ELCHE. La Junta de Gobierno de este viernes ha aprobado por unanimidad de los asistentes con voto, elevar a la conselleria de Calidad Democrática la propuesta de descatalogar las 123 calles de Carrús que menciona el catálogo autonómico. La portavoz de Compromís, Esther Díez, que es teniente de alcalde, no ha estado presente al encontrarse fuera, pero su compañero de filas Felip Sànchez, que tan solo tiene voz en el órgano, ha planteado su posición de eliminar esas calles de forma progresiva. Por su parte, el PP ha planteado este viernes al alcalde que pida disculpas por llamar "franquistas" a las 123 personas que dan nombre al callejero de Carrús, ya que hay un informe municipal de 2021 que se elaboró ante el requerimiento de la conselleria. Presentarán una moción al respecto.
Por partes, el PSOE defiende que no se toque, tanto por el "trastorno social y postal" que supondría eliminar esas calles en el plazo de un mes, como porque entienden que las calles no inspiran una exaltación de la dictadura ni el régimen. El portavoz de la Junta Héctor Díez calificaba de "perjuicio terrible" la asunción de esta resolución, y recuerda que el Ayuntamiento tiene "autonomía municipal" para el callejero, por lo que entiende que la Generlaitat no podría cambiar de oficio dichas calles. Opina que "en la conselleria no son conscientes" de lo que supondría la decisión, y cree que "ni siquiera se entra en el fondo de la cuestión, de entrar en un número tan grande de calles y si son personas afectas al régimen o no". Compromís entiende que no son grandes nombres de generales ni altos responsables, pero sí podrían ser personalidades del ámbito local que entienden que hay que democratizar.
El PP presentará una enmienda para la retirada "inmediata"
Y por parte del PP, el portavoz Claudio Guilabert y la concejal del grupo municipal, Inmaculada Mora, han calificado el informe que remitió el Ayuntamiento "como el listado de la infamia y la vergüenza". Sin embargo, le atribuyen la responsabilidad al primer edil, aunque es un informe firmado por el arqueólogo municipal y un arquitecto municipal, tras un requerimiento de la conselleria de Calidad Democrática en abril de 2021, donde se preguntaba si había vestigios del régimen, para incluirlos en el mencionado catálogo.
