enemigo número uno del plan este del cambio de metro por metro porque eso nos arruinaba", ha dicho. "Esos informes eran la antesala para impugnar ese PGOU", ha añadido. "Como era una ley imprecisa y mal creada, la quitaron al poco tiempo", ha dicho. "Ese informe quise dárselo a Díaz Alperi y me dijo que él no podía tramitarlo y que eso tenía que hacerlo a través de Provía", ha explicado. "No recuerdo si se hizo llegar al responsable autonómico", ha dicho.
En este sentido, Ortiz ha asegurado que él solo conocía las zonas protegidas que se había delimitado en el avance del PGOU, pero no los parques naturales que promovía la legislación autonómica. Después, ha apuntado que sí conocía el despacho de abogados Salvetti "porque es un despacho prestigioso". Ha añadido que conocía a uno de sus titulares, Javier Gutiérrez, desde su etapa de concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante y ha apuntado que tenía un trato cordial con él. Con todo, ha señalado que él no había efectuado ningún pago a ese despacho y que tampoco tenía constancia de que el bufete fuese a percibir ningún ingreso por la resolución de alegaciones del PGOU.
