ELCHE. Los regantes siguen en su particular fase de 'acumulación de fuerzas' de cara a intentar frenar las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Así se mostraba este viernes en una jornada técnica organizada por la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante en la que los expertos y afectados han puesto de relieve la gravedad de la situación que está por venir a partir de 2027 si sigue adelante este cambio: de aplicarse los volúenes planeados, supondría una reducción media del 50% del agua de regadío. Al tiempo, en la parte jurídica, el Tribunal Supremo ha dejado en agua de borrajas el grueso de argumentario de los contenciosos que se presentaron al recorte del trasvase de 2023. Aunque no todos.

Sobre estas cuestiones, el secretario general del sindicato de regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Jose Ángel Pérez Abellán, volvía a incidir, como se hacía días atrás, en que de los 5.369 hecómetros cúbicos de agua almacenada del Tajo, con 1.582 en su cabecera, por lo que no entienden por qué desde el Gobierno se intenta "dar la batalla" por los apenas 100 hectómetros que llegan a Almería, Murcia y Alicante, las tres provincias afectadas. "Supone el el 0,2% de los 44.000 hectómetros cúbicos embalsables en España".

Un volumen 'testimonial' frente a la cuenca del Tajo

Con las nuevas normas proyectadas, el volúmen mínimo en los embalses de Entrepeñas y Buendía, en su nivel 4, el máximo, por el cual no se podría trasvasar, se incrementa de 400 a 531 hm³. Ya en el nivel 3 aseveran que "no habría trasvase para regadío", solo para abastecimiento. Hasta ahora se podía trasvasar un máximo de 12,5 hm³ al mes con destino a regadío. Con el nivel 2, cuyas condiciones también se elevan, el volumen máximo para regadío pasa de los 19,5 hecómetros actuales a 9,4. Y en el actual nivel 1, lo consideran prácticamente "inalcanzable", ya que el umbral de reservas de los embalses de cabecera pasará de 1.300 hm³ a 1.600 hm³, lo que significa que, en un período de abundancia hídrica como el actual, se reduce el volumen trasvasable de 60 a 24 hm³ al mes. 

Derivado de esto, es donde señalan que el agua para regadío sufrirá una reducción de media del 50%. Si los volúmenes máximos del trasvase que constan en la normativa suponen 124 hm³, y la media de los volúmenes aportdados por la infrastructura durante su historia han supuesto unos 202, con la aprobación de la nueava regla "supondría llegar, en un régimen de normalidad, a apenas 100 hm³, la mitad de la mitad". A lo que añadía que a este "sinsentido" habría que sumar la reducción de explotación prevista para las aguas subterráneas en la cuenca del Segura: 213 hm³ que dejarían de ser aprovechamiento en el 2027.

Formulación de la demanda: incumplimientos y sin planes alternativos

El secretario general de Scrats destacó además que ya se ha formalizado su demanda ante el Tribunal Supremo. Estriba en los constantes incumplimientos durante décadas de los retos del Plan Hidrológico de la cuenca, así como que en los nuevos ciclos hídricos, no se han aprobado modificaciones de caudales ecológicos del Guadiana, el Ebro o el Guadalquivir, solo del Tajo. Agregando que nunca se han llevado a cabo las modernizaciones anunciadas ni necesarias, con las construcciones de desaladoras ni las teóricas conexiones que según el Ministerio darían solución al problema del agua en el sur. Lamentan desde el sindicato que no se ha analizado "un análisis coste-beneficio" y ven una voluntad política de acabar con el trasvase.

También que el recorte de los caudales se trataría de una decisión "predeterminada" de la CHY de reducir el trasvase. Así como la falta de coordinación e incompatibilidad con la propuesta del Plan del Segura, además de una "inaudita sesión" del Consejo Nacional del Agua de noviembre de 2022 y una "esperpéntica votación" sobre los caudales.

Como curiosidad, ponía de relieve que la Mancomunidad del Taibilla se ha comprometido a mantener congelados los precios del agua hasta 2027. "Ya sabemos por qué esa fecha", decía con segundas.

