ALICANTE. El debate sobre el sector urbanístico de Pino y Ruaya, la bolsa de suelo de 47 hectáreas que media entre Vistahermosa y Santa Faz, regresará al pleno del Ayuntamiento de Alicante de manera forzosa. Los grupos municipales de Guanyar y de Compromís están decididos a plantear las iniciativas que correspondan para instar al equipo de Gobierno, compuesto por 8 concejales del PP en una corporación de 29 ediles, a cumplir con el requerimiento formulado por la Dirección General de Ordenación del Territorio en relación a la configuración de dicho sector.
Como publicó este diario, en una resolución fechada el 13 de diciembre, la responsable de ese departamento autonómico, Rosa Pardo, conminaba al Ayuntamiento de Alicante a "modificar" el acuerdo aprobado en el pleno ordinario de octubre por el que fijaba la delimitación de las fincas El Pino y La Ruaya con unas condiciones urbanísticas concretas no delimitadas en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) a la que se trataba de dar cumplimiento a través de ese acuerdo, según argumentó el propio alcalde, Luis Barcala (PP).
En la resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio se daba un plazo de un mes para que se rectificase esa decisión municipal tras concluir que en ese trámite de ejecución de sentencia se había extralimitado el alcance del fallo y se había asignado un uso residencial y una edificabilidad (50 viviendas por hectárea) no previsto. Es más, el dictamen abundaba en que el Ayuntamiento había cometido una "intromisión en las competencias autonómicas en materia de instrumentos de planeamiento que afecten a la ordenación estructural" al proponer esos parámetros urbanísticos sin promover una modificación puntual del Plan General en vigor, como resulta preceptivo.
Como también adelantó este diario, el equipo de Gobierno no prevé atender ese requerimiento al considerar que los argumentos expuestos por Territorio son solo una interpretación que colisiona con la interpretación de los técnicos municipales, quienes defendieron -en respuesta a la aclaración previa solicitada por Territorio- que el acuerdo de pleno no condicionaba nada ni reconocía ningún derecho concreto a los propietarios del suelo. Así, fuentes del equipo de Gobierno consideraron que, en todo caso, debía ser la justicia quien dictamine qué interpretación debe prevalecer, por lo que invitaron a la Generalitat a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si lo consideraba oportuno.
