ELCHE. El Ayuntamiento ya tiene iniciada la cuenta atrás para poder resolver la situación del desalojado bloque 8 de San Antón, aunque aún queda un trámite paciente en el medio plazo. Como ya contó este diario, el medio municipal Pimesa tiene activada la licitación para contratar a una empresa que se encargue de redactar la propuesta de derribo, así como una propuesta anexa que permita la retirada segura de enseres personales, algo por lo que los propietarios del inmueble siguen quejándose de robos y desesperados por poder acceder. Asimismo, algunos de ellos siguen poniendo en duda la declaración de ruina del inmueble. Pero, ¿qué dice el informe? Que está justificada la situación de runa dado que la reparación del edificio supera la mitad del valor de construir uno similar desde cero.

En resumidas cuentas, los informes técnicos estiman en 2,8 millones de euros el valor de la obra de rehabilitación, en concreto, 2.825.030,58 euros, cuando según la valoración realizada, se deduce que el coste del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie que la preexistente (una superficie según el catastro de 1.119 metros cuadrados por cada planta, con un total de 5.595 m²), realizada con las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación asciende a la cantidad de 4.586.064,84 euros. 

Por tanto, el informe técnico apunta a que procedía declarar situación legal de ruina porque la legislación así lo establece cuando su coste de reparación supere la mitad del valor de una construcción de nueva planta. "En consecuencia, el límite del deber normal de conservación, que se fija por la legislación urbanística en la mitad del valor de reposición que se ha calculado anteriormente, asciende a la cantidad de 2.293.032,42 euros", relata el mismo. Teniendo en cuenta los datos obtenidos anteriormente, el coste de las reparaciones necesarias para devolver las adecuadas condiciones al inmueble, asciende a la cantidad de 2,5 millones de euros, más el IVA, un total de 2,8 millones. Unos cálculos realizados de acuerdo a las bases de datos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) que establece el coste de construcción unitario, con unos coeficientes en función de las características y tipología de la construcción. 

Ruina técnica por situación estructural, cimentación o malas calidades

El expediente asevera que la edificación "no mantiene las exigencias básicas de estabilidad y seguridad estructural necesarias para destinarla a su uso previsto, por lo que se considera que se encuentra en situación de Ruina Técnica y que existe amenaza de una ruina inminente que pone en peligro la seguridad pública".

En es sentido, tras las visitas de inspecciones técnicas de 11 y 14 de abril de 2025, se apunta a nivel de cimentación a que "se han realizado catas en el suelo de la planta baja del edificio, en las zonas de los patios, observando que existe acumulación de aguas que confirma que el sistema de saneamiento del edificio (bajantes, arquetas y colectores de aguas residuales y pluviales) no funciona correctamente y que el terreno donde apoya la cimentación y la estructura del edificio no es actualmente estable, ya que no se considera que sea compacto ni firme y que ha disminuido su capacidad portante". También se indicaba la mala calidad del hormigón ciclópeo y la irregularidad en las dimensiones de las zapatas, tanto en planta como en canto.

A nivel de estructura, se detectaron en las vigas de hormigón armado pequeñas fisuras esporádicas y una baja calidad del hormigón; en las escaleras centrales del bloque se detectaron deformaciones y fisuras en peldaños, parece que por los muros de carga; y que los elementos estructurales principales del edificio situados en las zonas de los patios y escaleras comunitarias "se encuentran con riesgo de asentamiento y colapso por falta de estabilidad del terrenos".

Asimismo, también se detectaron toda una serie de patologías o problemas en lo que respecta a los muros de carga, forjados, red general de saneamiento, cubierta y azotea y revestimiento de fachada. En general, zonas dañadas por la humedad y descomposición de muros de carga, "fisuras en la zona de los encuentros con el muro y las escaleras y rellanos centrales que indican el movimiento de la estructura, aparentemente por asentamientos y aplastamiento", corrosión en armaduras de acero de las viguetas, rotura de canalizaciones que deriva en filtraciones hacia el terreno, ocasionando deterioro de cimentaciones y elementos estructurales, mal estado de conservación de las cerchas de madera que soportan el peso de la cubierta...

De ahí que el informe del arquitecto municipal apuntara a que "en general se ha detectado un problema de falta de conservación y mantenimiento en las instalaciones comunitarias y en todos los elementos constructivos del edificio. Se considera que existe riesgo para las personas que puedan acceder al interior, ya que no se puede garantizar la seguridad estructural y estabilidad de la edificación".

Por tanto, el Ayuntamiento estableció la declaración legal de ruina del edificio en su totalidad, en la calle Palombar, escaleras 1, 3, 5 y 7, con las medidas cautelares establecidas para garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad en la edificación, el desalojo urgente y el corte de los suministros. Por su parte, el Consistorio rechazó tras la declaración distintas alegaciones al señalar que no guardaban relación con las condiciones del inmueble a efectos de su declaración de ruina, "si no que constituyen solicitudes en relación a trámites que son competencia de la unidad de conservación de inmuebles, como son las soluciones habitaciones, exenciones de tributos y la recuperación de enseres personales, no se hace ninguna valoración al respecto".

Trámite formal y asunción de costes

En cuanto al trámite administrativo tras la declaración de ruina, ahora está en marcha la asunción por parte de la administración pública del derribo y redacción del nuevo inmueble aparejado a esta comunidad de propietarios, el mencionado edificio de 45 viviendas. A pesar de que con la legislación autonómica, la Lotup, para estos casos se establece que los propietarios han de encargarse de la demolición o rehabilitación, o actuaciones subsidiarias si no se llevan a cabo, es el Consistorio quien se encarga de gestionar la actuación, como ha venido siendo habitual desde que empezaron los Arru (Área de Renovación y Regeneración Urbana).

Para este caso se firmó el nuevo convenio con la Generalitat, una vez consignados 2,8 millons de euros hasta 2028. Ahora bien, ese dinero se repartirá como se estime entre Ayuntamiento y Pimesa para el mencionado contrato de redacción del derribo, la propia demolición y la futura construcción del edificio. Como con el resto de inmuebles en el barrio, los vecinos ahora realojados que tienen derecho a los nuevos pisos, deberán pagar la diferencia entre el coste de la nueva vivienda y el valor de la actual del bloque 8. El Consell asume esa parte, y queda por ver cuál finalmente el Ayuntamiento, cuál los vecinos, y el Estado si entra a través del nuevo plan de vivienda que se apruebe, el cual debe activarse a instancia del Consistorio.

Derribos del 11 al 14

Una vez demolidos ya el 11 y el 14, los 12 y 13 de la primera fase están pendientes aún de poder disponer de ellos. Hay tres propietarios legales en los dos inmuebles que hay que resolver, algunos de ocupación que resolver por la vía administrativa, otros pendientes de la expropiación de Pimesa. Una vez resueltos podrán derribarse esos otros dos bloques. Eso sí, el ente municipal mantiene abiertos aparte una decena de casos, alguno en el TSJ, por diferencias en cuanto a los justiprecios de expropiaciones anteriores en el barrio.