ELCHE. El director adjunto del gabinete de alcaldía, Antonio Luis Martínez-Pujalte —uno de los asesores de más peso en el equipo de gobierno y en el Ayuntamiento—, ha informado este jueves de que Pablo Ruz ya ha formalizado su denuncia ante la Oficina de Protección de datos del Ayuntamiento, y que de ahí se ha trasladado directamente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), tras la revelación de la ubicación de la casa del regidor. Lo cual tuvo lugar en una rueda de prensa ofrecida por la edil socialista Patricia Macià, pero cuya dirección no se publicó oficialmente. De hecho, Martínez-Pujalte ha confirmado que tuvieron conocimiento a través de un periodista "unos minutos después" de finalizar la rueda de prensa. La filtración de la que hablaba este diario para contextualizar los hechos. El asesor califica el hecho de "gravísimo" y ha ofrecido una valoración también como jurista, de la misma, indicando que lo mollar del asunto es que se mencionó la ubicación, dejando en un segundo lugar que no trascendiera a la opinión pública a través de los medios.

Legislación española y europea

En este sentido, señala que este ilícito puede ser tipificado de "muy grave", y adelanta que se habrían infringido varias leyes, no solo de ámbito nacional, sino también europeas. Según Martínez-Pujalte, esta conducta "constituye una flagrante violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), así como del Reglamento de Protección de Datos de la UE (Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo)". Y dice de este que el Artículo 72.1 d "tipifica esta conducta como una infracción muy grave la utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos". Y considera que como cargo público, la edil debería estar sujeta también a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, de la cual considera que este hecho también constituye una "infracción muy grave".

Así, Martínez-Pujalte en referencia al hecho de que ningún medio de comunicación difundiese, así como el PSOE, oficialmente la ubicación, a pesar de que se hubiera mencionado en la rueda de prensa, que el quid para que sea o no constitutivo de delito sería el uso que se haya hecho de esto. "El hecho de que los datos no se hayan publicado en los medios de comunicación no convierte en impune la conducta, ya que la infracción radica en la utilización de los datos, con independencia de la difusión o no". El asesor apunta a que es indistinto el alcance: "La infracción está en la comunicación de esos datos, aunque se hayan comunicado a siete personas". Entiende, no obstante, que el hecho de que no se haya publicado en prensa ni trascendido a la opinión pública servirá en todo caso para ver el alcance de una hipotética condena o sanción pecuniaria. No hay un mínimo, ha explicado, pero en el ámbito de la legislación europea la máxima sería de hasta 10 millones de euros.

Confirma la filtración de un periodista y que se ha pedido a las televisiones la grabación de la comparecencia

Por su parte, y sobre la filtración, como explicó este diario —presente en la rueda de prensa—, Martínez Pujalte ha confirmado que un periodista les informó tras la comparecencia de los socialistas, aunque ha evitado confirmar que están en posesión del audio grabado —lo que es un hecho, ya que informaron al PSOE de que les iban a denunciar utilizando este documento de la comparecencia—, solo que "tenemos constancia". Asimismo, también ha corroborado que este miércoles desde el gobierno se solicitó a varios medios de comunicación, en este caso, el director de Comunicación, junto a un escrito del alcalde, la grabación en bruto de la rueda de prensa.

Lo cual se pidió exclusivamente a las televisiones, las cuales habrían accedido, al menos algunas, según explicaba Martíne-Pujalte, matizando que "no era obligatorio". El objetivo del mismo es la argumentación de la denuncia. Dado que obtuvieron el audio de marras por vía oficiosa, explicaba el asesor que solicitaron las grabaciones para darle un respaldo oficial: "Para que ese conocimiento tenga constancia, digamos, oficial, solicitamos en la tarde de ayer, una carta a los responsables de los medios de comunicación locales, creo que exclusivamente a las televisiones, pidiéndoles la grabación en vídeo y hemos recibido esa grabación. Y las vamos a aportar a la denuncia".

Sobre el hecho público de la licencia

Preguntado también sobre el hecho de que la licencia, como todas las que se presentan, se expongan públicamente en la web municipal, donde se puede comprobar quién es el promotor, así como otros detalles del expediente, el asesor asegura que desconoce si ello es o no público —ahora no, por el ciberataque—, aunque se centraba en que los extractos de los acuerdos de la Junta de Gobierno, donde se enumeran estos expedientes y así se publica, son anonimizados. "Yo por mi actividad (profesor y Catedrático de Derecho en la UMH) puedo publicar las calificaciones de mis alumnos en la página web de la universidad y que los alumnos tengan acceso, pero lo que no puedo hacer es utilizar ese dato fuera de esa finalidad", esgrime.

Sobre cómo puede afectar el audio que filtró el mencionado periodista y con el que el PP hizo saber al secretario general del PSOE, Alejandro Soler, que les iban a denunciar —y que WhatsApp muestra como "reenviado muchas veces"—, a quien lo ha reenviado, ya que también lo tienen miembros del Ejecutivo, Martínez-Pujalte indica que "a quien lo haya difundido". Eso sí, especifica que siempre que se haga sin el consentimiento de la persona afectada. "No sé si alguno de sus alguno de sus compañeros de gobierno o de sus colaboradores más directos lo ha reenviado, pero si lo hace el propio interesado obviamente o se hace con su permiso, puede comunicar sus datos".

Focaliza en las declaraciones de Macià como cargo público y no en la difusión de terceros

Asimismo, a la hora de difundir un audio, cabe destacar la distinción entre una grabación privada o que sea algo público. En el caso de las primeras, también es una infracción la grabación sin el consentimiento de terceros, en este caso, periodistas que estuvieran en la rueda de prensa, cuya voz reconocible también constituye un dato, así como el hecho de que quien lo grabe no participe de dicha conversación. Un punto al que el jurista tampoco tenía clara la situación, aunque le quitaba hierro. "La grabación de una rueda de prensa, es un acontecimiento público, no creo que pueda ser una infracción". Para Martínez-Pujalte la clave es que la Patricia Macià es concejal y cargo público. La cuestión mollar. "Si hay alguien que está especialmente sometido a la ley son los cargos públicos. Si hay alguien que tiene que guardar con escrupulosa fidelidad a los datos personales a los que tiene acceso como consecuencia del ejercicio de su cargo público".

De los plazos de las licencias

Para acabar, el asesor lamenta que la edil no haya pedido disculpas al alcalde, y en su opinión personal, "debería dimitir". Con todo, no ha aclarado si finalmente Ruz interpondrá una querella contra la concejal, como anunció. Y tampoco ha aclarado nada sobre el motivo que ha llegado a este embrollo, cuál es la media oficial que maneja el ayuntamiento para la concesión de licencia de obras. Martínez-Pujalte se limitaba a decir que cada licencia "tiene sus tiempos y sus características", dependiendo de lo que se solicita y si depende de órganos ajenos como Cultura. Con todo, puntualizaba que "este no es mi cometido", al ser del cuerpo asesor y no del Ejecutivo local.

El PSOE pide una comisión de investigación

Por su parte, los socialistas pedían la creación de una comisión especial de investigación sobre licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento. Y centrada especialmente en la "licencia exprés" del regidor.  "Debe ser un ejercicio de transparencia", y ha rechazado las acusaciones y amenazas vertidas por Ruz: "Que deje de amenazar, no nos va a acobardar. El PSOE va a seguir fiscalizando y controlando al equipo de gobierno con seriedad, con informes y con papeles que acrediten lo que decimos", dice el portavoz Héctor Díez.