Alicante aprueba la primera ordenanza de las fiestas para regular su desarrollo

ALICANTE. Fumata blanca en la ordenanza reguladora de las Fiestas de Alicante. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles, en la sesión correspondiente al mes de diciembre, el primer texto normativo que plasma las disposiciones sobre las que se ha de regir el desarrollo de las celebraciones tradicionales de la ciudad: Fogueres, Semana Santa, Moros y Cristianos, la Romería de Santa Faz y las fiestas tradicionales de los barrios. Entre otros puntos, la ordenanza detalla las fechas de cada uno de los festejos, sus horarios de desarrollo y la regulación de aspectos vinculados a la ocupación del espacio público de modo que se favorezca la convivencia vecinal.

La propuesta ha quedado refrendada de forma definitiva (ya fue aprobada de forma inicial en julio) con el respaldo del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), de PSOE, de Compromís y de Vox. Por su parte, el grupo municipal de Unides Podem EU se ha decantado por la abstención. Entre otros motivos, según ha explicado su edil Vanessa Romero, por el hecho de que "no se hayan incluido medidas que garanticen que no se va a producir un trato inadecuado a los animales" que puedan participar en los distintos actos festivos.

El edil de Fiestas, Manuel Jiménez (PP), que ha sido el encargado de defender la ordenanza, ha respondido a Unides Podem EU que "desde el principio" la confluencia habría sido "la nota discordante, al no haber entendido que se trataba de ordenar la celebración de todos los actos festivos", sin añadir ninguna precisión adicional más respecto a la crítica señalada por Romero. En todo caso, lo cierto es que tanto el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, como el edil del PSOE, Manuel Marín, han destacado la exhaustividad de la norma y han agradecido la predisposición del equipo de gobierno a negociar y a dialogar para incorporar aportaciones de los grupos de la oposición.

¿Qué medidas concretas incluye la ordenanza? Como ha explicado Jiménez, la normativa "era necesaria para armonizar la responsabilidad que asume el Ayuntamiento de contribuir al impulso, promoción y reconocimiento de las fiestas populares con la obligación de velar por su desarrollo atendiendo a la seguridad general, la convivencia vecinal y el respeto al entorno para garantizar la realización racional de los actos. Esto contribuirá a afianzar las fiestas como un factor determinante para el crecimiento cultural, la cohesión social y la riqueza económica de la ciudad", ha explicado.

Fuentes municipales han precisado, además, que "la Ordenanza de Fiestas consta de 85 artículos distribuidos en seis Títulos. El primero abarca define el objeto y la aplicación de la norma, su ámbito de aplicación, y la conciliación con los derechos vecinales. En este punto regula tanto los horarios como los límites de ruido".

De igual modo, "la organización de las distintas fiestas populares queda reflejada en los dos capítulos del Título II, referidos a la tramitación de los actos festivos y a las diferencias existentes entre entidades festeras individuales y colectivas". "El Título III aborda la regulación de los actos festivos promovidos por terceras personas, en cuanto a las fórmulas de inspección y control de la Administración. Especialmente, en materia de seguridad pública y de la protección de las personas y bienes. En concreto, la tramitación de las autorizaciones cuando los actos se desarrollen en la vía pública, en espacios abiertos de titularidad no municipal", añaden las mismas fuentes.

La ordenanza "también incide en la instalación y funcionamiento de los establecimientos públicos que, con motivo de las fiestas populares, se sitúan en espacios abiertos del término municipal". Además, "se detiene en actos de carácter itinerante -pasacalles, cabalgatas, desfiles o procesiones-, la regulación de la venta no sedentaria, el uso de artificios pirotécnicos, el adorno de calles, la regulación de las atracciones feriales y una regulación integral de la plantà y cremà de las Hogueras". 

"La regulación de los espacios de la Casa de la Festa queda reflejada en el Título IV. Es en el V donde se advierte del Régimen de responsabilidades y sanciones. Distingue expresamente entre el proceso para la reparación y la reposición de la vía pública a su estado original, y el procedimiento sancionador tipificando las sanciones en leves, graves y muy graves", según las mismas fuentes. Y, por último, "es el título VI el que regula la acción que la Concejalía de Fiestas dirige al fomento del sostenimiento, desarrollo y promoción del tejido asociativo festero de Alicante canalizado mediante las ayudas económicas. En este punto quedan reflejadas las premisas para la obtención de subvenciones, los procedimientos y las especialidades".

