ALICANTE. Por mucho que se hablase tangencialmente de historia, a colación de otra de las propuestas marca Vox para conmemorar el 4 de diciembre como "Día de la Reconquista de Alicante", el pleno del Ayuntamiento de Alicante correspondiente al mes de diciembre tampoco trascenderá a los anales por la relevancia de los acuerdos alcanzados. En primer término, porque solo se aprobó una resolución como iniciativa promovida por el equipo de gobierno -la primera ordenanza reguladora de las Fiestas tradicionales- que tuviese cierto calado tanto por su necesidad, como por la vocación conciliadora con la que se ha defendido respecto al uso del espacio público (sobre la que, ahora, se deberá demostrar eficacia en su cumplimiento).
El resto de la sesión, se centró en el planteamiento de preguntas por parte de los grupos de la oposición (ninguna sobre algún asunto que no se hubiese tratado ya con anterioridad, como el cese anual de los trabajadores de Acción Social) en cuya respuesta ya se comenzó a atisbar el clima de enfrentamiento por el que se caracterizaría el debate posterior, a cuenta de las declaraciones institucionales: las propuestas de contenido político sin más eficacia ejecutiva que la de instar al propio Ayuntamiento o a otras administraciones a tener en cuenta el posicionamiento del pleno.
Lo cierto es que en ese apartado del orden del día tampoco se plantearon asuntos merecedores de quedar en el recuerdo, ya fuese por tener un interés constatable e indudable para la ciudad, o por ser la primera ocasión en la que se trajesen a colación, sin haberlo hecho ya en varias ocasiones precedentes. Entre ellas, figuró uno de los asuntos ya clásicos para el bipartito (PP y Cs) y Vox, el del debate lingüístico, que se ha planteado con anterioridad mediante propuestas canalizadas en múltiples formas (incluida la reprobación del conseller de Cultura, Vicent Marzà).
La cuestión es que, además, lejos de abordarse a través de una única iniciativa, este miércoles, el tema se trató a partir de dos propuestas distintas con sus correspondientes cruces de intervenciones. La primera de esas declaraciones fue para rechazar la "imposición lingüística del valenciano en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Alicante". Y la segunda, para condenar y rechazar "la campaña de acoso dirigida contra un menor de cinco años y su familia en Canet de Mar", en Cataluña, que reivindica que la educación de su hijo se imparta en castellano.
Para más inri, esta segunda declaración se debatió tras presentarse al término de la sesión como asunto de urgencia (solo el PSOE votó en contra de que fuese admitida), incluso después de que el secretario municipal apuntase -tras la protesta elevada por el portavoz de Compromís, Natxo Bellido- que la iniciativa de PP y Cs únicamente podría admitirse si se retiraban dos de los cuatro puntos de su articulado, puesto que planteaban cuestiones que no tenían vinculación con la ciudad de Alicante (y, por tanto, incumplían uno de los requisitos recogido en el Reglamento Orgánico del Pleno).
En todo caso, como era previsible, las dos propuestas se debatieron y se aprobaron con los 16 votos que suman las tres fuerzas del centro derecha, sin que se tuviesen en cuenta las argumentaciones de los tres grupos que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) sobre la falsedad en la que, a su juicio, se fundamentaban las acusaciones de dicha imposición en la política educativa desplegada por la Generalitat. Así que, en realidad, la única novedad al respecto fue el respaldo sin matices conferido en esta ocasión por parte de los cinco regidores de Cs, que -en el pasado- se habían desmarcado de PP y Vox en otras iniciativas similares relacionadas con el valenciano. Esta vez, fue el edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), quien trató de justificar el posicionamiento de su partido con el argumento de que, desde la Generalitat, se estaba tratando de "generar conflicto donde hay normalidad".
