ALICANTE. Rocío Gómez (1993) se incorporó a la candidatura del Partido Popular (PP) en las elecciones municipales de 2023 como número 3 y, después de que la lista popular se convirtiese en la más votada, asumió competencias de gobierno como concejal de Urbanismo. Es el área que domina por su experiencia profesional como arquitecta. Y en poco más de año y medio de mandato ha tenido que lidiar con algunos de los acuerdos de mayor complejidad que recaen bajo la responsabilidad de los ayuntamientos: desde la ordenación urbanística con el impulso al nuevo PGOU, hasta la concesión de licencias, pasando por otros ámbitos específicos de la ciudad de Alicante, como el diseño de la ordenación del sector de Sangueta o del plan del futuro Parque Central. 

Además, su gestión cobra especial protagonismo justo ahora a cuenta de dos últimas decisiones: la suspensión de licencias para Vivienda de Uso Turístico (VUT) con el fin de regular su disposición desde el punto de vista urbanístico y la actualización de la ordenanza del ruido. Todo, además, en un contexto en el que el último pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS) devuelve el proyecto de los depósitos del Puerto a primera línea del debate municipal. En esta conversación con Alicante Plaza afronta el conjunto de esos asuntos que, de algún modo, quedan bajo su competencia. 

-Primera pregunta obligada por la actualidad. Después de que el Supremo haya inadmitido el recurso del Ayuntamiento sobre los depósitos del Puerto, ¿en qué momento estamos respecto a la autorización de ese proyecto? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos?

-Primero, se debe aclarar que el recurso de casación está perfectamente presentado. Todas las dudas que se han plantado respecto a su corrección nos sorprenden, son infundadas. El recurso está perfectamente explicado. Y en segundo lugar, querría transmitir que vamos a hacer todo lo posible para seguir defendiendo los intereses de la ciudadanía y de nuestra ciudad. Esta instalación no está dentro de nuestro modelo de ciudad. En concreto, desde el ámbito de competencia municipal, vamos a plantear la nulidad de la sentencia del TSJ. Es el siguiente paso. Para ello, antes debíamos presentar el escrito de aclaración y complemento de sentencia. Por ello lo presentamos y estamos en disposición de plantear esa nulidad. Además, estamos en contacto con el Puerto. Ellos están trabajando en su vía. Estamos yendo de la mano y vamos a trabajar en conjunto para seguir luchando en en defensa de nuestros intereses.

-¿En qué se basaría esa solicitud de nulidad de sentencia?

-En el escrito de complemento de sentencia. Mantenemos que la posición defendida por el Ayuntamiento al denegar la concesión de licencia por silencio administrativo está perfectamente justificada.

-En cualquier caso, mientras se plantea esa solicitud de nulidad, ¿qué pasos le corresponde dar ahora al ayuntamiento respecto al expediente de petición de licencia?

-Por lo pronto, vamos a plantear en esa petición de nulidad de sentencia que se acuerde la suspensión de la tramitación del expediente de concesión de la licencia sobre los depósitos. 

"Consultamos a la Generalitat si sigue en vigor el límite de distancia para los depósitos respecto a núcleo residencial y estamos esperando esa respuesta" 

-¿Qué queda por tramitar en ese expediente?

-Lo primero que se debe aclarar es que, con la sentencia del TSJ, la licencia que podemos conceder es la licencia de actividad. Y además, de la instalación más pequeña, no de la macroinstalación de la que se habla. Eso no va a pasar. Lo que tenemos que tramitar bien es la licencia de obra. La sentencia nos obliga a dar la licencia de actividad, pero hay que gestionar y ver la licencia de obra por qué vía va. Además, también le pedimos a la Generalitat en junio de 2023 una aclaración sobre si sigue en vigor el límite de distancia para ese tipo de instalaciones respecto a núcleo residencial y estamos esperando esa respuesta. De momento no nos han contestado pero la hemos vuelto a reclamar.

-A eso iba. Al margen de la posible vía de la negociación que pueda abrirse para evitar la instalación de la planta con una posible indemnización, como apuntó el alcalde hace una semana, ¿existe algún otro resquicio que pueda evitarla? ¿El de la distancia puede ser uno? Lo digo porque el Tribunal Constitucional (TC) tumbó ese límite que introdujo el Consell del Botànic a través de una modificación de la Lotup.

-Sí, pero la consulta que elevamos en junio de 2023 es sobre la vigencia de la disposición adicional décima de la Ley de Calidad Ambiental, no impugnada por el Gobierno de España. En ella, se establece que para los proyectos asociados a la instalación de tanques de más de 5.000 metros cúbicos para almacenamientos de productos petrolíferos en recintos portuarios debe procurarse al menos 1.000 metros de distancia respecto a núcleo habitado. Estamos reclamando la respuesta.

-La empresa ha completado ya toda la documentación necesaria, incluido el plan de seguridad y emergencias. ¿La Conselleria de Emergencias e Interior o algún otro brazo de la Generalitat deben supervisar todavía el proyecto para que pueda ejecutarse?

-Realmente, respecto a la licencia de actividad, la sentencia dice que le corresponde por silencio administrativo -esté como esté lo que hayan presentado- por silencio. Eso sobre la licencia de actividad. Por eso vamos a revisar la vía de la licencia de obra.

-Otro asunto de plena actualidad. En principio, en el pleno de diciembre de este jueves debe aprobar la suspensión de permisos para viviendas de uso turístico. ¿Por qué se toma ahora la decisión, y no antes, cuando otros ayuntamientos ya habían adoptado decisiones similares?

-Porque estábamos esperando al estudio [encargado a la consultora EOSA]. Es el primero que tenemos sobre este tema; no se había pedido antes nunca. Tenemos la mala costumbre de tomar decisiones con datos concretos. El año pasado lo encargamos y teníamos esa duda de qué hacer, sobre en qué situación se encuentra la ciudad. Hay rumores, pero nosotros tomamos decisiones con datos muy concretos, por lo que pedimos informe a una consultora experta. Estos datos son los que nos sirven de base para tomar la decisión.

"Promovemos La moratoria sobre las vut en un buen momento para la ciudad, porque no llegamos a tener una presión muy alta, pero sí estamos en el momento de tomar decisiones y poder regularla"

-¿A partir de cuándo se entenderá que entra en vigor? Quiero decir, ¿afectará a las solicitudes de permiso ya registradas pero no resueltas?

-No afecta a las licencias que están en tramitación. Afecta desde el día siguiente a la fecha de su publicación en boletines oficiales. Las que están en trámite seguirán resolviéndose.

-La patronal de los apartamentos turísticos APTUR CV ya ha anunciado su intención de recurrir esa moratoria, como ya ha hecho en el caso de la de València, al considerarla desproporcionada, injustificada y discrecional. Y, además, reclama poder consensuar la futura regulación de las VUT. ¿Cómo lo ve?

-Están en su derecho de reclamar. Tienen que defender a los apartamentos turísticos, pero entendemos que la moratoria está justificada. El estudio, si bien dice que no hay zonas saturadas, sí dice que hay zonas que tienen un número de VUT alto. Y tenemos un problema de convivencia vecinal, que también la justifica. Defendemos la moratoria porque se basa en datos concretos. Estábamos esperándolos. Y tomamos la decisión en un buen momento para la ciudad, porque no llegamos a tener una presión muy alta, pero sí estamos en el momento de tomar decisiones y poder regularla y adelantarnos a la tensión o a la presión de los apartamentos.