ELCHE. Al estilo de la película 'No me chilles, que no te veo', el pleno de este mes de febrero volvió a debatir sobre vivienda, o con amago de ello, con el mismo discurso de sesiones pasadas. Cada bloque con su relato. Esta vez a colación de una moción del Partido Popular para adoptar medidas contra la okupación, de la que no se aportó ningún dato sobre su impacto a nivel local. En el otro lado de la bancada, PSOE y Compromís pidiendo de nuevo medidas a nivel municipal, sin que el bipartito entrara en ello, siempre ciñéndose a la okupación y a que son las medidas del Gobierno central las que favorecen este fenómeno. De fondo, un precio del alquiler y la vivienda que cada vez se nota más en la ciudad, en un ejemplo más de la dificultad de accesibilidad a la vivienda en la ciudad.

Batiendo récords de los últimos años de forma progresiva

En este sentido, hace unas semanas, la sociedad de tasación Tinsa mostraba en su informe anual del cuatro trimestre, en base a sus datos de tasación, que el valor del metro cuadrado en Elche para la compra es de 1.323 euros el metro cuadrado, un 4,6% más que el cuatro trimeste de 2023, y un 1,6% más que el tercer trimestre del pasado 2024. En general y por media anual, un 4,7% más del incremento del precio que en 2023. Reflejado en la práctica, a la vista de inmobiliarias, los precios de partida para la venta de pisos de entre 80 y 90 metros cuadrados de segunda mano han subido unos 20.000 euros respecto a hace dos años. De unos precios de entre 80 y 90.000 euros, a más de 100.000, y cada vez con menor oferta, mientras que quien busca una vivienda para uso residencial tiene que competir con fondos e inversores que buscan sumarse a la rentable fiebre inmobiliaria. 

Una subida importante en materia de compraventa, teniendo en cuenta que a pesar de los buenos niveles económicos y de empleo que vive la ciudad, su renta media sigue siendo de las más bajas de la provincia. Y siendo una subida importante, queda lejos del precio del alquiler. Con precios de alquiler de hasta entre 700 y 800 euros en barrios trabajadores, y según el portal que se mire, con subidas más o menos relevantes. En el caso de Idealista, hablaba en enero de una subida del 14% en el último año. Otra cifra récord. Como planteaba otro informe de Tinsa de mediados de 2024, Elche ya estaba cerca de superar una tasa de esfuerzo 'razonable' para adquirir una primera vivienda. 

Culpa a la gestión del Gobierno

Con este contexto, el PP presentaba la mencionada moción por la okupación, con un "incremento del precio de la vivienda un 22% desde que llegó Pedro Sánchez, y un 40% en Elche", señalaba el edil Claudio Guilabert, anotando que en España hay "80.000 viviendas ocupadas, y 25.000 inquiocupadas", agregando que "se protege más al okupa que al propietario" y achacando al PSOE que tiene bloqueado a nivel nacional una propuesta para "echar al okupa en 24 horas a la calle". Quieren abrir una oficina sobre el asunto y llegar a acuerdos con las empresas para evitar enganches ilegales. Y achacaba al bipartito de PSOE y Compromís que ya hubo incrementos importantes durante su gobierno y no hicieron nada. Con un precio del metro cuadrado de 900 euros en 2019 y 1.300 euros a su salida.

Desde Compromís les critican que hay unos mil pisos vacíos en la ciudad en manos de grandes tenedores. "No hacen nada para que salgan al mercado y han paralizado todas las propuestas que aquí les hemos traído", decía Esther Díez en referencia a que PP y Vox han rechazado declarar la zona tensionada para controlar los precios del alquiler o que "su Ayuntamiento ha tenido 651 intervenciones para evitar que echen a la gente de su casa, hay un problema de acceso a la vivienda pero ustedes no quieren saber nada de ninguna medida". También desde el PSOE iban en esa sintonía. "Parecemos un disco rayado", decía Héctor Díez, recordando que ya han propuesto en anteriores plenos aumentar líneas de ayudas al alquiler, más para la rehabilitación de viviendas o revisar las del IBI para que entre más gente.

"Más protección al okupa"

Los socios del PP, Vox, también utilizan el mismo relato, y consideran que "en España se protege más al delincuente que al propietario". Señalan que el "gran enemigo" es el Gobierno porque les impide actuar y que en Elche se han encontrado una "red de okupación muy bien asesorada", decía Samuel Ruiz, y que "hay mucha gente que depende de las rentas de su segunda vivienda alquilada en barrios humildes". En cualquier caso, sin aterrizar con datos o informes cuál es la situación local y el alcance del problema. Como ya hizo Ciudadanos en el pasado, estas mociones antiokupa nunca han estado acompañadas de datos ni cuál es la fotografía de la ciudad. A día de hoy, lo que se conoce y se ha aireado desde la administración local son varios casos concretos en San Antón que ya se han desalojado o resuelto por la vía judicial, y otros casos sin determinar en Los Palmerales en viviendas de propiedad autonómica.

Pelea por las medidas de vivienda

Ruiz de Vox, achacaba a Guilabert, del PP, que lleven una moción que les han mandado de Madrid, cuando ellos ya llevaron una similar al pleno ilicitano hace unos meses, ya aprobada. Guilabert volvía a la carga con el Estado, que se condena a la gente joven "a no poder emanciparse hasta los 38 o 39" y que la izquierda defiende "medidas intervencionistas que van contra la propiedad privada", acusando a PSOE y Compromís de no haber construido nada de vivienda pública en su mandato.

Sobre esto, respondía Héctor Díez que en los últimos años, a nivel local se han construido las 284 viviendas en San Antón, se consiguieron lso 10 millones de euros de fondos europeos para Porfirio Pascual, se impulsaron las ayudas al IBI y se dejaron las promociones de alquiler proyectadas, la de Pimesa y la autonómica con nuevo bloque en Los Palmerales. Si bien, le recordaban desde el PP, nunca se llegó a apostar por una línea de ayudas de envergadura para el alquiler. A día de hoy, 150.000 euros, pero enfocadas a población en situación vulnerable. Actualmente, la apuesta de PP y Vox es la de la construcción de 200 pisos de obra pública para arrendamiento joven, aunque aún tardará en llegar. Este año solo hay presupuestado trámites previos desde Pimesa. También mantiene los 700.000 euros del año pasado para rehabilitación de viviendas y aumentó las subvenciones para el IBI a 1,2 millones. En cuanto al debate, finalmente y a pesar de los encontronazos, PP, Vox y PSOE votaron a favor de la moción antiokupa, con el voto en contra solo de Compromís.