Por otra parte, en la sesión también se ha aprobado la compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada para tres trabajadores municipales y dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos relacionados con dos pagos no presupuestados motivados por una última certificación en la ejecución de las obras de recuperación arquitectónica y accesibilidad en el Castillo de San Fernando, por 93.406 euros, y por gastos del servicio de comunicaciones postales, por 29.300. Se trata de dos acuerdos ya avalados en la comisión de Hacienda, con los informes de advertencia emitidos por el interventor municipal sobre la necesidad de que exista una mayor coordinación entre las áreas que gestionan los contratos y el departamento de Contratación para evitar que se produzcan trabajos no presupuestados.

Esos informes han sido los que han propiciado que los grupos políticos de Compromís y Unides Podem se hayan ratificado en la abstención por la que se decantaron en la comisión en lo que respecta a la autorización de los pagos por las obras ejecutadas en el Castillo de San Fernando, pese a que el edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), ha explicado que ese último pago derivó del hallazgo sobrevenido de los vestigios de las antiguas cañoneras de la fortaleza y que se debía de atender el coste de ejecución de los trabajos adicionales que ello supuso.

Además, durante el desarrollo del pleno se ha dado cuenta de los dos informes de conclusiones alcanzados en la comisión de fiscalización sobre la contrata de mantenimiento de zonas verdes, aprobados con los votos del equipo de gobierno y de Vox, en los que se rechaza la existencia de irregularidades, como ya ha informado este diario.

Ya en el turno de ruegos y preguntas, el edil de Movilidad, José Ramón González (PP), ha explicado, en respuesta a una pregunta formulada por el edil del PSOE, Miguel Millana, cuál es el estado de desarrollo del proyecto de implantación de las cámaras inteligentes de 'Alicante Se Mueve'. En esta línea, González ha señalado que su plazo de finalización concluye en diciembre de 2023, aunque ha asegurado que está prácticamente ejecutado en su totalidad y que quedará completado con antelación. González ha admitido que la iniciativa fue promovida durante la etapa de gobierno del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), aunque ha subrayado que no fue hasta 2019 cuando se pudo poner en marcha.

En segundo término, la edil de Hacienda, Lidia López (PP), ha respondido a la pregunta formulada por el edil socialista Raúl Ruiz sobre la aplicación de bonificaciones en el IBI y el ICIO por el autoconsumo energético fotovoltaico para precisar que, tras la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de ambos impuestos, se están tramitando cerca de un centenar de expedientes al respecto.

El edil de Seguridad y Cementerio, José Ramón González (PP), también ha contestado a la pregunta formulada por el edil de Compromís, Rafa Mas, sobre el desarrollo de "actos de exaltación franquista" con motivo del 20N en el cementerio de Alicante, en el que, según ha indicado, también se produjo el acceso a la capilla municipal. González ha asegurado que "la respuesta podía facilitarla el PSOE", puesto que el desarrollo de ese acto, con marcha incluida, contó con autorización de la Subdelegación del Gobierno. Además, ha añadido que el uso de la capilla "puede ser solicitado por cualquier ciudadano sin que se le pregunte su ideología".

Acto seguido, Mas también ha cuestionado al equipo de gobierno sobre el abono de la paga covid "prometida a los funcionarios que estuvieron en primera línea de trabajo durante los primeros meses de la pandemia". González, que también asume la Concejalía de Recursos Humanos, ha señalado que ni el equipo de gobierno ni el alcalde, Luis Barcala, "jamás han prometido una paga covid" y ha acusado a Mas de "mentir de forma descarada".

