SANTA POLA. Otra de las causas surgidas de los mismos denunciantes del caso uniformes de Santa Pola ha acabado en condena. Se trata del caso de la clínica Gran Alacant, por el que fue juzgado el ex alcalde Miguel Zaragoza por 'enchufar' a su hermana en el centro santario que debía gestionar las bajas laborales del consistorio entre 2003 y 2015. Ahora, la sección undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado a Zaragoza a seis años y medio de prisión por delitos de prevaricación en concurso con fraude (dos años) y cohecho (cuatro años y medio) en relación con el caso de la clínica Gran Alacant. Se trata de la segunda causa que ha sido juzgada y que acabado en sentecia: la primera fue la del caso de uniformes, que absolvió a todos los implicados; la segunda es ésta, la de Gran Alacant. 

La sentencia considera probado que Zaragoza favoreció a militantes del Partido Popular y a su propia hermana con contratos laborales, al tiempo que eximió a la clínica del pago del canon por ocupar unas instalaciones municipales sin coste alguno. Según el fallo, tras su llegada a la alcaldía en 2003, Zaragoza exigió a los responsables de la clínica la contratación de un auxiliar administrativo a cambio de seguir usando gratuitamente el local público, ubicado en la urbanización Gran Alacant.

También han sido condenados a la misma pena el exconcejal de Personal, Jorge Perelló, y los dos médicos responsables de la clínica, Fernando Gómez Soler y Manuel Rodríguez Bernal, estos últimos como cooperadores necesarios. Todos ellos deberán indemnizar solidariamente al Ayuntamiento de Santa Pola con 109.371 euros, de los cuales ya se han abonado 13.022 euros. Los 109.371 euros es la cantidad que el consistorio dejó de ingresar por el alquiler de sus dependencias. 

Por su parte, la hermana del exalcalde y pareja del concejal, Pilar Zaragoza, ha sido condenada a dos años y tres meses de prisión como cómplice de cohecho. Además, la clínica ha sido sancionada con cuatro años de inhabilitación para recibir subvenciones o beneficios fiscales.

El caso se inició tras una denuncia que asumió la Fiscalía Anticorrupción, ya que el Ayuntamiento desistió de ejercer la acusación. Han sido absueltos otros tres acusados: los exediles Loreto Cascales, Francisco Martín, y Antonio Martínez. La sentencia se ha hecho pública más de un año después de concluido el juicio.

Con esta sentencia, quedan al menos otras cuatro pendientes. Del caso uniformes, se juzgaron los contratos referidos al grupo de empresas Riera, que acabó con absolución. Y faltaría saber el deselance del caso del colegio Hispanidad y las balizas de las playas, que siguen en instrucción judicial. El pago de las horas extraordinarias a la Policía Local y el caso de la ONG Icnelia fueran archivadas.