ALICANTE (EFE/AP). Nueva ronda de declaraciones en la causa en la que se dirimen las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar enajenado por el Ayuntamiento de Alicante en un proceso que se alargó entre 2018 y 2022. Esa ronda ha contado con el protagonismo del vicesecretario municipal, Germán Pascual, que ejerce como secretario en funciones en una plaza que permanece vacante desde hace 20 años, al margen del técnico que asume la jefatura del servicio de Disciplina Urbanística, Manuel Baltar.
Con todo, las manifestaciones de mayor trascendencia habrían sido las ofrecidas por el vicesecretario, quien ha asumido en su declaración ante la jueza instructora que fue él mismo, sin recibir instrucciones de nadie, quien solicitó a la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, que eliminase las referencias a los nombres de las personas vinculadas al ayuntamiento que compraron vivienda en el residencial de la polémica sobre las que había observado la posibilidad de que estuviesen expuestas a una posible incompatibilidad o conflicto de interés respecto a la adquisición de esos pisos. Entre esos nombres, figurarían los de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, así como los del arquitecto municipal Francisco Nieto y el de la exdirectora general de Organización Interna y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos también compraron pisos de Les Naus.
Fuentes jurídicas consultadas han señalado que el alto funcionario municipal ha explicado ante la jueza que elevó esa petición para que se borrasen esas referencias personales a la jefa de Patrimonio con la intención de mantener discreción respecto a identidades concretas. Al margen de ello, a negado que él hubiese tenido ninguna intervención en los expedientes de venta del solar en el que se levantó la promoción y en el de la concesión de licencia de obra posterior.
Así, ha señalado que él no intervino en la Mesa de Contratación en la que se adjudicó la parcela municipal y que no sabía de quién fue la idea de incluir la cláusula de desempate por la que se primaba la anticipación en el registro de la oferta: una cláusula que motivó la interposición de un recurso por parte de la asociación de promotores Provía y por parte de la empresa Block Arquitectura, al considerar que no era el sistema idóneo para deshacer un equilibrio entre puntuaciones de licitadores.
Sobre el informe provisional en el que la jefa de Patrimonio alertaba de la posible existencia de incompatibilidades -una vez analizada la identidad de los adquirientes, en la fase final de comprobaciones sobre el cumplimiento del contrato de enajenación del solar-, el vicesecretario ha afirmado que Romero le envió el escrito y que dedujo que ese documento debía verlo el alcalde, Luis Barcala (PP), a quien informó entre el 26, día que recibió el email, y el 27 de enero. En ese momento, el regidor le ordenó abrir el expediente de averiguaciones, en el que, finalmente, se concluyó que ninguna de las personas vinculadas al ayuntamiento que habían comprado pisos en Les Naus habían tenido una intervención directa y decisiva respecto al desarrollo de la promoción.
En esta línea, ha sostenido que le pidió a Romero que le mandara la información sobre los funcionarios y cargos públicos así como toda persona que intervino en Les Naus, aunque luego le pidió que, por discreción, eliminara los nombres del informe definitivo que se incluyó en el expediente de averiguaciones. Así, en sus explicaciones ante la jueza, Pascual ha reiterado que ni la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, ni la exdirectora general del Ayuntamiento de Alicante y actual jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, ni el arquitecto municipal Francisco Nieto tuvieron influencia en el expediente de Les Naus.
Por último, también ha declarado que no sabía que Gómez le dijo al exconcejal de Hacienda y Patrimonio, Toni Gallego, que ella tenía un piso en la promoción de viviendas públicas en 2024, según la versión que el propio Gallego expuso en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las VPP de Les Naus constituida en Les Corts, y que se había enterado de esas manifestaciones hace unos pocos días a través de la prensa.
Este jueves también ha declarado como testigo el jefe del servicio de disciplina Urbanística y Ambiental del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Baltar, quien ha señalado que su departamento solo se encargaba de las licencias y que lo demás era responsabilidad de Contratación, según ha explicado a la salida el abogado de la acusación particular ejercida por el PSPV-PSOE Fernando Cazorla. También ejerce la acusación el partido Ciudadanos (Cs), a través de los letrados Eduardo García-Ontiveros y Mamen Peris, así como el sindicato CGT.
Según el relato del letrado del PSOE, Baltar ha explicado que respecto al plazo para la construcción, si la adjudicataria excede la fecha límite su departamento tendría que paralizar la obra, pero que no llevaban el control de la misma.
