ELCHE. Una de las ramas de lo que fue la operación policial de la Udef en el Ayuntamiento de Santa Pola, allá por 2017, la del balizamiento de la costa y los servicios náuticos, llega a juicio este martes en la Audiencia Provincia de Alicante, con sede en Elche. Desde este martes, la sección séptima juzga a dos empresarios, al agente de la Policía Local que era responsable de su Unidad Marítima, y actual jefe de la Polícia Local de Santa Pola. Los cuatro deberán declarar en la cuatro sesiones que se han programado durante este mes de diciembre.
Todos ellos están acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con un delito continuado de fraude por presuntas irregularidades en la adjudicación de servicios náuticos para el Ayuntamiento de Santa Pola como reparaciones de embarcaciones de propiedad pública, balizamiento de plazas y el suministro para esa actividad entre los años 2008 y 2015.
Como ya publicara Alicante Plaza en su día, lo que se juzga es si el consistorio santapolero adjudicó diferentes servicios del balizamiento a estas dos mercantiles y a sus responsables a través de contratos menores, sin proceso de licitación y con conceptos reiterativos, que además no tenían el visto bueno de los técnicos encargados de la supervisión del servicio, o no hay pruebas de que se certificara el fin del contrato. El caso tiene dos derivadas: los lazos familiares de los responsables de las empresas de los servicios náuticos. En concreto, se trata de las empresas Scuba Elx, Scuba Tec, Scuba Nautic, y sus responsables, Javier Boix Morell, Jerónimo Antonio Boix Sempere y Josefa Morell Martínez, respectivamente.
Y después está la derivada de si los servicios contratados eran realizados por agentes de la Policía Local de Santa Pola, y no por parte de las empresas que tenían adjudicado el servicio. Y ahí es donde se sitúa el foco en la figura del agente responsable de la Unidad Marítima de la Policía Local, al que se le responsabiliza de solicitar materiales para las embarcaciones de esa unidad marítima a las empresas bajo sospecha (Scuba Elx, Scuba Tec, Scuba Nautic), que ya eran adjudicatarias de contratos menores del balizamiento de las playas. Y lo que se investiga es si esas peticiones materiales estaban justificadas, y avaladas por los concejales competentes, y si se tenía certeza de su existencia en la actualidad en las instalaciones municipales de Santa Pola.
Eel total de lo facturado por la empresa Scuba Elx, propiedad de Jerónimo Antonio Boix Sempere, y de Scuba Tec, propiedad de Javier Boix Morell, asciende a 206.000 euros en concepto de trabajos para el mantenimiento y reparaciones de dos embarcaciones de la Unidad Marítima de la Policía Local de Santa Pola, cuyos responsables eran José Miguel Zaragoza e Iván Vizcaíno. A ello hay que sumar los contratos menores de balizamiento, unos 126.000 euros.
De la operación de la Udef en el Ayuntamiento de Santa Pola, tras las denuncias de 2017, se derivaron varias causas: de los uniformes de la Policía Local se dividieron en dos, una de las cuales ha acabado con la absolución de todos los acusados; y el caso de la Clínica Gran Alacant, que acabó con condena del ex alcalde Miguel Zaragoza. Falta por dilucidar en el juicio la causa del balizamiento y la del otro contrato de la uniformidad de la Policía Local con el grupo de empresas Gil de los Ríos (la que se juzgó fue la del grupo de empresas Riera, de Redován).