Mas ha interrogado también sobre el cese de los trabajadores sociales a 31 de diciembre, pese a que estén en vigor las subvenciones autonómicas reguladas a través del contrato programa firmado con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, tras insistir en que el de Alicante es el único ayuntamiento que procede de ese modo. No obstante, la edil de Acción Social, Julia Llopis (PP), ha negado la mayor y ha insistido en que el procedimiento habitual es el mismo en todos los ayuntamientos en la medida en que se firman contratos con una duración de un año. Así, ha asegurado que ella solo se comprometió a garantizar "estabilidad estructural" en el funcionamiento de Acción Social, no que "nadie fuese a convertirse en personal fijo", ha explicado. Además, ha incidido en que con este sistema, el Ayuntamiento y la Concejalía de Acción Social "se convierte en una gestoría administrativa de la conselleria" en la que se tienen que asumir hasta 13.000 euros en costes por cada trabajador.

En lo que concierne a las preguntas formuladas por Vox, el edil de Infraestructuras, González ha explicado que ya se ha finalizado el estudio y valoración para la adecuación del camino de La Alcoraya entre el cementerio de Alicante y la fábrica de cemento de San Vicente, en el que se concluye que no resulta viable la ejecución de las modificaciones planteadas puesto que persiste la instalación de la cinta transportadora propiedad de Cemex y que, además, los terrenos afectados son de propiedad privada. En todo caso, ha señalado que ya se han llevado algunas actuaciones de mejora.

El edil de Vox, José Bonet, también ha cuestionado sobre la existencia de problemas de limpieza, insalubridad y acampadas ilegales en el barrio de Gran Vía Sur. El edil de Limpieza, Manuel Villar (PP), ha señalado que existen problemas que se están tratando con actuaciones como el proyecto 'Alicante corazón verde' para evitar vertidos como consecuencia de los episodios de lluvias intensas. Además, ha incidido en que se lleva a cabo tareas de limpieza con regularidad y ha insistido en que también se ejecutan campañas de prevención de plagas. Y, por último, ha apuntado que ya se ha aprobado de manera inicial la ordenanza de convivencia cívica para evitar los asentamientos ilegales.

El portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, por su parte, ha cuestionado al edil de Cultura, Antonio Manresa, por el retraso en la licitación de los trabajos de exhumación de víctimas de represaliados de la Guerra Civil en el cementerio de Alicante, tras la concesión de una subvención de más de 200.000 euros "que corremos el riesgo de perder". Manresa ha apuntado que "no se ha ejecutado por un error de la propia Generalitat, puesto que la convocatoria se sacó con un error", ha explicado. "No se podía hacer con un contrato de adjudicación directa y por eso se rectificó; como esa modificación se hizo tarde, no se ha podido licitar", ha explicado. Con todo, ha señalado que "el año que viene se pondrá en funcionamiento esa subvención, aunque el retraso no ha sido por causa de la concejalía". "Tenemos el compromiso de Memoria Democrática de que esa subvención se mantendrá en 2022 para poder llevar a cabo esas exhumaciones", ha añadido.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha preguntado sobre el contrato suscrito por la Concejalía de Juventud con la empresa Somriure Produccions para la realización de vídeos de difusión de sus actividades, después de que se haya resuelto el contrato que mantenía con la Concejalía de Cultura por "incapacidad" de ejecución de su objeto. La edil de Juventud, María Conejero, ha explicado que el contrato con su departamento era solo por la publicación de vídeos y que "hasta la fecha, la empresa está cumpliendo".

Bellido también ha preguntado a la edil de Acción Social, Julia Llopis, sobre si su departamento ha emitido algún informe relacionado con la tramitación de la ordenanza de convivencia cívica, toda vez que "sí hemos conocido el emitido por la Concejalía de Igualdad", según ha apuntado. Además, ha incidido en que el Ayuntamiento de San Vicente "acaba de aprobar su propia propuesta de ordenanza sin incluir las sanciones que se recogen en el texto de Alicante", ha señalado.

La respuesta ha llegado por parte del alcalde, Luis Barcala, quien ha recriminado a Bellido que pregunte sobre "el contenido de un expediente ya tramitado que ustedes tendrían la obligación de conocer". Además, ha insistido en que se aplicarán las sanciones previstas en esa ordenanza "para quienes se dedican a explotar a menores", por ejemplo, "cosa que no se ha podido hacer hasta ahora porque ustedes derogaron la ordenanza previa". "Pueden movilizar a quien quieran o traer este asunto tantas veces como deseen, pero la ordenanza de convivencia es un compromiso electoral que se va a cumplir", ha enfatizado.