ELCHE. Ha sido un camino tan largo y farragoso que las novedades se han ido perdiendo en la hemeroteca y el imaginario colectivo porque los pasos administrativos han sido poco menos que infinitos. Pero como se venía contando, la tramitación para materializar el nuevo sector E-49, que será el de la ampliación de Elche Parque Empresarial, estaba en posición de salida. Este jueves el consejo de administración de Pimesa ha aprobado el proyecto de reparcelación del sector. Una vez quede inscrita en el registro, lo que puede ser un plazo de entorno a seis meses, ya podrían entrar las máquinas para urbanizar el sector. De ahí que se vaya a licitar paralelamente el proyecto de obras, que asciende a 37,5 millones de euros, esperando que la adjudicación pueda llegar en el primer trimestre de 2027.
Licitación de la urbanización paralela
Así pues, este jueves se ha dado luz verde a dos caminos que discurrirán paralelos precisamente para no esperar medio año de trámite una vez inscrita la reparcelación. Que después, por su parte, podrá tener un camino de alegaciones que no tienen por qué paralizar la actuación. De hecho, hasta hace no mucho, Pimesa, medio municipal que gestiona la ampliación, ha estado arrastrando aún resoluciones judiciales de anteriores ampliaciones en el enclave de Torrellano. Hace unos meses ya se rechazaron alegaciones al Programa de Actuación Integrada (PAI) y que fueron rechazadas. Paralelamente se estaba redactando la reparcelación que ahora se aprueba.
Cabe recordar que este nuevo sector tendrá una superficie total de 569.260 metros cuadrados, de los que 276.264 metros cuadrados estarán destinados a suelo industrial y terciario, 136.284 metros cuadrados corresponderán a la red viaria, 139.471 metros cuadrados se reservarán para zonas verdes y otros 17.241 metros cuadrados para equipamientos públicos. De la reparcelación salen 18 parcelas industriales y 7 terciarias, además de 9 viales nuevos, 7 rotondas y un carril bici. Dentro de esos 37,5 millones de euros, más de 5 millones corresponden a tanques de tormentas, a los dos depósitos de laminación de agua que ejercerán como parques inundables ante escorrentías. "Capaces de almacenar temporalmente más de 110.000 metros cúbicos de agua", destacaba el alcalde Pablo Ruz.
- Diseño de la urbanización con las pastillas resultantes, sin la gran central que se planteó inicialmente - AP
Ya hay interés de empresas: no tendrán que esperar a que finalice la urbanización para instalarse
Por otra parte, la idea municipal es que aunque las obras de urbanización estén en ejecución, cuyo plazo es de tres años, no se esperará a que hayan finalizado para que las empresas interesadas puedan instalarse, y así se les ha trasladado, ya que el concejal de Urbanismo Francisco Soler apunta a que "hay interés". Entre algunas de las que ya han mostrado la predisposición a instalarse, hay firmas del sector comercial e industrial, aunque la de mayor envergadura, al menos que haya trascendido hasta ahora, es la del centro de datos.
A Novagrid, compañía encargada de construir el inmueble, se le adjudicó el terreno que le tocaba a Pimesa en el nuevo sector: siete parcelas de 102.351 metros en bruto, con una gran parcela de 53.700 metros. Esos más de 100.000 metros es toda la parte de suelo público que le correspondía a Pimesa en la ampliación, y a la que renunció con esta enajenación. Una pérdida de patrimonio para el ente, aunque por otra parte ya ha conseguido 'colocarlo', que iba a ser el fin igualmente, con el añadido de que al adjudicársela a esta firma, se ahorra la urbanización que hubiera tenido que asumir sin esta enajenación previa, para después comercializar dicho suelo. Con todo, Soler explica que "en cualquier caso, el Ayuntamiento aún tendrá suelo allí que le corresponde".
Así pues, las compañías privadas interesadas en instalarse a corto plazo, una vez empiecen las obras, si todo va bien, en algún momento en los primeros meses de 2027, no tendrán que esperar a la urbanización completa del nuevo sector. Si lo hacen en terreno que corresponde a manos privadas serán operaciones de compraventa normales, si es municipal, tendrá que procederse al habitual mecanismo de concurrencia pública. Soler también ha puesto en valor el modelo de gestión desarrollado por Pimesa, "ya que la gestión directa de la sociedad municipal permite que el beneficio del urbanizador sea del 0%, destinando todos los recursos íntegramente a la urbanización del sector".
- Francisco Soler, Antonio Martínez y Pablo Ruz - AP
En el caso del centro de datos, por ejemplo, el gerente del medio municipal, Antonio Martínez, añadía que dado que requerirá de un gran suministro eléctrico, ha ahorrado al proyecto de urbanización el diseño de las instalaciones de distintas subestaciones. A priori con su capacidad podría alimentarse el resto del sector. Cabe recordar que hace unos años ya se prescindió de la gran pastilla central que se preveía en el nuevo sector para poder aminorar en unos 6 millones de euros el coste de la urbanización, justificando también que era más acorde al tamaño de las compañías del enclave. Con todo, el diseño es flexible y se pueden juntar dichas pastillas.
La Casa de la Mina se deja por ahora sin rehabilitar a la espera de decidir uso
En cuanto a la Torre Ibarra, también conocida como Casa de la Mina, cuyo proyecto inicial mentaba su rehabilitación, por un coste de unos 600.000 euros de valoración dentro del PAI, ahora se ha decidido dejarlo fuera. Martínez explica que "queda en una zona verde estratégica, pero será el Ayuntamiento el que tendrá que decidir antes a qué se destina". Si antes se preveía la rehabilitación, ahora se deja en un segundo plano la intervención, sin que ello signifique que no se vaya a realizar. Lo que sí ha descartado Martínez es que sea otro caso como el de La Casa de las Palomas, que recaía sobre una de las parcelas industriales de la urbanización, por lo que se derribó al tener protección ambiental para construirla de nuevo en otro espacio en el enclave de Torrellano, hoy sin uso.
El gerente de la entidad indica que este caso es diferente porque el suelo está calificado como jardín, y que lo que estaba calculado era el precio de la rehabilitación, "pero no el uso". Será el Consistorio en el futuro el que decida qué uso le dará, y en base a ello, a priori, acometer la rehabilitación, pues es otro elemento con protección ambiental. Además, de ello se debería encargar la administración local, ya que entre las alegaciones de los propietarios a las expropiaciones (que serán indemnizadas por casi un millón de euros), entendían que no debían asumir este coste.
Las cifras de la ampliación
Sobre el impacto de este desarrollo, en el que se llevan trabajando nada más y nada menos que tres legislaturas, y que con las obras entrará en una cuarta, en su día se previó que supondría la creación de más de 3.000 puestos de trabajo, que el 50% de los nuevos usuarios/trabajadores que originará la nueva actuación industrial podrán cubrirse por actuales residentes de Elche, y que la demanda de empresas podría cubrirse en pocos años. Aunque son datos que pueden haberse quedado ya desfasados por la situación actual.
Una vez esté a pleno rendimiento, el Consistorio tendría que soportar unos gastos de mantenimiento que se estiman en 1,3 millones de euros. Sin embargo, la administración local recibiría unos ingresos totales superiores a 2,8 millones de euros anuales.
