ALICANTE. Nuevo embrollo a la vista en relación al futuro de los terrenos liberados por las vías de Renfe tras las obras de la llegada del AVE. El acuerdo que debía actuar como acicate para la modernización de la escena urbana de Alicante ha acabado convirtiéndose (también) en motivo de disputa entre partidos a las puertas de las tres citas electorales previstas para esta primavera: las generales y autonómicas del 28 de abril y las municipales del 26 de mayo.
El detonante de la polémica llegó en el Consejo de Ministros de este viernes, cuando el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez (PSOE) aprobó la adenda al convenio suscrito en 2003 entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante por el que se daba impulso al soterramiento de las vías para permitir la llegada del AVE. Se da la circunstancia de que ese acuerdo se aprobó justo un día antes de que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección protagonice un acto político en la Universidad de Alicante (UA), junto al jefe del Consell y aspirante a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig.
El equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante no tardó en reaccionar a dicho acuerdo: convocó una rueda de prensa con carácter urgente para expresar su rechazo a dicha adenda. Según avanzó el alcalde, Luis Barcala, el Ayuntamiento no firmará ese acuerdo (al menos, no mientras él ejerza el cargo y no se cambien sus condiciones) porque no asigna fondos concretos para la ejecución de infraestructuras pendientes como la construcción de la estación intermodal o el desarrollo del llamado parque central.
Máxime si se tiene en cuenta el "agravio comparativo que supone" que el Gobierno central sí acaba de comprometer 2.100 millones de euros en un convenio similar en relación al soterramiento de las vías de la ciudad de València. Así, anunció la apertura de un proceso de negociación con el Ministerio de Fomento "sin hechos consumados" para la inclusión de esas infraestructuras históricas pendientes e imprescindibles para la ciudad, como el parque central o incluso la variante de Torrellano. Y que se contemplen con inversiones concretas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado: "Seguimos sin entender por qué nosotros tenemos que generar plusvalías para financiar nuestras infraestructuras que otros reciben financiadas al 100% desde el Estado", dijo. "Eso formaba parte de la negociación desde el mandato pasado y nosotros seguimos en esa negociación: el problema es que ahí estábamos hablando de cómo pagar unas infraestructuras que se iban a hacer, pero es que ahora estamos hablando de unas infraestructuras que no se piensan hacer, y se ha hecho con nocturnidad y alevosía", apuntó.
Según Barcala, el convenio aprobado este viernes "modifica el borrador que ya se tenía en el Ayuntamiento y lo modifica en un sentido muy drástico: en primer lugar, suprime directamente las infraestructuras y, en segundo lugar, lo que dice es que de ejecutarse alguna se retomaría en su momento cuando se dote económicamente y dependiendo de las prioridades". "No estoy afirmando que a este punto hayamos llegado por una mala negociación previa; es que de repente se han cambiado las reglas del juego drásticamente: nosotros podemos negociar cómo se financia todo eso y podemos establecer si nos parece que tienen que ser en mayor o menor medida plusvalías generadas por los propios terrenos las que tienen que pagar o en todo o en parte. Todo eso es negociable, pero hay una cuestión que no lo es, que es la ejecución, que el Estado asume la ejecución de infraestructuras que no solo afectan a la estación intermodal, sino que son puramente estratégicas para la ciudad a futuro, como es todo el frente de vías de San Gabriel o la ejecución de la variante de Torrellano", insistió.
Pero, ¿en qué consiste dicha adenda aprobada por el Consejo de Ministros? A prori, como ha informado Alicante Plaza, trata de garantizar la viabilidad de la sociedad Avant (la entidad pública participada por Gobierno Central, Generalitat y Ayuntamiento) para impulsar el desarrollo urbanístico del suelo ferroviario con un plan de actuaciones hasta 2029.
Barcala sostiene que el convenio aprobado no es el que se había negociado en julio de 2017: "Se han cambiado las reglas del juego drásticamente"
En concreto, con ese acuerdo se modifica el convenio de 7 de mayo de 2003 para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante y se aporta 50.678.974 euros "para cumplir con los compromisos" pactados en julio de 2017 entre los tres socios de Avant para cubrir la deuda pendiente por la ejecución de las obras del AVE hasta Alicante.
El propio Ministerio de Fomento subrayó a través de un comunicado que "la suscripción de esta adenda es fruto de los acuerdos alcanzados el 20 de julio de 2017 por los organismos que integran la sociedad, para adaptar el convenio a la situación actual y seguir avanzando en las actuaciones pendientes". Dicho acuerdo, del que dio cuenta este diario, se negoció durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), con la participación de Juan Bravo como presidente de Adif (nombrado, igualmente, por el PP).