A la espera de los recursos con informes técnicos

Por otra parte, la vía judicial no pinta mejor, aunque hay algunos resquicios en los contenciosos que se presentaron y que quedan por resolver. El Supremo ha ido rechazando los contenciosos que se presentaron. En primer lugar, dejó fuera a los Ayuntamientos, ya que los municipios no tienen competencias sobre el caudal ecológico de los ríos. También los que presentaron los regantes de las comunidades afectadas y los de Andalucía y Generalitat Valenciana. "Ninguna sentencia favorable", apuntaba el Catedrático de Derecho Administrativo Andrés Molina Giménez.

No obstante, advertía que próximamente se conocerá el fallo sobre el recurso de Murcia, porque ya está listo para sentencia. Pero cree que "será muy interesante, porque contiene elementos que no se habían puesto de manifiesto en recursos anteriores". Es la misma situación que con el recurso de la Diputación de Alicante, que se resolverá más adelante al ir en un trámite inferior, pero del que también destacaba que tiene elementos nuevos respecto a los anteriores recursos. Molina les da valor tanto al de la entidad provincial como al de Murcia por el "esfuerzo en unos argumentos técnicos de primer nivel". Así pues, esta serían las últimas bazas por la vía judicial, ya que por jurisprudencia, el Alto Tribunal, porque ha desestimado argumentos como el de la jerarquía normativa, entre varios de los planteados en los recursos rechazados. No obstante, también queda la formalización que ahora ha hecho Scrats al Supremo.

Cuestionamiento de los caudales ecológicos

Por último, y en retrospectiva, el catedrático analiza que los caudales ecológicos son un "tiro en el pie" que se dio España, con unas autolimitaciones desde 1999 sin exigencia europea. No obstante, no fue hasta 2019, con cinco sentencias, cuando empezaron a incluirse estos caudales ecológicos en los planes de cuenta, hasta entonces sin hacerlo. A raíz de entonces es van fijando en el tercer ciclo de planes. Eso sí, matiza que la elevación de estos caudales ecológicos, lo que implica un menor envío de agua a las cuencas receptoras, parte del Gobierno "al contrario de lo que se cree, que fue cosa del Supremo, nunca estableció un volumen de caudal ni que se tenían que elevar los caudales porque un tribunal de justicia nunca puede sustituir a la administración".

Y cuestiona también las actuaciones que ha adoptado el Consejo Nacional del Agua. Recuerda que sobre estos caudales circulantes, se introdujo a última hora "para dar satisfacción al Botànic, una disposición adicional que permite escalonar caudales hasta llegar a un caudal del 8,6 hm3 hasta 2027". Pero denuncia que fue mutilado del orden del día por el Consejo. Lo que califica de una 'irregularidad formal'. 

Defensa del escalonamiento como mal menor

En cuanto a la última sentencia del Supremo que obligaría a la aplicación de la elevación de los caudales ecológicos, la califica de una "mala sentencia", que además no se acaba de entender en el ámbito jurídico, por lo que espera que las personaciones pidan una aclaración sobre la situación. No obstante, considera vital que si se ha anulado el escalonamiento, "no podemos permitir que se apliquen ahora esos 8,6 hm³". Ve al menos por ahora esos escalonamientos necesarios para dar tiempo a que permita que "los planes del Tajo y Segura sean compatibles", ya que están al mismo nivel, pero a día de hoy son contradictorios (en lo que enfatiza la demanda de Scrats). "Eso es nulo en derecho administrativo". Y lo es, en parte, porque precisamente el Gobierno de Castilla-La Mancha no habría hecho sus deberes con la planificación de la gestión ambiental de la cuenca. El escalonamiento pretendía, además de ese equilibrio entre planes, dar tiempo para desplegar la anunciada inversión en infraestructura hidráulica.

En definitiva, toda una maraña administrativa y jurídica, densa y compleja, que tiene a los regantes en vilo. Según indican, serían 15.000 los afectados en las tres provincias. En la provincia se estima que unos 1.700. Además, Cartagena y Lorca también han impulsado iniciativas similares sobre mesas locales del agua. Por lo pronto, el próximo 5 de junio se concentrarán en Murcia los alcaldes de municipios afectados de las tres provincias.